Un dato desnuda la realidad de nuestra Argentina: 5,6 millones de niños viven en la pobreza y 1,3 millones en la indigencia, según reveló Unicef. La contracara es que 100.000 personas se quedan con el 55 por ciento de la renta nacional.

Debería ser un tema de debate nacional pero la noticia, cobra relevancia un día y luego se pierde en una maraña de noticias frívolas y datos intrascendentes. Los políticos, hacen una declaración de compromiso y se olvidan del tema con la misma facilidad que se sacan una foto con una modelo.

La causa invisibilizada que subyace al dato es la estructura económica que legó la dictadura. El modelo instaurado en la Argentina desde 1976 no genera empleo, y el que genera es de mala calidad. Antes quien tenía trabajo salía de la pobreza; hoy millones de trabajadores no superan esa línea.

El empleo industrial que es el corazón del empleo no logra superar el millón 300 mil puestos. Entre 2012 y 2016 el empleo privado creció apenas el 4,5 por ciento. Como consecuencia de esa incapacidad del sector privado, el refugio es el empleo público que creció el 22 por ciento.

Por su parte, la recuperación de los salarios desde el 2003 no alcanzó al nivel de 1993 que era bajo comparado al de 1984 y aún más bajo respecto a 1974. El actual gobierno busca aplicar una nueva vuelta de rosca a esa distribución regresiva del ingreso, disminuyendo lo que llama eufemísticamente costos laborales, que no es otra cosa que el salario de todos nosotros.

Nos prometieron que la entrega de la Argentina a las multinacionales generaría competencia, se radicarían nuevas empresas, se multiplicaría el empleo y bajarían los precios de las cosas que consumimos. El absurdo llega al punto de que los alimentos son más caros en nuestro país que en Europa y el precio de la energía no para de crecer, mientras subsidiamos la exportación de petróleo.

Las constantes de la estructura económica –no del modelo– son que genera cada vez más pobres y, al mismo tiempo, más fuga de capitales que se acumulan en el exterior. Una nueva bicicleta financiera está despojando –otra vez– a los argentinos de nuestros recursos. No se trata de cifras abstractas o billetes sin valor. Lo que fugan los dueños de la Argentina y lo que se llevan los “inversionistas” extranjeros en esta bicicleta son las horas de trabajo de millones de argentinos; es la riqueza acumulada por el trabajo de todos, generación tras generación. No es inversión para producir, es despojo sin contraparte.   

Los dueños de la Argentina –Pérez Companc, Macri, Clarín, Techint, Bulgheroni y tantos otros– viven una fiesta que nunca se acaba. El modelo cambió durante una década, pero la estructura no se modificó y ellos siguen ganando.

Por eso decimos que para resolver la pobreza hay que discutir la riqueza: los privilegios de unos pocos deben terminarse en beneficio del buen vivir de las grandes mayorías. 

Ante la gravedad de la situación que revela el informe de Unicef, desde “La Dignidad” proponemos la implementación de un Ingreso Básico Universal (IBU): ninguna familia puede ganar menos de 15.000 pesos. Con esa medida de emergencia erradicamos la pobreza e impulsamos el mercado interno. Al mismo tiempo, debemos desplegar una política integral, destinada a modificar la estructura económica del país.

Para discutir la estructura económica –y no el modelo–, es necesaria una fuerza política, protagonizada por los trabajadores y el conjunto del pueblo. Construirla es nuestra apuesta y nuestra invitación. El día que esa fuerza exista, un dato como el difundido esta semana no pasará desapercibido.

* Referente de La Dignidad. Izquierda Popular.