La justicia de Córdoba ordenó el desalojo de Jorge Balla, el represor santafesino condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura que se radicó en San Francisco (Córdoba), y ahora deberá dejar el departamento céntrico en el que vive. Balla se mudó de provincia tras haber amenazado a sus vecinos cuando cumplía prisión domiciliaria en Santa Fe. Entonces, el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe autorizó que cumpliera la prisión domiciliaria en el límite entre Córdoba y Santa Fe, desde mayo de 2021. Su presencia levantó repudios y manifestaciones. Fue declarado persona no grata por el Concejo municipal y el propietario del departamento pidió el desalojo porque le habían ocultado que lo alquilaban para que viviera un condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. El alquiler lo concretó Guadalupe Bourquín, la esposa de Balla, sin mencionar la situación de su esposo y por eso, el juez en lo civil y comercial Pedro Chialvo ordenó que debe dejar el inmueble, en un plazo de diez días.
Según remarca el fallo de Chialvo, al propietario, Alberto Esper, la presencia del represor en ese inmueble le era “totalmente desconocida”, ya que -al momento de celebrar el contrato- “Bourquín ocultó maliciosamente el verdadero destino que le iba a dar a la vivienda”. La sentencia agrega que el locador, de haber conocido el verdadero destino del inmueble, no hubiera celebrado el acto jurídico. “Su engaño o dolo fue determinante para la concreción del contrato, lo que evidencia la mala fe de la demandada al momento de celebrar el contrato, viciando por dolo su eficacia”, se sostiene.
El juez considera que se incumplió la cláusula quinta, ya que se alteró el destino de “vivienda familiar”, porque el inmueble es utilizado para la ejecución de una pena privativa de la libertad, bajo el régimen de la prisión domiciliaria.
Chialvo tuvo en cuenta los argumentos del locador, quien consignó haber sufrido un grave perjuicio frente a los demás inquilinos del edificio de su propiedad, quienes le manifestaron “insistentemente” su preocupación e inseguridad por la presencia de Balla en el lugar. En el fallo, que tiene fecha del 21 de junio, Chialvo precisó que uno de los motivos invocados para el desalojo fue que se afectó la libertad del locador de elegir entre alquilar o no el inmueble, y en su caso a quién alquilar su propiedad y establecer también su destino.
El 24 de marzo pasado, vecinos de San Francisco se trasladaron a la casa donde vive el genocida para gritar "Adonde vayan los iremos a buscar". El acto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia tuvo como destino el domicilio donde Balla se alojó, sin avisar que se mudaba después de haber amenazado y hostigado a sus vecinos de la ciudad de Santa Fe. El pedido de la manifestación, encabezada por murgas, fue que el represor cumpla su condena en cárcel común.
"Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio". Así le gritó Balla a su vecino, en diciembre de 2020. El ex militar fue condenado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, cometida en la ciudad de Santa Fe en 1977. Sin embargo, nunca cumplió condena en cárcel común porque el Tribunal Oral le concedió la domiciliaria en 2017.
Así estaba en 2020. Vivía en su casa, lindera a la de una joven pareja integrada por Juan y Daiana, a quienes llegó a intimidar trepándose al tapial que los separaba. El Foro contra la Impunidad por la Justicia pidió que le revocaran la domiciliaria, pero el Tribunal Oral definió que podía continuar en ese régimen, en Córdoba.
Cuando llegó a San Francisco, comenzaron los repudios. El concejal del Frente de Todos Andrés Romero fue el impulsor del repudio del Concejo municipal de San Francisco a la presencia del represor. Así se enteró el propietario del inmueble de la identidad de su inquilino. Por eso, inició el juicio de desalojo. El fallo de Chialvo le da la razón.
Para el concejal Romero, "lo que hizo el juez Chialvo sienta un precedente muy importante, porque hubo una acción de ocultamiento al locador, que fue engañado en su buena fe, porque se enteró de quién era su inquilino por las acciones políticas que hicimos en el Concejo". Romero también consideró que "hubo complicidad de la policía de la provincia de Santa Fe, porque trasladaron a Balla sin que nadie supiera".
La llegada de Balla fue repudiada también por la Comisión Memoria, Verdad, Justicia de San Francisco, que pidió públicamente que los genocidas "cumplan sus condenas en una cárcel común, para que no se repitan casos como el de Jorge Balla, beneficiario con la prisión domiciliaria pero que se encuentra hoy en San Francisco por haber violado tal privilegio, y siendo favorecido por un Poder Judicial cómplice”. El integrante de la Comisión, el abogado Guillermo Peretti destacó la movilización social que permitió hacer visible la presencia de Balla en la ciudad cordobesa.
El 27 de agosto de 2019, Balla fue condenado en el marco del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe constituido por Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci. Lo encontraron culpable como coautor del homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti.
