El parlamento de la Unión Europea condenó “enérgicamente” los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira en la Amazonía y le exigió a las autoridades brasileñas que “lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente” de lo ocurrido.
Así lo expresó el parlamento del bloque europeo en un comunicado en el que solicita a Brasil que “garanticen el pleno respeto de los derechos procesales en todo momento” durante las investigaciones.
En este sentido, también condenó el incremento de la violencia, los ataques y el acoso contra los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, como también los ataques a pueblos indígenas, minorías o periodistas.
Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41, fueron asesinados a tiros con munición de caza el 5 de junio cuando regresaban de una expedición en el Valle del Javarí, en un lugar remoto de la selva amazónica brasileña.
Hasta el momento, hay ocho personas implicadas en los asesinatos. Ya están detenidos Amarildo da Costa Pereira (alias Pelado), Oseney da Costa de Oliveira (alias Dos Santos), Jeferson da Silva Lima y Gabriel Pereira Dantas. Este último y Amarildo confesaron su participación en el crimen.
Además, la Unión Europea lamentó “la retórica agresiva continua, los ataques verbales y las declaraciones intimidatorias del presidente (Jair) Bolsonaro” y le pidió a su gobierno que “cumpla sus compromisos en virtud del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”.
“(La Eurocámara) Pide a las autoridades brasileñas que adopten medidas inmediatas para prevenir las violaciones de los derechos humanos y proteger a los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas; hace hincapié en las responsabilidades de las autoridades brasileñas y en la importancia de adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, los territorios y sus medios de subsistencia tradicionales”, sostiene la resolución, que fue aprobada con 362 votos a favor, 16 en contra y 200 abstenciones.
Para la Unión Europea, el Estado brasileño debe aplicar “las recomendaciones internacionales” que garanticen la protección de los defensores de derechos humanos y se adopten medidas que pongan fin a la persecución, criminalización y estigmatización de los pueblos indígenas.
“La extracción ilegal de oro amenaza los bosques y la biodiversidad en las zonas protegidas y expone a las poblaciones autóctonas a contaminantes; lamenta el aumento de las tasas de deforestación en las tierras indígenas, especialmente en la Amazonia brasileña. Pide al gobierno brasileño que refuerce y aplique mejor la legislación contra la deforestación ilegal y la minería, y que busque alternativas sostenibles a las políticas extractivas centradas en los territorios indígenas”, apunta el comunicado.
Además, lamentó el “desmantelamiento por parte del actual gobierno brasileño” de organismos gubernamentales como la Fundación del Indio, que supervisa asuntos indígenas, o el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y pidió que se refuercen sus capacidades
“Insta al gobierno de Brasil a que cumpla sus compromisos en virtud del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; anima encarecidamente al Estado brasileño a que haga frente a los delitos medioambientales y aplique un nuevo enfoque sostenible a la Amazonia con el fin de cumplir las condiciones establecidas en la hoja de ruta para la adhesión a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”, concluye.
