El abogado en causas por crímenes de lesa humanidad Pablo Llonto consideró como “bueno” el fallo de este miércoles en el que se condenó a una docena de represores por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la megacausa Campo de Mayo. Sin embargo, advirtió que “todavía quedan muchas víctimas sin tratar su caso y hay decenas de acusados nuevos que buscar”.
Por este motivo, Llonto criticó con firmeza el rol de la Corte Suprema de Justicia y la hizo responsable de la lentitud con la que avanzan estas causas. Sobre todo, tras tener en cuenta que en muchos casos esta demora hace que varios de los represores imputados en causas por delitos de lesa humanidad mueran antes de poder llegar a una instancia de juicio oral.
“Más allá de que hubo penas bajas para algunos represores, 10 perpetuas es importante. Para algunos era su primera condena. El panorama general también es bueno, pero es lento. Hay muchos juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Acá hay juicios todos los días de la semana. Da la sensación de que se está haciendo todo bien, pero se necesita mayor celeridad”, explicó el abogado.
Por ejemplo, dijo que en el juicio de esta semana, uno de los principales acusados, el jefe de los torturadores de Campo de Mayo, al que llevó muchos años identificar y detener, murió tres semanas antes de la sentencia. “Eso en un sector de los familiares dejó una sensación rara”, advirtió.
“El reclamo es a la Corte, porque es la responsable de la lentitud. No porque uno esté enojado con la Corte, sino porque en el 2010, hace 12 años creó la Comisión Interpoderes para acelerar los juicios de Lesa Humanidad y no funciona. El Presidente de la Corte no la convoca. Los cortesanos están en cualquiera”, denunció Llonto.
Sentencias en Campo de Mayo
El Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín condenó este miércoles a la pena de prisión perpetua a Santiago Omar Riveros por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Zona de Defensa IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, durante la última dictadura militar.
El tribunal, integrado por los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, advirtió que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto los delitos son imprescriptibles. La lectura del veredicto había comenzado con la lectura de los nombres de todas las víctimas.
Con el veredicto finalizó el juicio oral y público que inició el 29 de abril de 2019 y donde declararon más de 300 testigos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
También recibieron prisión perpetua Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Luis Sadi Pepa, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Conde y Mario Rubén Domínguez.
En tanto, Bernardo Caballero fue condenado a 20 años de prisión; Carlos Alberto Rojas a 13 años; Hugo Miguel Castaño Monje a 22 años de prisión; Roberto Julio Fusco a 11 años y seis meses; Carlos Daniel Caimi a 4 años de prisión; y Arnaldo Julio Román a 9 años y seis meses.
