Luego de 3 meses de investigación, la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Salud “sugirió” iniciar un sumario al médico ginecólogo que pertenece al sistema público y privado de La Rioja. “Abusos sexuales en el contexto de la aplicación de la Ley IVE/ILE; prácticas inadecuadas en interrupción voluntaria y legal del embarazo y mal desempeño de sus funciones” son las acusaciones en contra del médico que seguirá suspendido por 30 días más.
El 21 de marzo pasado la Jefa de Zona Sanitaria I, a instancias de la Coordinadora del Centro Primario Benjamín Rincón, donde se desempeñaba el profesional, realizó la presentación ante el área de salud, cuyo titular es el médico Juan Carlos Vergara. En el expediente se agregaron además las notas presentadas por la Secretaría de la Mujer y Diversidad y de Patricia Rippa, directora de Género del Municipio.
La directora de políticas de Género del municipio Patricia Rippa en la nota presentada en marzo ante el Ministerio de Salud expresó que desde el área municipal recibieron llamados de mujeres que involucraban al médico que trabaja en el sistema público de salud. "Los hechos descriptos por las mujeres que se comunicaron con las líneas telefónicas, involucran a un profesional de la salud dependiente del Ministerio de Salud Pública a su cargo: el Dr. Héctor Lucero", denunció la funcionaria municipal en la nota dirigida al ministro de Salud. “De acuerdo a esos de las víctimas (cuya identidad debe reservarse por secreto profesional) en oportunidad de consultar al facultativo sobre la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo, indican haber sido abusadas sexualmente con penetración vaginal”, aseguró.
El acto administrativo de la investigación determinó formalizar las comunicaciones correspondientes a Fiscalía de Estado, al Consejo Médico, como organismo encargado del control de la matrícula para la intervención de su competencia; a la Administración Provincial de Obras Sociales (APOS) para que tomen medidas preventivas en el caso de que el profesional investigado este registrado como prestador y a la Secretaría de la Mujer y Diversidad.
Además, notificó a las áreas internas involucradas para resguardar la documental acompañada y garantizar la integridad, confidencialidad e intimidad de profesionales médicas y de pacientes.
En el comunicado asegura que el proceso de investigación “se hizo conforme la normativa vigente en la materia a nivel institucional, provincial, nacional y supranacional, garantizando la privacidad de las pacientes (posibles vulneradas) evitando su revictimización y dando cumplimiento al deber estatal de actuar de manera oportuna, eficiente y sin dilaciones”.
