La Justicia de Río Negro ordenó reincorporar e indemnizar con más de 2 millones de pesos a una mujer policía que sufría violencia de género doméstica por parte de su expareja, al considerar que la fuerza de seguridad la desvinculó sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad que atravesaba. También acusaron al organismo provincial de ejercer violencia institucional contra la víctima.

Además, el Tribunal conformado por los jueces Ambrosio Huenumilla, Daniela Perramón y Gabriela Gadano, ordenó el dictado de cursos de capacitación y formación por parte de esa fuerza de seguridad a todo su personal para erradicar la violencia laboral y de género, según la sentencia a la que accedió Palabras del Derecho.

“La situación de vulnerabilidad no fue contemplada por la institución que, lejos de protegerla, le declaró la baja de la fuerza y por esta razón la revictimizó, ejerciendo así violencia institucional y discriminación indirecta por parte de ese organismo de seguridad”, argumentó la Cámara Segunda del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial.

En este sentido, se cuestionó que se le hayan iniciado actuaciones administrativas a la mujer por falta de cumplimiento de tareas y horarios, consecuencias inmediatas y mediatas de la violencia doméstica padecida.

En el expediente se dio a conocer que la expareja de la víctima, en la última pelea que tuvieron, agarró el arma reglamentaria de ella y efectuó un disparo, terminando así con su vida. En este sentido, se destacó que la institución omitió tener en cuenta el conjunto de circunstancias trascendentales del momento particular que estaba transitando sin tener una perspectiva de género, ejerciendo así una discriminación directa.

En su voto, el juez Ambrosio Huenumilla señaló como significante que no se le reconocieron varios derechos a la denunciante, entre ellos: identificarla y darle trato y calidad de víctima y darle un tratamiento digno y humanizado en las actuaciones administrativas.

Al inicio de la disputa judicial, la demandante había reclamado su incorporación a la fuerza, así como el cobro de una indemnización por los daños sufridos. Fundó su pedido en diferentes instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos, la Convención de Belém do Pará, que señala en su artículo 9 que “los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer”.