Eduardo Salvador Ullúa, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, dejó en las últimas horas la Unidad 34 de Campo de Mayo para volver a su casa de Cardales. Lo hizo después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata –integrado por los jueces Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori– ordenara excarcelarlo siguiendo los lineamientos que estableció días atrás la Sala II de la Cámara Federal de Casación –que viene siendo especialmente receptiva a los pedidos de los represores.

Ullúa tiene un historial delictivo de largo alcance. Tanto que en 1988 fue detenido por tráfico de estupefacientes. En ese momento, estuvo once años preso y salió. Después de nueve años prófugo, en 2017 lo volvieron a detener: esta vez por los crímenes que había cometido como integrante de la CNU de Mar del Plata.

Entre 2019 y 2020, Ullúa fue juzgado en Mar del Plata por el TOF integrado por Toselli, Méndez Signori y Daniel Obligado. Los jueces lo condenaron a prisión perpetua. Entendieron que formaba parte de la CNU, que operó, al menos, desde noviembre de 1974 en la ciudad balnearia pero también en La Plata y Bahía Blanca y que fue una organización delictiva que funcionaba con un objetivo: eliminar a quienes sus miembros percibían como opositores.

Ullúa fue detenido como parte del grupo que asesinó en 1971 a Silvia Filler –una estudiante de 19 años– en la Universidad de Mar del Plata. Sin embargo, con un sobreseimiento provisorio, consiguió rápidamente trabajo en la fiscalía federal de Gustavo Demarchi –otro de los integrantes de ese grupo paraestatal. También fue convocado por el interventor del Partido Justicialista local para conformar una comisión contra la infiltración marxista. Tarea similar tuvo como parte del grupo de seguridad de la Universidad de Mar del Plata.

En el juicio, fue condenado por los asesinatos cometidos en la noche del “5x1”--cuando la CNU salió de cacería tras la muerte de su líder Ernesto Piantoni en marzo de 1975. En ese momento, asesinaron a tres integrantes de la familia Videla –Jorge Enrique, Jorge Lisandro y Guillermo –, a Enrique Elizagaray y a Bernardo Goldemberg. También le atribuyeron responsabilidad en los homicidios de Daniel Gasparri, Jorge Alberto Stoppani y María del Carmen Maggi.

La defensa de Ullúa pidió su libertad condicional, diciendo que llevaba más de 20 años detenido –si se contaba la detención por narcotráfico y se le aplicaba la ley del 2x1. El 4 de abril, el TOF de Mar del Plata rechazó el planteo del exintegrante de la CNU, pero fue a la Cámara de Casación. Allí, la Sala II –con los votos de Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma– anuló la decisión del TOF y ordenó dictar una nueva resolución.

En el Ministerio Público Fiscal estaban evaluando recurrir la decisión que excarceló a Ullúa.