“Eduardo Emilio Kalinec es un negacionista, pero esencialmente es un criminal de lesa humanidad juzgado por la justicia argentina y cuya sentencia se encuentra firme”. Esas palabras no las escribió una de las víctimas del “Doctor K” en los centros clandestinos Club Atlético, El Banco o el Olimpo. Las escribió, por el contrario, Analía, la segunda de sus cuatro hijas y a la que el represor busca desheredar después de haber hecho público su repudio a su accionar durante los años del genocidio. Este jueves, Analía Kalinec le pidió a la jueza civil Marcela Eiff que desestime la demanda por “indignidad” que le inició su padre preso por crímenes aberrantes cometidos durante la dictadura: “No permita que esta hija desobediente a los mandatos de silencio sea castigada por pensar diferente del padre genocida”.

Analía nació en octubre de 1979 en Córdoba. La Policía Federal Argentina (PFA) había destinado a su padre a esa provincia. Para entonces, ya no estaban en funcionamiento ni el Atlético, ni el Banco, ni el Olimpo –que, en la práctica, fueron el mismo centro clandestino de detención que se fue mudando de acuerdo con las necesidades de los represores–. La historia de lo sucedido en los años inmediatamente anteriores a su nacimiento la golpeó de frente en agosto de 2005, cuando recibió un llamado de su madre diciéndole que su padre estaba detenido. Recién tres años después juntó las fuerzas necesarias para leer las imputaciones contra su progenitor y, en noviembre de 2009, estuvo en los tribunales de Comodoro Py para ver cómo se sentaba en el banquillo. Pidió expresamente no estar en espacio destinado a los familiares de los imputados.

La madre de Analía, Ángela Fava, murió el 9 de septiembre de 2015. Tras la detención de su marido por crímenes de lesa humanidad se le reactivó un linfoma no Hodgkin que le habían detectado en 1990. Pese a que estuvieron un tiempo distanciadas porque Analía empezó a contar públicamente la historia de su familia –o del silencio que guardaba su familia–, la acompañó hasta el final de sus días en el Hospital Churruca.

El “Doctor K” cumplió 67 años el 22 de febrero de 2019. Ese día le llegó a Analía una cédula que le anunciaba que su padre quería evitar que lo heredara a él y a su madre. Pedía para eso que los tribunales civiles la declaren “indigna” –una figura que puede aplicarse para quienes cometen delitos contra familiares, los denuncian o manchan su memoria–. En esa búsqueda, Kalinec (padre) contaba con el apoyo de sus dos hijas menores, María de los Ángeles y Alejandra. Las dos mujeres integran, al igual que el padre, la PFA.

Todo marchó bien en su familia, dice el represor en su escrito, hasta 2005, cuando fue detenido. Después, Analía fue “detectada” por activistas mientras estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde entonces, ella se hizo cargo de las acusaciones “genéricas” en su contra por delitos de lesa humanidad. Él se pregunta –en su presentación ante los tribunales– en cuánto contribuyó a su condena a prisión perpetua el repudio que su segunda hija le profesa públicamente.

En octubre de 2019, Kalinec (padre) y Analía se vieron las caras nuevamente –después de muchos años de rechazo mutuo– en el juzgado para una mediación a la que convocó la jueza. Entre otras cosas, el represor se quejó porque en la puerta de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) hay una placa que recuerda que allí funcionó un centro clandestino de detención. Dijo que no había tal memoria para sus compañeros de armas que murieron con la bomba de julio de 1976. Quizá para enmendar tal “desmemoria” Kalinec (padre) se presentó como querellante en la causa con la que se busca sentar en el banquillo a militantes de los años ‘70 y que volvió a moverse después de años de cerrada tras un nuevo impulso de la Cámara Federal porteña.

El Doctor K

Kalinec (padre) dice que Analía le hizo llegar una foto suya a la agrupación HIJOS para que pudiera ser identificado. No es cierto.

Su apodo figura en los archivos judiciales desde 1985, cuando el sobreviviente Mario Villani lo incorporó en un listado de represores que actuaron en Atlético-Banco-Olimpo. Villani lo recordaba como morocho, morrudo y de cuello grueso. También decía que era “bastante temido” dentro de las mazmorras.

En el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron otros testimonios que lo mostraban al "Doctor K" en acción. Ana María Careaga recordó que estaba furioso porque ella no había dicho que estaba embarazada al momento de su secuestro y que le pegaba patadas cuando la encontraba antes de ingresar al baño. “¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar”? la amenazaba. A Delia Barrera, el Doctor K le dijo que no iban a vendarle las fracturas porque no querían que se fuera a ahorcar con las vendas. A Daniel Merialdo, Kalinec lo golpeó con fiereza mientras estaba secuestrado en el Banco porque entendió que intentaba levantarse el “tabique” con el que le tapaban los ojos. Miguel D’Agostino lo vio en el “quirófano” mientras lo torturaban y tuvo oportunidad de mirarlo a los ojos cuando lo subieron a un auto con la intención de provocar nuevas caídas. Jorge Braiza lo identificó como quien les decía a prisioneros que serían trasladados a unas granjas en Chaco y que tenían que darles unas vacunas contra el mal de Chagas.

Por estos testimonios, el TOF 2 –integrado entonces por Jorge Tassara, Ana D’Alessio y María Laura Garrigós– entendió que Kalinec había participado en toda la cadena represiva: en los secuestros, en las torturas, en el manejo de los detenidos y en la fase final del exterminio con las inyecciones para adormecer a las personas privadas de su libertad y tirarlas a las aguas del Río de La Plata o del Mar Argentino. Por eso, lo condenó a prisión perpetua, sentencia que cumple en la cárcel aunque accedió recientemente a salidas transitorias.

Indignidad

Después de mediaciones y de escritos cruzados, llegó el momento de los alegatos en el juicio por indignidad que inició –curiosamente– el represor Kalinec contra su hija. Analía, a través de una presentación hecha por su abogado Juan Manuel Figueroa, pidió a la jueza Eiff que rechace el planteo de su progenitor.

“Ante el negacionismo de mi padre y de mis hermanas, quiero expresamente reivindicar y enumerar en este alegato cada uno de los casos, cada una de las víctimas por su nombre y apellido por las que mi padre fue condenado por homicidio agravado, por secuestro calificado y por torturas en 153 hechos y dar por tierra la supuesta generalidad de lesa humanidad”, dice el escrito al que accedió Página/12. Y allí copia cada una de las identidades de las personas a las que su padre le ocasionó sufrimientos.

“Yo tuve el descaro de venir a poner la palabra, la osadía de abrir los ojos”, dice la docente y referente del colectivo de Historias Desobedientes –que agrupa a familiares de genocidas que se rebelan ante los crímenes y el silencio aprendido en el hogar–. Desobediente por elección, aun así le reclama a la jueza que no la castigue por desobedecer y que no sea ella la declarada “indigna” en una familia que tiene a un genocida como patriarca. No quiere correr la misma suerte del conejo “Colita de algodón”, que salía lastimado –en el cuento que le narraba su padre de niña– por no hacer caso.