El gobierno de Perú envió al Congreso un proyecto de ley que busca penalizar la difusión de información reservada de investigaciones judiciales. La iniciativa, que había sido anunciada semanas atrás, recibió el rechazo de varios sectores y fue calificada de inconstitucional.
El texto propone la creación del delito de difusión de información reservada en la investigación penal y establece una pena de entre dos y cuatro años de prisión para fiscales y jueces que compartan documentos.
Con la iniciativa, el gobierno busca “salvaguardar la información reservada” y “garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, detalla el proyecto.
“Actualmente, es recurrente el desarrollo de conductas destinadas a difundir información reservada concerniente a investigaciones penales”, denuncia el documento, y agrega que esto compromete “negativamente la calidad de las resoluciones finales” y “abona en la pérdida de confianza ciudadana en el sistema de justicia”.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que el proyecto es inconstitucional. “La intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es inconstitucional. Correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados” en investigaciones sobre actuales o ex integrantes del actual gobierno, indicó la institución a través de un comunicado.
El IPYS recordó que el propio presidente, Pedro Castillo, es investigado, entre otros, por el caso Sarratea. A fines de noviembre, un reportaje periodístico mostró al presidente recibiendo personas en una casa ubicada en la localidad de Sarratea, en el distrito limeño de Breña, que habría utilizado como "centro de operaciones" durante la campaña electoral.
Según el programa Cuarto Poder, en esas reuniones participaron la empresaria Karelim López, quien asesoró a una de las compañías que se adjudicó la construcción del Puente Tarata III en la región San Martín, y el empresario Marco Antonio Villaverde, investigado por presunto lavado de activos, y otras personalidades.
Al anunciar el proyecto ahora presentado, el ministro de Justicia, Félix Chero, argumentó que los medios “tienen sus propias fuentes” y que, sobre la información judicial, "no necesariamente el que recibe la información es un periodista". "La puede recibir cualquier otra persona que está interesada, justamente, en tener esa información para presionar testigos, para presionar a las partes”, señaló a mediados de junio.
