El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) volvió a aprobar, y por mayoría, con 12 votos afirmativos, el pago de $6.500.000 al exrector Víctor Hugo Claros en concepto de vacaciones y licencias ordinarias no gozadas. La resolución ya había sido aprobada y se volvió a tratar en la cuarta sesión por decisión del actual rector, Daniel Hoyos, de suspenderla y observarla. 

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) anunció que instarán a que lxs docentes reclamen el pago de días de licencias que no se hayan tomado. 

El secretario general de este gremio, Diego Maita, destacó que "el voto más fuerte a favor" fue del estamento de lxs decanxs. Planteó la desigualdad que quedó marcada en esta decisión de pagarle 6,5 millones al exrector "Porque la Universidad en 2018 pidió que los trabajadores se tomen todos los días de licencia o los iban a perder. Hubo muchos compañeros que perdieron días de vacaciones por no tomárselos, otros se los tomaron obligados a veces dejando las cátedras con menos personas", explicó. 

Maita dijo que van a instar a sus afiliadxs a hacer una presentación masiva, "uno por uno, pidiendo el detalle de los días de vacaciones no gozadas", para que también reclamen los pagos. 

"En 2018 nos opusimos a que los docentes se los obligue a tomar los días. Se aprobó. No nos quedó otra que acatar. Nos molesta el trato desigualitario", sostuvo. La desigualdad ya era grande en lo salarial, porque mientras el sueldo de un rector es de $700.000, según indicó Maita, el de la mitad de cargos docentes está entre $30.000 y $50.000.

Ante el cierre del primer semestre y las vacaciones de julio, Maita explicó que dejarán "la inquietud" sobre como organizarse para hacer el reclamo para cuando se reintegren a los trabajos. "Si la Universidad se niega a darles los días a lxs compañerxs, tendremos que judicializar", advirtió. "Vamos a promover que la UNSa reconozca cada día sin importar el año que nuestrxs afiliadxs hayan perdido por no tomárselos en el período correspondiente", se informó también en un comunicado del gremio.

"En lo personal estoy muy desilusionado con la decisión por el ejemplo que estamos dando como Universidad. Formamos ingenieros, profesores, comunicadores, tenemos la chance de tomar decisiones con sumo cuidado y educar desde ese lugar. Suma a la indignación, porque mucha gente ha estado atenta al tema", manifestó Maita. Consideró que no se está dando un buen mensaje a la sociedad, y destacó que un rector cobrará millones mientras lxs docentes y estudiantes reclaman mejores condiciones laborales y para poder estudiar.

Los votos afirmativos fueron de lxs decanxs: Hector Raúl Casado, Julio Nasser. Gustavo Gil, Miguel Nina y la vicedecana Nancy Cardozo. También del auxiliar docente Enzo Goncalvez de Oliveira y de lxs profesorxs María Soledad Vicente, Martín Aparicio y María Alejandra Falú, quien llamativamente solicitó que "después se trabaje en el futuro para cambiar la situación".

También votaron a favor del pago millonario la consejera graduada Patricia Ibáñez y de lxs consejeros estudiantiles Matías Acuña Artur y Mariana Tapia.

Mientras que por la negativa votaron la decana de Humanidades, Mercedes Vázquez; las profesoras María Liliana Moraña y Fabiana López; la auxiliar docente Rosa Macaione; Jorge Sardinas, personal de apoyo universitario, y las estudiantes Olivia Saravia y Ana Carrizo.

Además hubo dos abstenciones, de las consejeras estudiantiles Ana Méndez y Lucía Soria.

Maita señaló que la medida fue votada por 21 personas y que según la norma debía haber "mayoría simple". "En mi entendimiento, 13 miembros tendrían que haber votado para que la medida sea válida", manifestó.  

También destacó que en el tratamiento del tema quedaron expuestas muchas preguntas sin responder, "muchas dudas sobre procedimientos, no primó la voluntad de revisar lo decidido y con 7 votos negativos frente a ninguno de la sesión anterior se va a seguir con lo resuelto".

"En la sesión anterior fueron todos votos positivos y 4 abstenciones. Ahora algo cambió, porque cambió el consenso. En términos políticos se cambió la  mirada. Refleja otro estado de opinión", consideró Maita.

Desde el gremio señalaron que en la primera resolución (437/21) se detallaba que los 286 días que se le reconocían a Claros se componían de la siguiente manera: 200 días para el período 2012-2015; 36 días para el período 2016-2020, y 50 días de vacaciones por el período 2021. 

Sin embargo, la nueva resolución del Consejo Superior reconoció una “disidencia” con el conteo de días que se tomó como base en la resolución anterior. Y ahora se toma como referencia un nuevo informe en el cual se detallan 264 días. Ese nuevo cómputo no reconoce ningún día para el período 2012-2015. Por otro lado, estableció pagar 196 días para el período 2016-2020; 50 días de vacaciones pendientes por el período 2021, y un agregado de 18 días correspondientes al proporcional de vacaciones no gozadas de 2022.

El gremio resaltó que en la nueva tramitación no quedan días pendientes entre 2012 y 2015, y que solo hay 4 para 2016. En la resolución de diciembre se reconocían más de 200 para el mismo período. En el informe original había 36 días para 2016-2020 y ahora 196.