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La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sostiene que los diputados opositores Gerardo Milman y Ricardo López Murphy revelaron secretos de Estado como parte de su cruzada por atizar la investigación sobre la entrada al país del avión de Emtrasur con tripulación venezolano-iraní. La intervención de la AFI, que lidera Agustín Rossi, presentó una denuncia ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena para que investigue estos hechos en los que también incluyó al consultor en temas aeronáuticos Franco Rinaldi.
La denuncia de la AFI se radicó después de que el 5 de julio apareciera publicado en el diario La Nación que el trío Milman, López Murphy y Rinaldi presentó un escrito en Lomas de Zamora diciendo que la exSIDE habría recibido alertas vinculadas al avión por parte de Brasil y de Turquía. Los referentes opositores mencionaban a siete integrantes de la AFI con su cargo dentro de la estructura que podrían haber tenido acceso a los supuestos avisos. La presentación —que se terminó divulgando completa en distintos portales— la hicieron con el patrocinio del abogado Yamil Santoro y de María Eugenia Talerico, la exnúmero dos de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Según pudo reconstruir Página/12, la AFI sostiene que la presentación de Milman, López Murphy y Rinaldi brinda información sensible, pone al descubierto la estructura organizativa de la Agencia y, por ende, atenta contra los intereses de la defensa nacional. El organismo que dirige Rossi apunta contra los dirigentes políticos por filtrar información clasificada, aunque, según supo este diario, no hace mención a los medios de comunicación ni a los periodistas que publicaron la información.
Los cañones están enfocados, en particular, hacia Milman porque integra la Comisión Bicameral de Inteligencia, que en su último plenario se abocó a tratar el tema del avión a pedido de la oposición. Si bien el tratamiento no estuvo exento de fuertes cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la reunión había terminado con un compromiso de canalizar internamente los interrogantes que surgían sobre el accionar de los servicios de inteligencia frente a la llegada del avión que aún sigue parado en el aeropuerto de Ezeiza.
Durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Milman tuvo a su cargo también la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinicri) –que es parte del sistema nacional de inteligencia junto con la AFI y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), por lo que podría caberle alguna obligación especial con respecto al manejo de la información. Eso tendrán que determinarlo, en todo caso, el juez Villena y la fiscala Cecilia Incardona –si consideran que hay elementos para investigar–.
Por el momento, la denuncia presentada por la intervención de la AFI no tuvo correlato dentro de la Bicameral de Inteligencia, que no tiene actividades previstas para los próximos días. En la comisión que preside Leopoldo Moreau esperan que Villena levante el secreto de sumario y que envíe la documentación que fueron recabando el juzgado y la fiscalía.
No es la primera vez que se da una discusión sobre la filtración de información de inteligencia dentro de la jurisdicción de Lomas de Zamora. Cuando la causa de espionaje tramitaba en esos tribunales, el macrismo denunció que se había revelado información que ponía en riesgo la seguridad del país porque se filtraron unas copias de un libro de actas que había enviado la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a pedido de la fiscalía.
La figura de la filtración fue agitada por el propio Mauricio Macri en una presentación que hizo en los tribunales de Comodoro Py porque se conoció información suya que estaba almacenada en el teléfono de su secretario Darío Nieto, que estuvo imputado en la causa. Macri lo usó como una forma de socavar la investigación de Lomas y como una vía para atraer la causa por espionaje durante su gobierno hacia los tribunales de Comodoro Py.
Por la filtración de las copias de las actas, diputados de Juntos por el Cambio terminaron denunciando a Caamaño, al juez Juan Pablo Augé y a los fiscales Incardona y Santiago Eyherabide. Caamaño terminó siendo llamada a indagatoria por la jueza María Servini, que primero le dictó la falta de mérito y después la terminó sobreseyendo al igual que al resto de los denunciados por el macrismo. El paso del tiempo parece haber erosionado el celo con el que el macrismo se refería a la información de inteligencia.
