A una semana de la visita del presidente Alberto Fernández a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y a días del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández, que en un acto en conmemoración de los 40 años del fallecimiento de Perón, destacó la obra de la Tupac Amaru, la provincia de Jujuy vivió una jornada de tensión por el despliegue de operativos policiales llevados a cabo en domicilios particulares de referentes sociales y en sedes de organizaciones de este tipo, tanto en San Salvador de Jujuy como en las localidades de Maimará, Tilcara, Lozano, Palpalá y Calilegua.
En un día de agitación, hubo operativos, con policías fuertemente pertrechados, en la sede del Frente de organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Evita, Nuestramérica Jujuy, Tupac Amaru, entre otras, así como en comedores y merenderos y en domicilios particulares ubicados en barrios populares.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sostuvo que estos hechos son "una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia”, y exhortó a las autoridades jujeñas a "detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia".
Organizaciones de derechos humanos de Jujuy denunciaron que la criminalización de la protesta social y pidieron la intervención a los poderes de la provincia.
Uno de los dirigentes allanados, José Surita, del Movimiento Evita, relató que los policías “ingresaron rompiendo puertas, vidrios". "Preocupa mucho la violencia institucional que ejercen la Policía, el ayudante fiscal, en los allanamientos. Apuntando con pistolas a las personas que estaban en los domicilios. Preocupa la falta de seguridad jurídica por el armado de causas por extorsión y asociación ilícita. Los abogados están trabajando para ver de poner un poco de freno a este avasallamiento. La movilización al Congreso que se realiza es para pedir que se trate el pedido de intervención a la justicia jujeña”, aseguró.
En la orden de allanamiento autorizadas por el juez de Control Rodolfo Miguel Fernández se consigna que el fiscal provincial Diego Funes, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, inició esta causa "de oficio", aunque sobre el final se reseñan denuncias de particulares.
El juez libró una orden de “allanamiento, registro, requisa y secuestro” para diez domicilios particulares de otros tantos referentes ubicados en los barrios Tupac Amaru, Alto Comedero, Belgrano, San Isidro, Coronel Arias, San Pedrito de la capital provincial y de las localidades de Calilegua, Tilcara, y Palpalá, y en un merendero de la CTEP en Lozano. También dispuso que se allanaran el Merendero Patito Feo, el Centro Comunitario Chirolita, la Cooperativa de Trabajo Cristo Vive Limitada, la sede del Movimiento Evita en Lozano, el Movimiento de Trabajadores Excluidos en Alto Comedero y el Frente de Organizaciones en Lucha en Alto Comedero también.
Según la orden de allanamiento, se investiga un “esquema de organización delictiva (asociación ilícita)" y se acusa a las personas investigadas de "amedrentar" a "personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales" con que iban a quitarles sus beneficios sociales "si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica”. Referentes sociales y de derechos humanos de Jujuy destacaron que esta misma práctica fue usadas en 2016 por "la justicia adicta de Morales", que se valió de “testigos” pata denunciar a dirigentes sociales.
En estas circunstancias, dirigentes de organizaciones sociales convocaron a una conferencia de prensa, hoy a las 10, en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, bajo la consigna “Basta de perseguir a los y las que luchan”.
Contravenciones, otra vez
Mientras se realizaban los allanamientos, las organizaciones de la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD) junto a otras movilizaban a la casa de gobierno y al Juzgado de Control solicitando una vez más el sobreseimiento de Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, a un año del inicio de una causa penal contra estas docentes populares de la Biblioteca Popular Niñxs Pájarxs de la Agrupación de Jóvenes Independientes 20 de Agosto (AJI20). A Velázquez y Ramos se les imputó por amenazas al gobernador, por un grafiti que no realizaron.
Las organizaciones además reclaman información sobre la situación de los policías infiltrados en Radio Pueblo, que también gestiona AJI20, y piden la derogación del Código Contravencional, una herramienta que el gobierno jujeño viene usando para castigar a quienes realizan protestas.
En ese marco, Miguel Ramos, referente de la ATD, manifestó su “Solidaridad con las organizaciones luchadoras del campo popular, repudio a Morales y su política de hambre y represión”, y resaltó que una vez más les labraron actas contravencionales por manifestarse públicamente.
“Morales se equivoca si cree que, con allanamientos, armado de causas, presos políticos va a frenar la situación que estamos padeciendo los jujeños. La receta que aplica Morales es hambre y represión, ajuste a los de abajo. Por eso llamamos a las organizaciones a movilizar a semejante atropello que estamos sufriendo”, subrayó.
“Si es por los planes sociales deberían allanar la Casa de Gobierno, me encantaría saber qué hace Morales con los 82 mil planes sociales que maneja este gobierno y que no se ve trabajo. La gente que está movilizando trabaja en merenderos, comedores", agregó.
Repudios a la violencia institucional
En la tarde ayer se sucedieron las manifestaciones de repudio a las medidas dictadas por la justicia jujeña, que desde la asunción del gobernador radical viene demostrando una sujeción casi absoluta a los designios del Ejecutivo provincial.
La APDH Regional Jujuy repudió "la criminalización de la protesta social", se solidarizó con “con los referentes de las organizaciones sociales" y acusó "al gobernador Gerardo Morales por atropellar, sistemáticamente, los derechos ciudadanos”. La organización denunció que los allanamientos realizados "en los domicilios particulares de diferentes dirigentes sociales, a merenderos pertenecientes organizaciones sociales, no son otra cosa que la muestra cabal y elocuente del manejo discrecional que el gobernador hace de la justicia, la cual evidentemente no constituye un poder independiente y, por el contrario, pareciera estar sólo para cumplir las órdenes del Ejecutivo provincial”.
HIJOS Jujuy repudió "al accionar represivo del gobierno de Gerardo Morales y el Poder Judicial provincial servil a los intereses de Morales, que no cesan con la persecución judicial y política contra todxs aquellxs que levantan la voz demandando una vida digna o enfrentando sus políticas autoritarias".
En tanto la Liga Argentina de Derechos Humanos pidió la “intervención de los tres poderes del estado en Jujuy, por parte del Congreso Nacional”. La organización recordó que “El gobernador Morales responde a cada gesto solidario con Milagro y lxs presxs políticxs de Jujuy con nuevas agresiones. En este caso con la colaboración siempre predispuesta de la Policía y el Ministerio Público de la Acusación y el Tribunal Superior de la Justicia, montaron estos operativos incluso en hogares familiares”.
“Sobran los motivos para pensar que esto es un acto de revancha, que busca continuar criminalizando y desprestigiando a las organizaciones y a las personas solidarias, organizadas y comprometidas con el presente y futuro de Argentina". “Siempre supimos que al neoliberalismo se lo arraiga con represión, persecución, miedo. Pensamos que no había lugar para ese tipo de 'gestiones' dentro de la democracia”, aseguró la Liga.
Así también la Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) Jujuy repudió "la persecución política y judicial de referentes de organizaciones sociales de la provincia de Jujuy", y advirtió que esta medida "se enmarca en un contexto represivo y de criminalización de las organizaciones iniciado en diciembre de 2015 y que se ha ido agravando”.
El legislador provincial Emanuel Palmieri (PJ) condenó los operativos: "En Jujuy siguen persiguiendo a los que piensan distinto. La justicia no puede ser un brazo disciplinador del Gobierno. Mi solidaridad con mis hermanos jujeños que por su valentía arriesgan hasta su propia libertad", publicó en Twitter.
