Los conflictos laborales siguen en aumento. En el mes de septiembre crecieron un 30 por ciento con respecto a agosto, y pasaron a más del doble si la comparación es con los producidos en julio. En términos generales, la tendencia es a un incremento persistente de la cantidad de conflictos a partir del segundo semestre. Así lo señala el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que releva periódicamente las protestas gremiales y sociales. El motivo principal de la mayor conflictividad es la pérdida del poder de compra de los salarios; en segundo lugar, le siguen los despidos y suspensiones.
“Nuevamente ha aumentado la conflictividad, sobre todo en el sector público. Los casos se caracterizaron por el reclamo de reapertura de las paritarias, a lo que se incorporó el rechazo al bono como compensación”, señaló Hernán Letcher. El director del CEPA agregó que, en cambio, en el sector privado las protestas respondieron sobre todo a atrasos en el cobro de los sueldos. Esto refleja las dificultades del sector industrial para cumplir con la cadena de pagos. En el ámbito privado continúa además el grave problema de los despidos y suspensiones.
Bono o aumento
Si se desglosan según el sector, resulta que las protestas de los trabajadores públicos tuvieron un crecimiento de 333 por ciento con respecto de julio, y del 38 por ciento respecto al mes de agosto. Esto refleja que en el tercer trimestre de 2016 la conflictividad laboral en el Estado tuvo un fuerte ascenso, en su mayor parte vinculado al pedido de recomposiciones salariales.
Por un lado, esto está relacionado con las dificultades de financiamiento de las provincias y los recortes nacionales. También hay razones de política gremial: como se sabe, los sindicatos de trabajadores del Estado (incluidos los docentes y los judiciales) más combativos son parte de las dos CTA, que ha rechazado el bono de fin de año acordado por la CGT y el Gobierno, en el entendimiento de que una suma fija que se cobrará por única vez no alcanza para recuperar lo que perdieron los sueldos a lo largo del año.
En este sentido, el CEPA recordó que en el sector público todavía no se resolvió la situación de los empleados del Estado nacional; actualmente sólo seis provincias anunciaron el pago de un bono para los estatales provinciales (solo una, Misiones, indicó el monto, que sería de 1850 pesos), mientras que en el orden municipal, los intendentes ofrecen entre 300 y 400 pesos.
Entre los trabajadores de las empresas privadas, el incremento de los conflictos fue algo menor que entre los públicos. Las razones de sus protestas estuvieron repartidas entre los reclamos salariales y los referidos a despidos y suspensiones, con un peso similar (de 39 y 37 por ciento, respectivamente).
Del total de protestas del ámbito privado relevadas en septiembre, el 27,9 por ciento se desarrolló en la industria, seguido por el sector transporte que representó el 26,7, y el sector servicios que alcanzó el 18,6 por ciento de los casos. Esta tendencia continuó a la que se había dado el mes anterior.
Los problemas laborales incluyeron a empresas de primera línea. Algunos ejemplos: hubo conflictos en Molinos Cañuelas, Cresta Roja, Bimbo (productores de alimentos), Techint, Siderca Campana y Brighstar (siderúrgicas y metalúrgicas), Tarcol (químicos), Guilford (textil) y General Motors (automotriz), entre otros.
Más extensos
Otra característica de los conflictos del segundo semestre es su extensión en el tiempo: más de la mitad se muestran de difícil resolución.
Si se los ubica sobre el mapa, se ve que la mayor cantidad de conflictos laborales se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron el 21,4 por ciento del total. Le siguió la provincia de Buenos Aires, con el 17,5 por ciento; entre las dos, acumularon casi el 40 por ciento de los conflictos. Pero al mismo tiempo hubo protestas en veinte provincias, por lo que el panorama fue de conflictos a lo largo de todo el territorio.
Conflictos en el sector público
