La Red de Parlamentarias Fueguinas y Mujeres Gobernando expresó mediante un comunicado su acompañamiento a Yanira Martínez y su familia en el proceso penal que investiga al concejal Javier Branca y su asesor Maximiliano Rijo por amenazas y extorsiones. 

“Las amenazas y extorsiones son modalidades mafiosas que lastiman a la política y, en particular, a la participación de las mujeres en la política. Repudiamos rotundamente este tipo de prácticas que se denuncian en el proceso penal que investiga a un representante electo como es el Concejal y Convencional Constituyente de Ushuaia Javier Branca y su asesor Maximiliano Rijo”, comienza el documento difundido por la organización.

En su denuncia, radicada en el Juzgado de Instrucción Nro. 3 del Distrito Judicial Sur, Yanira Martínez Ortiz dejó constancia que Maximiliano Rijo, en representación de Javier Branca, edil del bloque “Partido de la Ciudad”, la amenazó con destruirla a ella y su familia. La denunciante también acusó al concejal y a su colaborador de persecución política y violencia contra la mujer.

Según consta en su declaración judicial, Ortíz, quien era miembro de las cooperativas de viviendas “Nuestro Techo” y “Mujeres Cooperativistas”, fue “presionada y obligada a renunciar por el concejal Javier Branca, bajo la amenaza de hacer circular un material que decía presuntamente tener, para destruir (su) relación de pareja y (su) familia”. Tal hostigamiento habría sido realizado luego de que la denunciante participara, el pasado 3 de junio junto con otras mujeres del movimiento cooperativista y feminista, en la marcha del “Ni una menos” bajo la consigna “No más violentos en nuestra cooperativas”, haciendo alusión al concejal Branca.

Tras su participación en la marcha, la denunciante fue convocada a una reunión por Maximiliano Rijo, presidente de la Cooperativa Nuestro Techo, quien le manifestó actuar en representación del concejal Branca, para hacerle saber que se había producido un quiebre en la relación política que mantenían y amenazarla con atentar contra su reputación pública.

Finalmente, en su declaración la denunciante destaca que ante esta situación se sintió “aturdida, asustada y paralizada”, remarcando el ejercicio de la violencia simbólica ejercida sobre ella por su condición de mujer. “Es muy claro que estas prácticas constituyen violencia política, es de suma importancia que la justicia investigue a fondo y arbitre los medios necesarios para que estas conductas cesen”, expresaron desde la Red de Parlamentarias Fueguinas y Mujeres Gobernando. “Las mujeres vinimos a la política para que cambien estas prácticas de una vez por todas y para construir una sociedad libre de violencias, en donde todos y todas podamos ejercer libremente nuestros derechos”.

Para finalizar, el documento enfatiza la necesidad de desnaturalizar este tipo de conductas violentas y machista. “Por eso reafirmamos que Yanira no está sola, desde la Red de Parlamentarias Fueguinas y Mujeres Gobernando estamos con ella en la búsqueda de justicia, para que la política fueguina esté libre de violencia política hacia las mujeres y podamos vivir en una sociedad más igualitaria y con más derechos”.

Cabe destacar que, ante los hechos producidos, y como medida preventiva, el fiscal Nicolás Arias ordenó que se realizara una pericia psicológica “con perspectiva de género” al concejal Javier Branca y le prohibió que se acerque a la denunciante y su familia mediante una perimetral.