Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, en el centro andino del país, suspendió hasta el nueve de agosto el juicio contra el líder indígena Leonidas Iza por paralizar un servicio público al bloquear vías durante las recientes protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso. La realización de la audiencia fue acompañada por la instalación de un fuerte dispositivo policial debido al "plantón de apoyo y solidaridad" convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para acompañar a su referente. Iza fue detenido en la madrugada del 14 de junio, al cierre de la primera jornada de paro indefinido convocado por la Conaie que se extendió durante 18 días, al cabo de los cuales alcanzó un acuerdo con el gobierno.
Plazo adicional de 15 días
"Se difiere la audiencia de juicio directo contra Leonidas I. por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público. La diligencia se fijó para el nueve de agosto" y fue declarada "reservada", escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Por su parte el abogado Carlos Poveda, defensor de Iza, precisó que el tribunal que lleva el caso declaró fallida la audiencia de este lunes, ya que debió elevar una consulta a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre un plazo adicional de 15 días en la fase de presentación de pruebas.
La jueza de la causa remitió de forma inmediata a la Corte Constitucional una solicitud para que "analice la consulta con respecto al tiempo", ya que el código integral penal que rige en el país establece un periodo "muy corto" y las "diligencias probatorias requieren de mayor tiempo", agregó el letrado. Poveda manifestó a la prensa que la defensa impugnó la competencia de la jueza Paola Bedón porque fue quien ya conoció la causa a raíz de la detención.
Bedón dispuso el 15 de junio la inmediata liberación del líder indígena con la condición de presentarse de manera periódica ante las autoridades y la prohibición de salir del país. La Fiscalía acusa a Iza de presunta paralización de servicios esenciales en calidad de autor mediato por supuestamente instigar bloqueos de ruta durante el primero de los 18 días que duraron las movilizaciones.
Iza dijo este lunes a la agencia Efe que se trata de un proceso judicial "viciado" que busca "justificar una mentira". El líder indígena aseguró que su detención fue una "emboscada" en la cual no se le leyeron sus derechos, lo que implicaría que se declarara inválida.
"Presión fatal" y "justicia parcializada"
Unos dos mil indígenas, según el departamento de Seguridad Ciudadana del municipio local, se concentraron en las cercanías del tribunal, que apareció acordonado por vallas metálicas y policías, para expresar de manera pacífica su apoyo al jefe de la Conaie, que impulsó masivas protestas que dejaron seis muertos y al menos 600 heridos entre uniformados y civiles.
"He sentido realmente una presión fatal para que la justicia actúe parcializada", declaró Iza a la prensa al salir de la audiencia, a la que concurrió con sus habituales poncho rojo y sombrero. "Exigimos a la justicia ordinaria de este país que debe tener imparcialidad, garantizar el debido proceso", agregó el líder de la Conaie.
"Vamos a recurrir, cualquiera sea el resultado, a la justicia internacional. Vamos a llevar la vocería a escala internacional. No se puede aceptar semejante mentira con tal de dañar y acabar con una persona, una autoridad", dijo más tarde Iza durante una entrevista radial. Por su parte la Conaie llamó "al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena", que actualmente están siendo criminalizados "por ejercer su legítimo derecho a la protesta".
Negociaciones exitosas con el gobierno
Iza comandó las protestas contra el gobierno del derechista Lasso en reclamo de una rebaja de hasta el 21 por ciento de los precios de los combustibles más utilizados, moratoria para el pago de créditos de campesinos con la banca y suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos. El Ejecutivo y la Conaie, con la mediación de la Iglesia Católica, firmaron el jueves pasado en Quito la denominada "acta de paz" para poner fin a las manifestaciones, durante las cuales unos 14 mil indígenas se desplazaron desde sus comunidades para protestar en Quito.
Como parte de los acuerdos, el gobierno disminuyó hasta en un ocho por ciento el precio de los combustibles, quedando en 1,75 dólares el galón de diesel y en 2,40 el de gasolina. Además, el próximo jueves se instalará una mesa de diálogo entre las partes para negociar pedidos pendientes de los aborígenes como la focalización de más subsidios a combustibles para las áreas rurales. "Tenemos 90 días para garantizar que los acuerdos firmados puedan realizarse en la práctica diaria", apuntó Iza en ese sentido.
La Fiscalía ecuatoriana informó que hasta el momento se han abierto 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales en el contexto de las manifestaciones que duraron entre el 13 y el 30 de junio. La Conaie, que participó en revueltas que desembocaron en la caída de tres presidentes entre 1997 y 2005, también lideró las masivas protestas en octubre de 2019 contra la eliminación de subsidios a los combustibles.
