El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, postergó este jueves la votación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que otorga beneficios sociales a pocos meses de las elecciones, ante la falta de cuórum,

Según detalla la prensa local, la decisión del legislador bolsonarista se dio ante el riesgo de derrota en la propuesta que presentaba el número de diputados presentes en la sala. La decisión fue apoyada con 303 votos a favor y 91 en contra. Para aprobar el PEC se necesita una mayoría especial de, al menos, 308 diputados, en dos vueltas.

Ahora, la votación se llevará a cabo el próximo martes. “No voy a arriesgar esta PEC ni la próxima PEC con este cuórum en la Cámara de hoy, de 427”, dijo Lira durante la sesión.

Esta propuesta, que ya fue aprobada en el Senado, está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo fiscalizador del Estado brasileño, para evaluar si hay irregularidades en el proyecto que amplía beneficios sociales a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, lo que está prohibido por la normativa.

La ley electoral brasileña prohíbe, durante el año previo a la votación, la distribución por parte de la administración pública de bienes, valores o beneficios. La única excepción es en los casos de calamidad o estado de emergencia, y ese fue el mecanismo del que dispuso el gobierno de Jair Bolsonaro. La propuesta de enmienda constitucional declara el estado de emergencia y dispone varias medidas para atenderla.

La oposición criticó el mecanismo utilizado por el gobierno y le atribuyó intenciones electorales a la propuesta. Políticos opositores y analistas rechazaron que Bolsonaro atienda ahora la situación social del país, cuando el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva lidera ampliamente las encuestas de intención de voto prometiendo devolver a Brasil el bienestar social que tuvo durante sus gobiernos, entre 2003 y 2011.

El pedido de investigación ante el TCU lo hizo el fiscal designado por el Ministerio Público para el órgano, Lucas Furtado, y la investigación estará a cargo del magistrado Aroldo Cedraz. No hay un plazo para el tratamiento de la propuesta por parte del TCU, que se prevé que sea votada (y aprobada) este jueves en Diputados. Si se concreta su aprobación, la norma puede entrar en vigor pese a la investigación, excepto que la fiscalía o el tribunal soliciten una medida cautelar para suspenderla.

Entre los pedidos del fiscal, figura que el gobierno estudie y divulgue cuántas personas o familias serán beneficiadas, para que el Tribunal Superior Electoral pueda evaluar si hubo algún abuso de poder político y/o económico por parte del gobierno para que funcione a su favor en las elecciones.

La propuesta de enmienda constitucional prevé varias medidas sociales que vienen siendo reclamadas desde hace meses para responder al alza del precio de los combustibles, la elevada inflación y el aumento de personas que pasan hambre.

Las medidas

La norma prevé ampliar de 400 a 600 reales (de 75,7 a 113 dólares) el programa Auxilio Brasil, creado por Bolsonaro el año pasado para reemplazar la Bolsa Familia de Lula, que es recibido por los hogares de menos recursos-. A su vez, aumenta los recursos de Alimenta Brasil, un programa que compra alimentos producidos por agricultores familiares para distribuirlos entre familias con inseguridad alimentaria.

En cuanto a combustibles, la iniciativa aumenta en 53 reales (10 dólares) el subsidio Auxilio Gas para la recarga de garrafas de 13 kilos (que cuesta unos 140 reales, o 26,5 dólares), y destina más fondos al subsidio al etanol. Ante el alza de los precios vinculados al transporte, se dispone una compensación a los gobiernos de los estados por el boleto gratuito de las personas mayores.

El proyecto también prevé un bono para los camioneros independientes, uno de los sectores más perjudicados por el alza de los combustibles, en el cual Bolsonaro cuenta con mucho apoyo. Se trata de un pago único de 1.000 reales (188,5 dólares) para compensar los gastos extraordinarios. En la misma línea, habrá un bono para taxistas, cuyo monto está pendiente de definición.

Las medidas implicarán, en total, una inversión de 41.200 millones de reales, lo que equivale a 7.750 millones de dólares.