El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, precisó su promesa de eliminar la Procuraduría y reemplazarla por una "gran fiscalía anticorrupción", generando críticas por parte del gobierno que dejará el poder el 7 de agosto.
El presidente electo explicó en W Radio que “la Procuraduría pasará al poder judicial y se volverá en la gran fiscalía anticorrupción”. “Vamos a hacerle caso a la sentencia de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)", complementó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó en 2020 al Estado de violar los derechos políticos de Petro después de que, en 2013, la Procuraduría lo destituyera de su cargo como alcalde de Bogotá, una decisión que posteriormente fue revocada. La corte recomendó al Estado colombiano quitarle la potestad a la Procuraduría de destituir a un funcionario electo, lo cual no ha sucedido.
Durante la entrevista radial, Petro aseguró: “No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligadas a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”.
Las respuestas
La actual canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, cuestionó el anuncio de Petro y consideró que eliminar la Procuraduría "se vuelve peligroso" porque "tiene esa función de control disciplinario del Ejecutivo”.
“Uno podría quedar en manos de un poder público arbitrario, y eso jamás sería bueno para la salud de la democracia”, dijo la vicepresidenta saliente, quien reconoció que el organismo debe fortalecerse, “pero su eliminación son palabras mayores”.
En cambio, apoyó la decisión Francisco Santos -exvicepresidente del gobierno de Álvaro Uribe, primo del expresidente Juan Manuel Santos y embajador de Colombia en Estados Unidos del gobierno de Iván Duque-, quién opinó que la Procuraduría “solo le sirve a los políticos que la llenan de amigos”. Entre los respaldos a la propuesta los apoyos también destacael del líder del partido Nuevo Liberalismo y exprecandidato presidencial, Juan Manuel Galán.
Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el exprocurador Alfonso Gómez Méndez explicó que, aunque “viable podría ser en términos políticos”, se necesita una reforma constitucional para seguir adelante con la promesa de campaña. “No es como la gente cree, que en 15 días ya no habrá Procuraduría. Además, el presidente electo ha dicho que cualquier decisión sobre eso sería a partir del 2025”, señaló en declaraciones a Blu Radio.