"Ellos no pueden hablar desde ahí adentro. Pero ahora que yo pude salir y estoy afuera puedo hablar". La chica, que es menor de edad y se le reserva su nombre, no salió de la cárcel. Se fue de una comunidad terapéutica a la cual la enviaron desde la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Se trata de la Fundación San Camilo, una comunidad privada ubicada en la localidad de Derqui, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. La joven denuncia malos tratos y sobremedicación de pacientes en esta institución que, a la vez, afronta la imputación de tres de sus directivos por una muerte dudosa que ocurrió ahí mismo. Según datos a los que accedió Rosario/12, son 17 los chicos y chicas que fueron enviados por el Estado provincial a esa institución. En diálogo con este diario, Analía Colombo, titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, criticó que se envíen a jóvenes fuera de la provincia y a lugares en los que se realizan prácticas no acordes con las leyes de Protección y Salud Mental. Sobre este tema, y sobre otros como la situación laboral en el área, se hablará en una audiencia pública sobre políticas de niñez que tendrá lugar este lunes a las 9 en el Concejo Municipal.
"Quedás así", dice la chica. Entonces baja los brazos, abre la boca y pierde su mirada en algún punto fijo lejano. Recrea cómo reaccionaba cuando era medicada en la comunidad bonaerense, muchas veces como forma de castigo cuando manifestaba alguna incomodidad o el deseo de dejar la institución. Risperidona, Clonazepam y Entumina son los nombres de los ansiolíticos y antipsicóticos que recuerda. Primero, dice, le administraban dosis en comprimidos, y después en inyectables. Le dijeron que era parte de un tratamiento por su adicción a las drogas, aunque ella asegura que no consume. Pero no le creen. Es que algún motivo hay que encontrar para justificar el encierro. La chica cuenta que a este lugar llegó engañada, porque le hicieron firmar un papel diciéndole que la llevaban a otro tipo de establecimiento y a una hora de distancia. Una vez que llegó, todo se transformó en un día a día más cercano al castigo que a la restitución de derechos. "A las siete de la mañana estábamos arriba. Desayuno. Medicación. Limpieza hasta las 10. De 10 a 12, grupo de drogas. Almuerzo. Medicación. Limpieza hasta las 18. De 18 a 20, grupo de nuevo. Cena. Medicación y a dormir". Así describe la rutina esta testigo de lo que otros jóvenes están viviendo ahora en aquel lugar. "Ningún operador se te acerca a preguntarte si estás bien, si necesitás algo. Ahí son todas órdenes", dice.
En Santa Fe hay 41 centros residenciales: 13 son estatales y el resto, privado. Todos están sobrepoblados.
El relato de esta chica va en sintonía con los testimonios recolectados por el periodista Pablo Galfre en el libro La Comunidad, que cuenta los pormenores de San Camilo y sus costumbres. El material sirvió para que en los últimos días se impute al director general, al director médico y al ex director terapéutico de la institución bajo la figura de homicidio culposo por la muerte de un paciente. El libro, editado por Sudestada, será presentado en Rosario el viernes 16 de junio a las 19 en el Centro Cultural La Toma.
Crisis en el Sistema
En la Dirección de Niñez las excepciones se convirtieron en regla. La joven que habló con Rosario/12 fue enviada a San Camilo en el marco de una medida de protección excepcional. Este procedimiento, comprendido en la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tiene lugar cuando los equipos interdisciplinarios que abordan una situación ya agotaron todos los pasos previos. Antes están las medidas de protección integral, que implican la restitución de derechos sin separar al chico de su familia o su círculo afectivo a menos que implique una amenaza. En esta etapa, además de Niñez, deben intervenir las instituciones del Estado que rodean el centro de vida del chico. Recién cuando se agotaron estas posibilidades, y si persiste el peligro de vida del chico o de terceros, se aplican medidas excepcionales que en el último de los casos debe implicar el encierro.
Los procedimientos por los cuales estos chicos son trasladados fuera de la provincia, en general, se encuadran en la ley 12.967: una decisión de la Dirección de Niñez, un informe del equipo interdisciplinario presentado ante un juez, y el consiguiente control de legalidad del informe, que es firmado por el magistrado. La cuestión surge en la particularidad de cada caso, la realidad de cada pibe y el criterio del profesional a la hora de diagnosticarlo. Lo que circula entre los trabajadores de Niñez preocupados por esta situación es que la ley ya encontró su trampa. "Se utiliza la medida excepcional como un recurso estandarizado para cualquier situación sin que se dé una afectación que anule el registro del pibe, que no tenga control, que se ponga en situación de riesgo elevado de muerte él o su alrededor", explica un trabajador de Niñez a este diario, y pidió reserva de su identidad para evitarse presiones.
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, plantea un punto de vista crítico sobre los traslados a San Camilo. "Nos oponemos a que esos niños se encuentren fuera de la provincia porque los desvinculan con lo poco que pueden tener de vínculo con alguna familia o algún actor de su centro de vida", explica en diálogo con Rosario/12. En este sentido, agrega: "No podemos dar cuenta fehaciente de quiénes son los que evalúan los criterios por los cuales esos niños tienen que estar ahí. Esos niños muchas veces tienen problemas subjetivos amplios, atravesados por el consumo pero también por otras subjetividades".
“El Estado debe tener más lugares de alojamiento. Es una decisión política". Lorena Almirón, ATE Rosario
La crítica de Colombo también apunta hacia la temporalidad prolongada en la mayoría de las medidas excepcionales. "Hay muchas vencidas y niños que se encuentran hace muchos años a la espera de una resolución que puede ser volver a vincularse con la familia que es lo que apunta la ley, o revincularlo con otros dispositivos", explica. No hay información oficial sobre la cantidad de medidas excepcionales tomadas en la actualidad, pero según un monitoreo de la Defensoría, son cerca de mil. Más allá de los casos puntuales, Colombo entiende que esta situación se da por una crisis en el Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. El Sistema implica la articulación entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que en cuanto a Niñez también es un aspecto que supone la ley 12.967 cuando menciona la necesidad de articulación interministerial.
La realidad indica que no sirve de nada sacar a un chico de su círculo de vida para alejarlo de una problemática, si la misma sigue enquistada mientras el chico circula por dispositivos o centros residenciales a la espera de que se garanticen sus derechos. A su vez, las propias residencias no están preparadas para recibirlos. "Hay sobrepoblación, condiciones edilicias insuficientes. Falta de comunicación de las personas que se encuentran dentro de estas instituciones con las autoridades o equipos de niñez que toman la medida. Falta de certezas a los niños, se los separa de su centro de vida porque ya sufren una vulneración de derecho grave, y se los aloja en una institución en la cual no tienen idea de cuánto tiempo van a estar ahí", explica y concluye: "Se siguen vulnerando sus derechos".
Volviendo a los jóvenes trasladados fuera de la provincia, Colombo menciona la necesidad de que los tratamientos a los que son sometidos los chicos se ajusten a la nueva ley nacional de Salud Mental. La misma dice que la prescripción de medicamentos no debe darse en forma de castigo y que la internación debe ser lo más breve posible. "Hay que repensar estos dispositivos, intentar que estos niños no solo vuelvan a su provincia, sino que estén en lugares adecuados y respetuosos de las leyes. Tiene que haber un criterio de trabajo con un dispositivo posible, poniendo en crisis lo que no funciona. No funciona que estén dando vueltas por acá, pero tampoco funciona sacarlos del medio y llevarlo a otra provincia", opina la defensora.
