El Congreso Federal de Educación, que se realizó en la Legislatura de Tucumán, fue el marco en el que se presentó el proyecto de Canasta Básica Digital a través del que se busca garantizar el derecho universal a la conectividad. En el encuentro, que fue presidido por la asesora de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación y referente de Igualar, Carmela Moreau, y el legislador tucumano Raúl Ferrazzano, se debatió sobre los nuevos modelos de educación tras la pandemia de coronavirus.

El proyecto solicita a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) "la creación de una canasta básica digital para asegurar el acceso a las nuevas tecnologías a los niños, niñas y adolescentes".

La iniciativa es impulsada por legisladores del Frente de Todos y será tratada en la Legislatura tucumana, mientras que el diputado nacional, y referente de Igualar en Salta, Lucas Godoy y la diputada nacional por Tucumán Rossana Chala, se comprometieron a presentarla en el Congreso de la Nación. 

En los fundamentos, se recuerda que la canasta básica digital es una idea que surgió en el seno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con el propósito de "proveer a los ciudadanos de una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones para garantizar y universalizar la conectividad digital y enfrentar los impactos provocados por la pandemia del coronavirus".

En agosto de 2020, en plena pandemia, la Cepal planteó una canasta básica de tecnologías integrada por una computadora portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, con un costo anual inferior al 1% del PIB.

En el informe, titulado "Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-18", la Comisión instó a "garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos provocados por la pandemia del coronavirus en la región". Y para ello propuso "construir una sociedad digital inclusiva, impulsar la transformación productiva, promover la confianza y seguridad digital, fortalecer la cooperación digital regional, y avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza para asegurar un ‘Estado de bienestar digital’ que promueva la igualdad, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantice el uso seguro de datos, y genere el cambio estructural progresivo".

En el proyecto de resolución presentado en Tucumán, también se reseña que Argentina no es ajena a esta situación en la que "las tecnologías digitales son esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad", pero "su universalidad aún es una deuda humanitaria en razón de las brechas de acceso en los diferentes estratos sociales que condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas".

En Argentina, la conectividad es reconocida como un derecho esencial, y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) ha sido declarado un servicio público creandose una prestación básica universal (PBU). 

Sin embargo, en el territorio nacional, todavía hay lugares que no cuentan con conectividad digital y otras situaciones en las que la señal llega pero las familias no pueden pagar el servicio. Por eso el concepto de canasta básica digital acuñado por la Cepal, ahora es retomado por estos legisladores. 

"Se trata de un nuevo derecho ciudadano que genera condiciones de igualdad en el acceso a las telecomunicaciones para todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica, para que nadie quede afuera", se sostiene en los fundamentos.

También señala que durante la pandemia del coronavirus quedó evidenciado, "lo que la O.N.U. había proclamado hace unos años, el derecho humano a la conectividad. Para poder estudiar, enseñar, acceder al conocimiento, a la investigación científica, para trabajar o simplemente para llenar un formulario para recibir un subsidio, se necesita conectividad".

En este sentido, los legisladores que impulsan el proyecto indicaron que pretenden "ampliar el acceso y la apropiación de los recursos tecnológicos, ya que no es lo mismo tener conectividad y dispositivos que no tenerlos. Es pensar la conectividad como un derecho y a las tecnologías como bienes públicos".

Nuevos objetivos pospandemia

En el congreso Ferrazano sostuvo que esta actividad se hacía con el objetivo de discutir sobre "los nuevos tópicos y las nuevas metas y objetivos que tenemos por delante pospandemia”.

Chala, por su parte, resaltó "las desigualdades que se pusieron en evidencia en la pandemia" y celebró la posibilidad de "trabajar con especialistas en la temática y abordar las estrategias pedagógicas para adecuarnos a las nuevas tendencias en educación, como son la conectividad, la tecnología".

Carmela Moreau subrayó: "Lo que estamos haciendo acá es promover y acompañar un espacio de formación para poder elaborar políticas públicas educativas e inclusivas con todo el significado de esta palabra, y cerrar también las diferentes asimetrías que existen”.