Italia comenzó a juzgar este jueves a 59 presuntos responsables -entre ellos varios empresarios- del derrumbe en 2018 del puente Morandi de Génova (noroeste), en el que murieron 43 personas.
El 14 de agosto de 2018 a las 11.36 (07.36 local), bajo una intensa lluvia, una parte del puente Morandi se hundió de forma repentina, arrastrando con él vehículos y pasajeros. Entre los fallecidos había cuatro niños.
La tragedia reveló el mal estado de las infraestructuras de transporte y puso bajo el foco a la empresa Autostrade per l'Italia (Aspi), acusada de no haber dado el mantenimiento adecuado al puente, para incrementar sus ganancias.
El puente Morandi, cuyo nombre proviene del arquitecto que lo diseñó en los años 1960, "era una bomba de relojería", afirmó en febrero uno de los fiscales del caso, Walter Cotugno. "Se podía oír el tictac, lo que no se sabía era cuándo explotaría", agregó.
Para el fiscal, no hay dudas de que los directivos de Autostrade y de su filial Spea, encargada del mantenimiento, "eran conscientes de que se corría el riesgo de un colapso". Pero no quisieron financiar nuevas obras para "preservar las ganancias" de los accionistas, sostiene.
Las conclusiones de la investigación judicial son contundentes: "Entre la inauguración del puente en 1967 y el derrumbe -51 años después-, no se realizaron las más mínimas intervenciones para reforzar los tirantes del pilar número 9", que causó la tragedia.
La mayoría de los acusados citados por el Tribunal de Génova son dirigentes y técnicos. Entre ellos figura el entonces consejero delegado de Autostrade, Giovanni Castellucci, quien se retiró en 2019 con una indemnización de 13 millones de euros y el ex director de Spea, Antonino Galata, así como otros funcionarios del Ministerio de Infraestructura.
Testigo molesto
Los 59 acusados deberán responder por delitos como homicidio culposo múltiple, homicidio vial, desastre, ocultación de documentos, atentado a la seguridad de los transportes, falsedad y hasta omisión dolosa de dispositivos de seguridad.
Para Giovanni Paolo Accinni, uno de los abogados de Castellucci, "el puente se derrumbó a raíz de un vicio de construcción oculto, y es por eso que 40 personas murieron. Castellucci no tiene ninguna responsabilidad penal en esta tragedia".
Se estima que el juicio durará de dos a tres años. La fiscalía ha citado como testigo principal a Roberto Tomasi, sucesor de Castellucci y actual administrador delegado de Autostrade, quien declarará contra los antiguos ejecutivos de la empresa, según adelantó a la prensa. La primera audiencia se terminó este jueves tras pocas horas de iniciada y la próxima fue fijada para el 12 de septiembre.
Bajo una carpa erigida especialmente para la ocasión en el patio del Tribunal de Génova, el juez Paolo Lepri leyó los nombres del centenar de abogados de los acusados y de las partes civiles que se han constituido.
"Tuve la impresión de revivir la caída de las torres gemelas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001", confesó conmovido Furio Truzzi, presidente de Assoutenti, una asociación de consumidores que se ha constituido en una acción civil.
Pese a que los ex dirigentes comparecerán en el banquillo, Autostrade y Spea no serán procesadas gracias a un acuerdo pactado con la fiscalía, que prevé el pago de unos 29 millones de euros al Estado como indemnización.
Autostrade pertenecía en el momento de la tragedia al grupo Atlantia, controlado por la acaudalada familia Benetton, que acabó cediendo su parte al Estado el pasado mes de mayo, por presión de la clase política y el rencor popular.
Para Raffaele Caruso, abogado del Comité de Familiares de las Víctimas del puente Morandi, ese pacto entre Autostrade, Spea y el Estado "constituye un primer reconocimiento de responsabilidad" por parte de las dos empresas.
"Este es uno de los juicios más importantes de la historia reciente de Italia, por el número de acusados, la magnitud de la tragedia y las heridas infligidas a toda una ciudad", dijo Caruso a la AFP.
Sólo dos familias de las víctimas del puente Morandi se negaron a aceptar la indemnización ofrecida por Autostrade, que desembolsó unos 61 millones de euros por ese concepto.
Egle Possetti, presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas, declinó el ofrecimiento para no perder la posibilidad de presentarse como parte civil.
"Es una jornada muy importante para las familias de las víctimas sino también para todo el país. Confiamos en el hecho de que el proceso hará salir la verdad sobre la tragedia para evitar que nuestros familiares hayan muerto en vano", dijo a la AFP este jueves por la mañana en las escalinatas del Palacio de Justicia, en Génova.
La otra familia que no aceptó la indemnización fue la de Roberto Battiloro, quien perdió a su hijo Giovanni, un camarógrafo de 29 años, a quien le ofrecieron un millón de euros. "La vida de mi hijo no tiene precio, quiero un juicio de verdad", explicó.
