La jueza de Personas y Familia 2 de Tartagal, Carmen Juliá, ordenó al Ministerio de Educación que se tomen las medidas necesarias para revertir la situación en la escuela del paraje Las Juntas, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, que no tiene clases desde principios de año. 

La novedad se conoció en la audiencia que se llevó adelante en Santa Victoria Este el 24 de junio último, en el marco de una acción iniciada en 2016 para la protección de los derechos del colectivo del departamento Rivadavia.

Esta acción presentada por una asesora de Menores e Incapaces de Tartagal que ya no se encuentra en su cargo, tuvo su raíz en el conocido caso "Juana", una niña con discapacidad que fue violada por seis varones. Al hacer un abordaje del contexto, la asesora se dió con la falta de contención de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de los pueblos originarios de la zona, por lo que presentó la acción. 

El año pasado la jueza Juliá ordenó al Ministerio de Salud la presentación de un Plan de Acción para garantizar los derechos vulnerados y, en el marco de ese proceso, se vienen haciendo audiencias de control del cumplimiento. 

La audiencia de la semana pasada se realizó a pedido de la asesora de Incapaces 2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, quien dijo a Salta/12 que se dió la novedad de que la escuela de Las Juntas (ubicada a más de 100 kilómetros del pueblo cabecera) se encuentra tomada desde principios de año, por lo que les chiques de las comunidades no comenzaron nunca las clases. 

Agregó que otra novedad es que "no se da cumplimiento con educación especial y hay 55 chicos con dificultades de aprendizaje que no tienen este acompañamiento ni tampoco tienen gabinetes especiales". Ante ello se exigió al Ministerio de Educación que avance con la designación de docentes especiales ya que actualmente no hay profesionales que puedan realizar apoyo escolar en los casos de alumnos que presenten alguna discapacidad.

Según se pudo conocer por comunicadores victoreños, el problema en la escuela de Las Juntas radica en una interna generada tras la designación en la dirección de un joven docente. Indicaron que la ex directora, quen habría sido sumariada por el Ministerio de Educación, solicita el cargo por los años de antigüedad en la institución. Esta diferencia generó la toma de la escuela por parte de la comunidad. Pese a que esto estaría en conocimiento de los superiores de la cartera educativa, pasado medio año del ciclo lectivo no se planteó resolución alguna. 

Chocobar, por su parte, indicó que se solicitó en la audiencia que "se hagan las gestiones necesarias para que los chicos puedan tener garantizado el derecho a la educación". Pero recordó que otra de las preocupaciones es también por la falta de las viandas alimentarias que se deben entregar a les alumnes. "Al no ir a la escuela, a los chicos no se les entregan las viandas", explicó.

Algunos cumplimientos

La asesora indicó que cuando Juliá resolvió el recurso presentado, ordenó que sea traducido al wichí y exhibido en el Hospital zonal, la Policía y la Municipalidad. La medida, según el control realizado, solo es cumplida por el Hospital. 

Chocobar subrayó que se están cumpliendo con los operativos de identificación a cargo del Registro Civil, ya que muchos niños y niñas carecen de DNI y, por lo tanto, del acceso a otros derechos como la Asignación Universal. También sostuvo que se verificó la construcción de nuevos pozos de agua; y la refacción de escuelas, entre otros. 

Destacó como uno de los avances más importantes la creación de una sala de recupero nutricional en el Hospital victoreño, que cuenta con capacidad para albergar a 10 niños con problemas de desnutrición. Sin embargo, aseguró que el centro sanitario no cuenta con la cantidad de profesionales necesarios, y que el Ministerio de Salud se comprometió a trabajar para lograr designaciones para la zona. "Cuando estuvimos había dos pacientes con desnutrición internados en esa sala", detalló. 

La Justicia dispuso que la Asesoría de Incapaces quede a cargo del control de la ejecución de las acciones comprometidas. Chocobar detalló que “recibe cada dos meses informes por escrito acerca del avance del plan que debe concretarse hasta diciembre de 2022 (tiempo que dio la jueza para cumplir con las acciones comprometidas por Salud), pero que solicitó la constitución de esta comisión para que puedan verificar in situ que cada área avance en las acciones que le correspondan para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la zona”.