Desde Santa Fe

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación homologa el acuerdo que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti firmaron el miércoles para que el gobierno nacional devuelva a Santa Fe 151.800 millones de pesos –por el juicio que la provincia le ganó en noviembre de 2015- el trato será “cosa juzgada”. Lo dijo ayer el secretario de Justicia Gabriel Somaglia en un retruque a las chicanas del bloque opositor, al que acusó de convertir un “hecho histórico que era para celebrar” en una “política mezquina” y un “típico juego que busca el descrédito” del gobierno de Perotti. “Este acuerdo está sujeto a la aprobación de la Corte, que debe hacer un control de legalidad y congruencia”. El fiscal de Estado Rubén Weder lo presentará hoy en el Palacio de Justicia. Y si la Corte lo homologa, el convenio será “cosa juzgada, irrevisable y se comienza a ejecutar”, explicó.

Somaglia respondió ayer el operativo político de radicales, macristas y socialistas que comenzó el mismo miércoles a la mañana con un desplante en la Casa Gris. Los jefes de los bloques legislativos habían sido invitados para que Somaglia y Weder informen sobre el acuerdo que a la tarde Perotti y el presidente firmaron en la Casa Rosada. Pero la convocatoria fracasó, al encuentro sólo asistieron cinco legisladores. La única de la oposición era la diputada Agustina Donnet (Igualad) y los otros cuatros sus colegas del PJ. “Lo coherente, digno y razonable es que hubiesen estado presentes para escuchar las razones y la legitimidad del Poder Ejecutivo para cerrar esta historia”, reprochó el secretario de Justicia.

El operativo opositor siguió ayer en la Facultad de Derecho con una foto que convocó a los partidos del Frente Progresista, la UCR y Juntos por el Cambio, sin diferencias. Entre las frases más altisonantes se escuchó decir que Perotti al firmar el acuerdo con el presidente había “entregado a la provincia”.

Ante el faltazo general del miércoles en la Casa Gris y la foto anti de ayer, Somaglia interpretó hechos como “un juego típico de buscar un descrédito político del gobierno de Perotti. Porque nos tocó a nosotros cerrar el acuerdo”. Santa Fe ganó el juicio en noviembre de 2015, pero durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el ex gobernador Miguel Lifschiz nunca ejecutó la sentencia, a pesar de que estaba firme.

El acuerdo de la Casa Rosada “es un hecho para celebrar porque se trata de un crédito de la provincia que fue defendido por los gobernadores anteriores”, recordó Somaglia. “No me olvido de Jorge Obeid que inició el reclamo administrativo ante la Nación” y garantizó el crédito de Santa Fe. Y luego la demanda judicial que inició Hermes Binner, quien defendió los intereses de la provincia en una audiencia pública acompañado por dirigentes de todo el arco político, entre ellos Perotti que entonces era intendente de Rafaela.

Somaglia pasó la factura a los jefes de bloques legislativos que no concurrieron a escuchar su informe y el de Weder sobre el acuerdo con la Nación por la deuda histórica. “Lo coherente, digno, razonable, era que hubiesen estado presentes para conocer las razones y la legitimidad del Poder Ejecutivo para cerrar esta historia. Y al encuentro que tuvieron en la Facultad de Derecho hubieran podido llevar los elementos de juicio que necesitaban. Por lo tanto, lo de ayer en la Facultad es “más política mezquina que otra cosa”.

-¿Por qué el gobierno dice que el acuerdo no tiene que pasar por la Legislatura? –le preguntó un periodista de LT9.

-El Poder Ejecutivo tiene atribuciones suficientes para suscribir aquellos acuerdos donde la provincia es acreedora. Acá la provincia no es deudora. Es acreedora. Hay algunos que pretenden confundir la letra de la Constitución de Santa Fe. La provincia es acreedora y por lo tanto el gobernador tiene las atribuciones constitucionales para acordar el cobro -respondió.

El acuerdo se firmó en el marco de un juicio. “Por lo tanto, las reglas son las de cualquier proceso judicial y la representación de la provincia para arreglar los créditos la tiene el Poder Ejecutivo, como ocurre en cualquier juicio”. “La sentencia de la Corte no dice que la Nación debe pagar en efectivo”. Y el plazo de 120 días para cumplirla comenzaron a correr cuando la liquidación quedó determinada y eso sucedió en diciembre de 2021, así que los 120 días recién se cumplen la semana próxima”, concluyó.