La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad (Adiunsa) cuestionó el lunes último al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) por la aprobación de un nuevo pago millonario al ex rector Víctor Hugo Claros, bajo el concepto de vacaciones no gozadas. En las últimas horas de ayer se conoció que el actual rector, Daniel Hoyos, tomó la decisión de "suspender y observar" esa resolución, instando a que el tema se vuelva a tratar hoy en la 4° sesión del Consejo Superior, que se iniciará a las 16, en las instalaciones de la Universidad.
La polémica por el pago de las vacaciones no gozadas al ex rector viene de marzo de este año, cuando Adiunsa denunció que había desigualdades y excepciones a favor de Claros. A través de la resolución 437/21, que se emitió en diciembre del año pasado, se aprobó el pago de un monto superior al millón de pesos, que correspondían a 286 días, desde 2012 a 2021. Sin embargo, en esta nueva resolución, ese monto se incrementaba a casi 6,5 millones de pesos.
En este sentido, ayer se conoció una nota dirigida a las y los consejeros universitarios, en la que Hoyos pidió que se "atienda debidamente y con la prudencia que el caso amerita, dada la gravedad institucional que la cuestión representa", ya que consideró que no se trata de una liquidación más de un agente estatal, sino que "está en juego la legalidad administrativa de la Universidad".
En ese sentido, dijo que si se va a establecer una "excepción a la regla" con Claros, "debe examinarse con la estrictez que el asunto requiere". Aseguró asimismo que lo único que le correspondía al ex rector en concepto de vacaciones no gozadas, eran dos años que irían "desde la fecha de finalización o cese del agente en su último cargo de gestión (mayo 2020/mayo 2022)".
Por su parte, el secretario general de Adiunsa, Diego Maita, dijo a Salta/12 que la aprobación del pago de las vacaciones que reclama el ex rector es una "improlijidad tremenda", ya que no se contó con la intervención de una asesoría jurídica ni de un equipo de auditoria, entendiendo que se habla de muchos días y de cifras millonarias. "Es una gran preocupación por la desigualdad que esto habilita con respecto al resto" de los trabajadores, expresó.
En un extenso documento que emitió el gremio, se explicó que en la sesión del 23 de junio se aprobó un despacho de la Comisión de Hacienda, en el que se pedía modificar la primera resolución que refería a las vacaciones no gozadas del entonces rector. Además, en la sesión el decano de la Facultad de Ingeniería, Raúl Casado, pidió que se precisara la solicitud: "en el artículo 1º, donde dice última situación de revista, le agregaría de rector […], para aclarar” y acto seguido mocionó la aprobación del despacho.
La votación hubo 4 abstenciones, más de una decena de votos afirmativos, y ningún voto negativo. Adiunsa también destacó que el proyecto en cuestión venía con el membrete de la Facultad de Ciencias Económicas, cuando el ámbito de decisión es el Consejo Superior. "Imaginen a la Cámara de Diputados de la Nación votando un despacho que viene con membrete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; algo así, equivalente", explicó.
La cuestión de los días
Adiunsa también se refirió al artículo 2 del despacho cuestionado. En ese sentido, se seguía pidiendo un carácter “excepcional” para Claros, pero hubo una “rebaja” de días, que pasaron de 286 a 264. "Esta cantidad equivale a 8 meses y 24 días que a valores salariales actuales (el bruto por el cargo de rector en la UNSa actualmente es de $730 mil pesos) lleva el monto a percibir por el ex rector Claros a la friolera de $6.424.597,34", aseguró el gremio. El monto anterior apenas superaba el millón de pesos.
Pero el gremio también cuestionó que se dio una nueva distribución de los días computados. En la primera resolución (437/21) se detallaba que los 286 se componían de la siguiente manera: 200 días para el período 2012-2015; 36 días para el período 2016-2020, y 50 días de vacaciones por el período 2021. Sin embargo, la nueva resolución del Consejo Superior reconoció una “disidencia” con el conteo de días que se tomó como base en la resolución anterior. Y ahora se tomaba como referencia un nuevo informe en el cual se detallaban 264 días. Ese nuevo cómputo se compuso de la siguiente manera: ningún día para el período 2012-2015; 196 días para el período 2016-2020; 50 días de vacaciones pendientes por el período 2021, y un agregado de 18 días correspondientes al proporcional de vacaciones no gozadas de 2022.
El gremio resaltó que en la nueva tramitación no quedaban días pendientes entre 2012 y 2015, y que sólo había 4 para 2016, "cuando lo que se votó y aprobó en diciembre reconocía más de 200 para el mismo período". Se sumó que "en el informe original había sólo 36 días para 2016-2020 y ahora de repente aparecen 196 ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso se votó algo incorrecto en diciembre, ahora se 'subsana' y nadie se hace cargo?", cuestionó.
Además de estos señalamientos, Maita indicó que tanto el decano Casado y el actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Carlos Portal, firmaron ambos despachos. Sostuvo que ambas disposiciones son contradictorias y "otorgan derechos sobre una base fáctica muy diversa, mientras que como comunidad universitaria no hemos tomado conocimiento siquiera de una mínima autocrítica en relación a lo hasta acá tramitado".
En esa línea, el secretario general de Adiunsa recordó que en 2017 y 2018, cuando se avanzó en la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, "desde el rectorado y algunos decanatos se exigió a compañerxs el uso de los días de vacaciones no gozadas", por lo que, "contra su voluntad, en períodos sumamente incómodos, incluso en medio del ciclo lectivo, algunxs compañerxs lo hicieron. Otrxs, por el contrario, perdieron esos días".
Adiunsa aclaró que no niega el derecho a cobrar días de vacaciones no gozadas a ningún trabajador. Pero, "en tanto se respete la universalidad e igualdad en que esto debería basarse". Sumó que no está de acuerdo con privilegios y menos aún, "con la 'excepcionalidad' en el trato dispensado a un ex rector, que como autoridad máxima de la casa de estudios no es ajeno -así sea en situación tácita- a estas tramitaciones". Por lo tanto, pidió la nulidad de la resolución.
