El crecimiento de consumidores y cultivadores de cannabis para uso medicinal en los últimos años planteó la necesidad de regulación de este mercado. En Argentina, desde 2017, está vigente la ley 27.350 referida a la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. En 2020, un decreto amplió los alcances de esta ley para promover un acceso oportuno, seguro e inclusivo a aquellas personas que lo requieren con fines terapéuticos.

En mayo de este año se promulgó la ley 27.669, que apunta a la regulación del cannabis medicinal a nivel industrial en la cadena productiva. La misma contempla la importación, exportación, cultivo, producción y la creación de un organismo regulador. Si bien esta norma complementa a la anterior, aún no fue reglamentada.

Las doctoras Carina Mazzeo y Julia Canet, especialistas en Derecho de la Salud y Bioética de la UNESCO, afirman que antes de 2020, a las personas que necesitaban aceite de cannabis por cuestiones de salud, nadie las autorizaba. Como representantes de varios pacientes en esta situación, recuerdan que debieron derribar mitos. Las presentaciones judiciales contaban con muchos recaudos y una justificación médica que demostrara la falta de respuesta al tratamiento convencional. Por ejemplo, en casos de niños que padecían convulsiones las 24 horas y no respondían a las drogas tradicionales. “Para ellos y sus familias esto era una tragedia”, dicen.

Si bien la nueva ley plantea el derecho al acceso de cannabis de manera gratuita, en el momento que se sancionó, el Estado no estaba en condiciones de proveerlo. Por otro lado, el aceite de Charlotte, que era el más seguro, había que comprarlo en el exterior a precio dólar y pedir autorización a la ANMAT. Lo cierto es que muchos pacientes no podían costearlo y tampoco cultivar su propia planta. Frente a estas dificultades, Mazzeo cuenta que en varias oportunidades debió demandar a las obras sociales en tanto prestadoras de servicio de salud y los fallos siempre resultaron positivos para los pacientes.

Esto cambió con la nueva legislación, que permitió una mayor flexibilización para su uso y también para el autocultivo. En cuanto a los profesionales de la salud, “los neurólogos pediátricos fueron los primeros que observaron las virtudes del aceite de cannabis y avanzaron en recetarlo pero hoy hay muchos otros especialistas que lo están indicando”, expresan y aclaran que no sólo se receta para las epilepsias refractarias sino que comprende un espectro más amplio de patologías.

Actualmente, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe está produciendo aceite de cannabis para distribuirlo de forma gratuita como garantía de acceso a la salud pública. Paralelamente, las personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis y tengan la indicación médica, pueden inscribirse en el Registro de Programa de Cannabis (REPROCANN) y obtener un certificado autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Investigaciones

En este contexto, un equipo interdisciplinario de docentes de las Facultades de Derecho, Bioquímicas y Medicina de la Universidad Nacional de Rosario está estudiando la legislación vigente en materia de investigación y uso terapéutico de la planta, en distintos países americanos. El proyecto está radicado en el Instituto Universitario de Investigaciones en Cannabinoides (IdIUC) de Vicerrectorado.

Este estudio comparado de las normativas adoptadas en diferentes países y los resultados de su implementación “proporcionará valiosos elementos para establecer un marco normativo claro, eficaz y al mismo tiempo flexible para ir incorporando las innovaciones que se presenten”, explican Mazzeo y Canet, que integran el grupo de investigación.

En América Latina, Uruguay cuenta con la normativa más avanzada de la región siendo el primer país en legislar, seguido por Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú. En Chile, los pacientes pueden acceder a través de prescripción médica y Bolivia fue el último país latinoamericano que modificó su legislación sobre drogas para permitir el cannabis medicinal.

En lo que al Caribe respecta, Jamaica establece como excepción a la ilicitud la posesión de marihuana con fines médicos o terapéuticos recomendado o prescripto por un médico certificado u otro profesional de la salud aprobado por el Ministerio de Salud; la posesión de cannabis con fines de investigación científica llevada a cabo por una institución de educación superior acreditada o cuando esté aprobada por el Comité Científico del Consejo de Investigación.

En México, tras las reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal en 2017, se permitió el uso del cannabis con fines médicos y científicos y se ordenó a la Secretaría de Salud emitir la política pública en la materia para garantizar el acceso de los pacientes a productos farmacológicos con y sin THC.

Estados Unidos y Canadá son los países más avanzados en cuanto al desarrollo de esta industria. En Estados Unidos, 29 estados actualmente cuentan con legislaciones que habilitan el uso medicinal y donde se cultiva, produce, transforma, vende y grava el cannabis y sus derivados. En Canadá, por su parte, hay cerca de 44 productores con licencia autorizados por el Ministerio de Salud, así como miles de canadienses con licencia para posesión y consumo.

La Diplomatura

El Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR impulsó este año la creación de una Diplomatura de pregrado de seis meses que tendrá cinco módulos: investigación en cannabis y canabinoides; cannabis de uso medicinal; producción de cannabis y desarrollo industrial; aspectos jurídicos de la regulación del cannabis y políticas públicas.

Está destinada a profesionales de la salud, abogados, productores, empresarios, emprendedores y todos los interesados en la problemática del uso medicinal e industrial del cannabis. Cuenta con un plantel de docentes de diferentes disciplinas de la UNR, del Centro de Estudios Interdisciplinarios y de la Fundación para los Estudios Internacionales de Rosario (FUNPEI) con máxima experiencia en la materia

“Pretendemos brindar un trayecto académico de formación interdisciplinaria que aporte el desarrollo de recursos humanos capaces de intervenir en los diferentes eslabones de la cadena de valor del cannabis ya que hay mucho por hacer, no solo desde el punto de vista medicinal sino a nivel industrial”, explica la coordinadora académica de la diplomatura, Carina Mazzeo y destaca que la formación es de carácter integral contribuyendo a acompañar este proceso productivo que se abre y poniendo énfasis en el derecho de la salud y la seguridad pública, la soberanía económica y los derechos humanos.

 

Carina Mazzeo y Julia Canet son abogadas egresadas de la Facultad de Derecho de la UNR, especialistas en Derecho de la Salud y Bioética de la UNESCO y presiden el Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados.