Las inundaciones en once provincias argentinas ya cubren cuarenta millones de hectáreas, un fenómeno que los científicos adjudican al monocultivo, el desmonte de bosques nativos y el uso inmobiliario y rural de humedales. La situación, según el Conicet, expone a 32 ciudades y pueblos del país con un millón de residentes. El riesgo de inundaciones afecta en particular a los más pobres y a los asentamientos en tierras bajas en las periferias urbanas.

“Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja”, aseguraron voceros de Greenpeace. Por su parte, investigadores del Conicet estimaron que más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades. Las proyecciones climáticas para los próximos días no son alentadoras: indican que en muchas de las zonas afectadas seguirán las lluvias. 

Unas 40 millones de hectáreas se encuentran anegadas actualmente en el país, de las cuales casi la mitad pertenece a la Pampa Húmeda. El director de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Miguel Taboada, señaló que esta circunstancia se debe principalmente a que durante el último cuarto de siglo se perdieron más de doce millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas. Según indicó Taboada, “todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, la velocidad y la duración de las inundaciones”. 

En la misma línea, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró un ranking de los países que más desmontaron durante los últimos 25 años, y Argentina se ubica entre los diez primeros. El estudio detalla que en el período relevado se perdieron cerca de 7,6 millones de hectáreas arboladas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos, y con un promedio de 300 mil hectáreas por año. 

La legislación para enfrentar esta realidad y la postura del actual gobierno están lejos de asumir la responsabilidad que merece el tema. A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fue reglamentada recién en 2009, luego de insistentes reclamos de organizaciones sociales y ambientalistas. Si bien el objetivo de la norma es detener el desmonte, los fondos asignados en 2017 por el Presupuesto Nacional no alcanzan para su puesta en práctica, según admitieron voceros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y todavía hay muchas provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques. A esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, que fue aprobada en 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por “la fuerte presión de los sectores agroindustriales”, según denunció el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Andrés Nápoli. Los humedales son reservorios de agua que evitan las inundaciones, pero cada vez los hay en menos cantidad por el avance la urbanización sobre ellos.

Este tipo de comportamiento de los productores que priorizan la rentabilidad frente al cuidado del medio ambiente y a la calidad de vida de la sociedad en general, es uno de los factores principales de las inundaciones. En el libro “La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política”, los investigadores del Conicet Inés Camilloni y Vicente Barros, relataron cómo durante las inundaciones de 2007 en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, se dieron “situaciones anárquicas” en las que cada productor defendía sus tierras con la construcción de diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas. 

Camilloni y Barros calcularon que actualmente más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades del país. Los casos de mayor vulnerabilidad se dan en poblaciones en la Cuenca del Plata, que abarca los valles naturales de inundación de los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Uruguay, y sus afluentes, ocupados por sectores humildes o de clase media baja, como las zonas anegadizas del Litoral. También se trata de los pueblos rurales de la región pampeana y las comunidades del Noroeste, en Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Camilloni, que es titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de Conicet, aseguró que el “compromiso social” de los científicos debe estar dirigido a la “alfabetización sobre cambio climático”.

Distintos organismos internacionales también alertaron sobre la situación del desmonte en Argentina. En un informe del Banco Mundial publicado el año pasado, figura que el país perdió un total del 12 por ciento de sus zonas forestales entre 2001 y 2014. El estudio detalla que “casi toda la deforestación ocurrió en el norte” del país y que en Santiago del Estero se dieron “los mayores niveles de desmonte en el mundo”. Entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, Argentina figura en el noveno puesto, y el informe advirtió que la pérdida equivalía a la desaparición de “un bosque del tamaño de una cancha de fútbol por minuto”. Por su parte, los datos del Global Forest Watch revelaron que la deforestación en el período mencionado significaba el 8 por ciento del total deforestado en Sudamérica. Los especialistas del organismo apuntaron a que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, los empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos. A modo de conclusión advirtieron que si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales las lluvias y el desborde de ríos seguirán incontenibles.