El juez subrogante en lo Contencioso Administrativo de Uruguay, Alejandro Recarey, ordenó este jueves al Poder Ejecutivo que suspenda la vacunación contra la Covid-19 a niños menores de 13 años.

De esta manera, el juez hizo lugar al pedido realizado por el abogado Maximiliano Dentone que había presentado una acción de amparo. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, informó que el gobierno acatará la decisión, pero informó que apelarán la sentencia. El esquema de vacunación para mayores de 13 "continúa en marcha", informó el gobierno.

"El Ministerio de Salud Pública (MSP) reitera que cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación contra Covid-19 fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el grupo GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas", dice el comunicado del gobierno emitido este jueves.

Dentone, solicitó la suspensión de la vacunación contra el Covid-19 en niños de hasta 13 años, "hasta el momento en que quede comprobado que no existe perjuicio alguno para la salud derivado del acto de efectuar estas inyecciones". "Se intimó a la población la firma de un consentimiento sin información", dijo el abogado demandante.

En Uruguay, el 81% de la población tiene un esquema de vacunación completa (dos dosis). Entre los niños de 5 y 11 años, el porcentaje de vacunación con dos dosis es de 43%. El porcentaje sube a 75% para los adolescentes de entre 12 y 14 años y al 86% para la franja que va de los 15 a 19 años. Al dos de julio había 3607 casos activos.

Informar sobre los contratos firmados

Este jueves el MSP respondió por segundo día consecutivo las preguntas del juez Recarey sobre el tema, en especial las vinculadas a la composición de la vacuna Pfizer y las acciones del gobierno para conocer sus efectos en menores de edad.

El MSP afirma en su presentación que el Poder Ejecutivo "en todo momento actuó salvaguardando y protegiendo los derechos humanos, defendiendo la libertad de los padres, adultos responsables de menores de edad y adolescentes con autonomía progresiva de la voluntad, de ser vacunados si así desean".

Agrega en el escrito que las "vacunas son eficaces y seguras, lograron disminuir la mortalidad y los contagios" y son un "mecanismo para proteger la vida, la saluda y la integridad de las personas".

El juez Recarey dijo que se podrá retomar la vacunación una vez se publiquen de manera íntegra “todos los contratos de compra” de las vacunas de Pfizer, en especial los que detallen la “composición de sustancias a inocular”. También pide que se informe sobre los “beneficios que conlleva la vacuna”, los “riesgos que tenga” y si la sustancia que se aplica “tiene solo autorización de emergencia y no definitiva”.

No exigir PCR

El juez Recarey dictó también este jueves una sentencia haciendo lugar a otro pedido de amparo. En este caso, la denuncia fue presentada por dos mujeres que dijeron ser discriminadas cuando pretendían viajar a Buenos Aires (Argentina). El abogado de estas personas, Hoenir Sarthou, explicó que cuando se disponían a sacar los pasajes para viajar se encontraron con que se exigía una prueba de PCR para reingresar al Uruguay por no estar vacunadas.

“El no-vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes. Solo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto”, dijo el juez Recarey en su sentencia.