El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, aseguró este martes que “la obligación de terminar con el agravio contra Milagro Sala es del Gobierno nacional”. Las declaraciones llegan luego de que la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volviera a elevar un pedido de informes al Estado argentino para evaluar el estado de salud y el resguardo de los derechos de la referenta de la Tupac Amaru, internada desde hace ocho días.
La Corte realizó un pedido de informes para dar seguimiento a la medida provisional que el tribunal interamericano dispuso en julio de 2017 para proteger su integridad física y psíquica, lo que forzó a que el Poder Judicial de Jujuy le otorgara la prisión domiciliaria.
En este contexto, por AM750 Raimundi apuntó que “el Gobierno nacional tiene que tener más poder que el provincial". "Cuando recurrimos a la Comisión Interamericana y a la Corte, no lo hacemos como sucede en otros casos donde hay organizaciones financiadas fuera del país que denuncian situaciones de Derechos Humanos para que los organismos acudan", indicó. "Y lo hacen para intervenir sobre la soberanía de los estados. Cuando lo hacemos es para reforzar la soberanía de nuestro país”, sostuvo.
El exdiputado puntualizó que este llamado no es para que “hagan lo que no podemos hacer”, sino “para que respalden las decisiones soberanas del Estado nacional, que son irremplazables. La obligación es del gobierno nacional para terminar con este agravio incalificable”.
En un marco más amplio, Raimundi consideró que la detención irregular de Milagro Sala “responde a una misma matriz, que es la disputa entre una democracia que intenta ser soberana y construir su propio poder popular y los grandes poderes”. Estos grandes poderes, “se manejan en el área económica presionando, especulando, generando temores y corridas en los mercados”. Mientras que el político “se expresa en el lawfare, en la detención injusta de dirigentes populares”.
“Pero las dos cosas responden a una misma matriz de poder. Y hay que enfrentarlas. Con menos retórica y más hechos concretos. Yo estoy convencido de que el Estado argentino tenía que reforzar el pedido a los organismos interamericanos para que vuelvan a tomar cartas en el asunto. Ahora hay que reforzar eso para que la provincia desande las irregularidades, que la Corte Suprema se exprese y rápidamente podamos ponerle fin a esta situación”, concluyó.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente desde marzo de 2020 la apelación de Milagro Sala a una condena, dictada por la Justicia jujeña, de 13 años de prisión por presunta defraudación de fondos públicos. Se trata de la causa conocida como "Pibes villeros", en la que la dirigente social fue acusada de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas para defraudar al Estado.
