El proyecto de Ley integral de respuesta al VIH luego un largo recorrido parlamentario logró finalmente su aprobación tras 8 años con un solo voto en contra del senador Humberto Schiavoni, jefe del bloque PRO.
A diferencia de la Ley Nº 23.798 Nacional de Sida, esta nueva normativa cambia de manera significativa la perspectiva en el abordaje biomédico y social a personas con estas patologías. Se produce un cambio de paradigma en la que no solo se apunta a la prevención, detección temprana, e incorporación en el sistema de salud sino que fundamentalmente se combate la discriminación en el ámbito laboral generando condiciones de mayor igualdad y de acceso a seguridad social y previsional.
Jubilación anticipada
Uno de los puntos más discutidos alrededor de esta ley fue el acceso a la jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de aportes y al menos 10 como persona positiva; junto a una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo para los mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. La creación de estos dos nuevos regímenes de seguridad social además ponen sobre la mesa el debate sobre el acceso al trabajo de las personas que conviven con el virus. Así como también la derogación de los testeos en los exámenes preocupacionales.
Jose Maria Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), histórico activista por los derechos de las personas positivas y uno de los redactores de la Ley asegura que “es una respuesta de contención y de protección social para que las personas con VIH que tienen que tomarse la medicación todos los días tengan al menos algo en el estómago”.
“La ley crea una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis y tuberculosis que es interministerial, es decir, tiene representantes de todos los ministerios e intersectorial, integrada por organizaciones y personas afectadas por estas patologías” cuenta José María. “Esta comisión tiene la función de diseñar las políticas públicas de respuesta a estas patologías y de monitorearlas, es maravilloso, las políticas públicas van a emanar del estado en trabajo conjunto con la sociedad civil”
Otro órgano sustancial que incorpora la ley es el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. Así como también sancionar cualquier incumplimiento de la ley y fomentar las buenas prácticas, la inclusión y el correcto desarrollo en diferentes ámbitos
La fiesta en la plaza
Como cada vez que se conquistan derechos, las plazas se pueblan de festejos, abrazos y de la dignidad y orgullo que genera que las necesidades sean derechos. La Plaza de los dos Congresos estuvo encendida entre DJs, performances, e instalaciones con diferentes organizaciones acompañando la votación que recién llegó a las 22.30 del jueves 30 de junio. La lectura del documento fue un momento central en donde se cristalizó el reconocimiento a todas las organizaciones que hace más de 30 años luchan por una respuesta estatal que permita una vida digna.
“Se contempla la desigualdad socioeconómica, esta ley propone soluciones efectivas ante la discriminación en todos sus ámbitos, pero por sobre todo el laboral. Estos derechos se traducirán en una mejor calidad de vida, en menos pobreza, en menos discriminación, en menos criminalización, en menos muerte, no solo para quienes tenemos VIH o Hepatitis, sino para todas las personas que habiten el suelo argentino”, se leyó en el documento central.
Hoy en día en Argentina 1 de cada 5 personas que tiene VIH, no lo sabe. Se diagnostican aproximadamente 4500 casos por año. Mueren un promedio de 13 personas por día no solo por falta de acceso a la salud, sino también desidia producto de la estigmatización y la falta de información.
