La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se le practiquen nuevos estudios a Carlos Pedro Tadeo Blaquier para definir si puede afrontar un juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy en la zona de influencia del ingenio Ledesma. En el mismo fallo, los casadores Mariano Borinsky y Javier Carbajo anularon la resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy que separaba del proceso al empresario de 94 años, emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad e ícono de la demora judicial cuando se trata de enjuiciar a los poderosos.

En abril pasado, dos de los integrantes del TOF de Jujuy decidieron apartar a Blaquier del juicio por crímenes cometidos en 1976 porque entendían que presentaba un marcado deterioro cognitivo que lo volvía inhábil para afrontar el proceso. Para llegar a esa conclusión, los jueces Abel Fleming y Gabriela Catalano se basaron en los informes del Cuerpo Médico Forense (CMF), que habían sido consentidos por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En minoría quedó la jueza Alejandra Cataldi, que sostenía que debían practicarse nuevamente los exámenes.

La fiscalía, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) recurrieron la decisión del TOF de Jujuy. Después de recusaciones varias, la Sala IV de la Cámara de Casación celebró una audiencia el miércoles para analizar la situación de Blaquier. El fiscal Javier de Luca pidió que se anulara la resolución del TOF.

Uno de los argumentos que introdujo De Luca –y que retomaron Borinsky y Carbajo– es que el CMF no cumplió con los reglamentos que estableció la Corte para los análisis periciales. Una acordada del máximo tribunal dice que el CMF no puede admitir estudios particulares que se hayan hecho antes de que las actuaciones de un caso empiecen a ser analizadas por el organismo.

Eternas idas y vueltas

En el caso de Blaquier, como a lo largo de todo el proceso, hubo muchísimas idas y vueltas. El 20 de octubre del año pasado se hizo una pericia virtual, pero tanto la fiscalía como la Secretaría de Derechos Humanos pidieron que el análisis fuera presencial. El 17 de noviembre el TOF de Jujuy les dio la razón y el 13 de diciembre Blaquier debió asistir, en compañía de uno de sus hijos, a la sede del CMF.

Lo que resalta en su voto Borinsky es que Blaquier presentó estudios anteriores a esa fecha: una tomografía computada de cerebro, unos análisis de sangre y un informe interdisciplinario firmado por un psiquiatra, un neurólogo y un geriatra. En esa línea, Borinsky y Carbajo disponen que se realicen nuevos estudios. Ninguno de los dos casadores que conforman la mayoría se adentró en el fondo de la discusión ni criticó los argumentos del TOF de Jujuy. Saben que el tema volverá, inevitablemente.

En una línea contraria se pronunció Guillermo Yacobucci –sorteado para integrar la Sala IV después de que se excusaran Gustavo Hornos y Eduardo Riggi–. Yacobucci habló de una notoria vulnerabilidad de la condición clínica del imputado y respaldó la resolución que tomó el TOF de Jujuy de separarlo del juicio. “Esa decisión jurisdiccional, así argumentada, no pone en crisis las exigencias constitucionales de justicia, ni los deberes convencionales asumidos por el Estado, ya que no expresa impunidad, sino adecuación a reglas legales respetuosas del debido proceso y los principios contenidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”, escribió Yacobucci.

Historia de una demora

La complicidad de Ledesma con la dictadura estuvo presente desde el retorno de la democracia. Sin embargo, recién hace diez años Blaquier fue procesado por crímenes en la zona de influencia del ingenio que él dirigía. Para avanzar contra el empresario –uno de los más poderosos del país– hizo falta que fuera a Jujuy un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña.

En su indagatoria Blaquier habló de Ledesma como un “pequeño Estado” que se aseguraba del bienestar de la población de la zona, pero ese rol iba mucho más allá. La investigación judicial demostró que la empresa --que históricamente perteneció a la familia Arrieta-- proveyó vehículos o asistencia a las fuerzas represivas para desaparecer a decenas de personas y que incluso aportó listados de potenciales blancos.

Con esos vehículos, la Policía Federal, el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial --que dependían, en última instancia del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez-- salieron de cacería en julio de 1976. Contaron con los cortes de corriente eléctrica, que no pudo determinarse judicialmente que hubieran sido provocados por Ledesma, para moverse en la penumbra. Las personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad entre el 20 y el 27 de julio de ese año pasaron por distintas unidades policiales o de la Gendarmería y, en todos los casos, fueron conducidas al centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunas de estas personas fueron desaparecidas y otras enviadas a la Unidad 9 de La Plata o a la cárcel de Villa Devoto. Ese episodio –uno de los más macabros de la última dictadura– se conoció como las “Noches del Apagón”.

Después del Apagón

Blaquier y el administrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados por los secuestros de julio de 1976 y también por las privaciones ilegales de la libertad que se sucedieron en los primeros días del golpe. Entre esas víctimas estuvo el exintendente y médico Luis Arédez. Su esposa, Olga, fue emblema de la denuncia a Ledesma.

A Blaquier y a Lemos los procesaron en 2012. Al año siguiente, la Cámara Federal de Salta confirmó la decisión de Poviña. Sin embargo, la defensa de los empresarios recurrió, y ahí hizo su entrada en escena la Cámara Federal de Casación Penal. En marzo de 2015, los casadores Hornos, Riggi y Juan Carlos Gemmignani abrieron los recursos y dictaron una falta de mérito en favor de Blaquier y de Lemos. 

El tema estuvo a estudio de la Corte Suprema durante seis años. Con la gestión de Alberto Fernández, el reclamo por la demora volvió a ponerse en agenda. Finalmente, en julio pasado, el máximo tribunal –con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton– anuló la decisión de Casación y sostuvo que los casadores habían obstaculizado indebidamente el avance de la causa.

Durante los años, la defensa de Blaquier y Lemos fue variando. Al principio negaron haber facilitado los vehículos para los secuestros. Después dijeron que los habían entregado antes de marzo de 1976. Los defensores --encabezados por el exjuez del juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz-- incluso afirmaron que las fuerzas no necesitaban de las camionetas de Ledesma para llevar adelante los secuestros y que era imposible decir que la empresa hubiera estado interesada en que se llevara adelante la represión porque solo cinco de las 20 víctimas eran, al momento de los hechos, empleados del ingenio. 

En los últimos meses, la principal estrategia de defensa fue decir que Blaquier no está en condiciones de sentarse en el banquillo, lo que sí debería hacer Lemos.