Si bien no lo explicitó en su carta de renuncia, uno de los motivos por los que Martín Guzmán decidió dar un paso al costado fue la imposibilidad de avanzar con el plan de segmentación tarifaria que había diseñado. El ahora ex ministro de Economía filtró a la prensa la semana pasada que no estaba pudiendo cumplir con lo prometido porque los funcionarios de la secretaría de Energía que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner boicoteaban la implementación. La designación de Silvina Batakis como nueva ministra del área fue celebrada por esos mismos funcionarios apuntados por Guzmán, quienes efectivamente estaban en desacuerdo con el plan de segmentación. Todos ellos seguirán en sus cargos, mientras que el hombre de Guzmán en Energía, Santiago López Osornio, renunció este lunes. Batakis confirmó este lunes en C5N que "la segmentación se mantiene", pero aún no dio precisiones sobre cómo se avanzará.
Sin avances
El gobierno publicó el jueves 16 de junio el decreto 332/22 que puso en marcha el sistema de segmentación. Funcionarios de la secretaría de Energía prometieron ese mismo día en off the record que el formulario para inscribirse en el registro y no perder el subsidio estaría disponible en la semana que comenzaba el lunes 20 de junio, pero eso no ocurrió.
Recién hubo novedades el martes 28 de junio cuando el secretario de Energía, Darío Martínez, publicó la resolución 467/22 que avanzó con la reglamentación del decreto, aunque la norma no ofreció demasiadas precisiones adicionales. Lo que hizo centralmente fue delegarle la tarea de instrumentación a la subsecretaría de Planeamiento Energético conducida por López Osornio, el único hombre de Guzmán en Energía.
En los últimos 20 días no solo no se puso a disposición de los usuarios el formulario para conservar los subsidios sino que ni siquiera se llegaron a implementar los precios mayoristas diferenciales ni en la energía eléctrica ni en el gas natural y tampoco se inició el proceso administrativo con los entes reguladores para aplicar esa segmentación.
Consecuencias
La demora en la implementación no es inocua porque lo que informaron desde la secretaría de Energía el mismo día que se publicó el decreto 332/22 fue que la tarifa plena comenzaría a estar vigente de manera gradual desde el 1 de junio. Por lo tanto, los sectores de mayores ingresos que dejarían de percibir el subsidio en el segundo semestre, supuestamente ya estaban pagando una tarifa más alta, aunque sorprendentemente el equipo de Martín Guzmán nunca supo precisar cuál era esa tarifa.
Lo único que se informó fue que dejarían de pagar el subsidio aquellos que cumpliesen alguna de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (350 mil pesos, según los últimos datos de Indec), titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; titulares de tres o más inmuebles; titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
El grupo que cumple con esas condiciones, que se supone que equivale solo al 10 por ciento de la población, no debería inscribirse en ningún lado y dejaría de recibir subsidios gradualmente a lo largo de seis meses. El problema es que, según el decreto, el resto de la población sí debe inscribirse en el registro y si no lo hace también perderán el subsidio de modo gradual.
En estas condiciones está claro que no se le puede empezar a quitar el subsidio a nadie y mucho menos de manera retroactiva al 1 de junio porque lloverían los amparos judiciales. Por lo tanto, se espera que Batakis ofrezca en los próximos días precisiones sobre cómo piensa llevar adelante la implementación de este programa que impulsó Guzmán.
