El gobierno de Salta declaró por tres años la emergencia carcelaria mediante la resolución 651, publicada en el Boletín Oficial. La medida había sido anunciada por el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. El subsecretario de políticas criminales y asuntos penitenciarias, Ángel Sarmiento, informó que conformarán una comisión, integrada por distintos ministerios, que estará enfocada a dar respuestas a la problemática de la sobrepoblación carcelaria. El instrumento que declara la emergencia no asigna un presupuesto específico.

La  declaración de emergencia comprende “los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios, y demás dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas”, especifica la resolución.

En el artículo 2 ordena la conformación de una Comisión de Emergencia en materia penitenciaria que se integrará con un representante de la cartera de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario Provincial, de la Subsecretaría de Políticas Penales, del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Y se invitará a un representante de la Corte de Justicia de Salta, la Defensoría General del Ministerio Público y la Procuración General.

“La emergencia se dicta con la finalidad de solucionar el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, lugares que no están adecuados para ser centros de detención como las comisarias. En este marco, mucho va a tener que ver lo que podamos avanzar con Infraestructura, Obras Públicas y Economía para obtener los recursos, poder solucionar este problema y avanzar con pequeñas modificaciones y obras”, dijo Sarmiento a Salta/12. Precisó que la provincia tiene 3.970 personas privadas de la libertad en complejos penitenciarios, mientras que en las comisarías hay 800.

El funcionario indicó que no se asignó un presupuesto, por ello "la resolución entiende fundamental invitar a los ministerios correspondientes para abordar la problemática". Dijo que consideran la posibilidad de recuperar la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia, de 500 millones de pesos, por el sostenimiento de presos federales, dado que "pueden ser destinados a brindar soluciones de emergencia".

Reproches 

Sarmiento detalló que prevén trasladar a los detenidos en comisarías a los complejos penitenciarios. Dijo que en el norte “la situación debe ser abordada inmediatamente” y reconoció que han tenido reproches de organismos de derechos humanos y “de la Justicia que ha dictado habeas corpus para mejorar la situación de las personas privadas de la libertad”. "En el norte provincial nos vamos a abocar en detenidos en comisarías, solo San Martín y Orán tienen más de 350 personas detenidas en comisarías", precisó.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, Ricardo Martoccia, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo, presentado por lxs defensorxs oficiales Lorena Babicz, Natalia Pagani, Carlos Saifir y Luis Véliz por la situación de los detenidos en comisarías de Tartagal.   

Sarmiento dijo que evalúan contratar "módulos transitorios para personas alojadas en comisarias", indicó que son similares a los usados por las empresas mineras para los obreros, pero están analizando el material del que están hechos porque deben contemplar aspectos relacionados con medidas de seguridad. También aclaró que en caso de que sean aprobados, no tienen el presupuesto y deben "sentarse con Economía".

El funcionario también informó que la nueva Unidad Regional 8 funcionará en el viejo hospital de Embarcación y allí prevén que funcione un lugar para alojar a los detenidos pero a cargo de personal penitenciario. 

Por otro lado, dijo que deben ampliar las alcaidías. Hay tres en la provincia, en Tartagal, Orán y Salta Capital. En el departamento Metán, donde se esta diagramando un nuevo edificio para el penal de varones, “La obra es la más importante. Tendrá capacidad para 350 internos, eso es duplicar la que tenemos hoy. Dentro de la unidad (carcelaria) 2 hay 150 o 160 detenidos, y capacidad para 120”, precisó.

“La idea que tiene el ministro (de Seguridad) es transformar la vieja cárcel (de Metán) en una alcaidía”, dijo Sarmiento. Detalló que reformarían el edificio viejo para que funcione una alcaidía de varones y una de mujeres.

Sistema semiabierto para mujeres 

En el distrito sur no hay un penal para las mujeres que cumplen condena, Sarmiento indicó que todas son trasladadas a la Unidad Carcelaria 4 en la ciudad de Salta. Aclaró que la incidencia es poca, por lo que “no amerita la construcción” de una cárcel en el sur provincial.

El sistema semiabierto para mujeres es otra propuesta que lanzó Cornejo este año. Sarmiento dijo que tienen como "proyección" crearlo y que funcione en la granja de Rosario de Lerma o en la de Cerrillos. 

En lo que respecta a la cárcel de Villa Las Rosas, donde se encuentran las unidades carcelarias 1 y 4 de varones y de mujeres, Cornejo propuso en su plan de seguridad y justicia el traslado a otro edificio, sin embargo, Sarmiento indicó que esto no sería viable en el corto plazo. Por ende dijo que harán son modificaciones en los actuales edificios. Mencionó como algo a modificar las celdas de aislamiento "que no tienen que ser celdas de castigo", el Comité de Prevención de la Tortura propuso eliminarlas. 

Para Sarmiento, esas celdas son necesarias "porque hay situaciones en que hay enfrentamientos entre internos", incidentes que terminan "con lesionados, algunos de gravedad". Por ello consideró que deben ser separados del pabellón por razones de seguridad.

Otro punto que el funcionario dijo van a abordar tiene relación con los vehículos del sistema penitenciario porque casi el 50% están parados y requieren reparación. 

En la comisión de emergencia carcelaria no se prevé la participación del Comité de Prevención contra la Tortura ni de las organizaciones de derechos humanos. Sarmiento explicó que esto se debe a que “la comisión tendrá que ver cómo agilizar obras de infraestructura que están en trámite”, y cuestiones administrativas “como la contratación y compra de colchones y frazadas” y también lo que atañe a la situación procesal de lxs prisionerxs.

“La competencia no es especifica del Comité contra la Tortura, cuando avancemos serán consultados. Las recomendaciones del Comité han sido uno de los puntos que se ha tenido en cuenta para la declaración de emergencia”, sostuvo Sarmiento. Indicó que se está reformando la ley orgánica del sistema penitenciario, y “se ha invitado al Comité para que emita su opinión”. Lo mismo dijo el funcionario respecto a las organizaciones de derechos humanos, ya que consideró que “no son competencias” de éstas los tramites en los que trabajará la comisión. Aunque consideró que “se les puede pedir una opinión”.

Consultado por los centros penales para adolescentes en conflicto con la ley penal, ubicados en Orán, Metán y Salta, Sarmiento dijo que "no tienen problemas de sobrepoblación". Añadió que en Metán ya han abordado la creación de un nuevo centro con condiciones adecuadas.

Y en Capital tienen capacidad para alojar a 30 adolescentes pero tienen alrededor de la mitad. Sarmiento indicó que para el caso de adolescentes que han cometido delitos leves quieren promover que puedan estar con sus familias y que para ello vienen trabajando con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación en programas de asistencia con "una mirada integradora de los niños".