En un momento acuciante en términos económicos para el país, que viene soportando altísimos índices de inflación que obstruyen la posibilidad de acceder a alimentos de consumo básico, al tiempo que se observa un comportamiento positivo de ciertas variables económicas vinculadas al crecimiento y el empleo, es central discutir y tomar decisiones respecto de qué tipo de sociedad se quiere construir, haciendo eje en cuál es el modelo de desarrollo al que orientar las acciones, considerando el contexto histórico-político-económico-social de las últimas cuatro décadas. Y para dar ese debate, es necesario y urgente actualizar las categorías de análisis.

En la década de los '90 se implementaron un conjunto de políticas de corte neoliberal, que lejos de crear y sostener las fuentes de empleo, lograron su opuesto. Se promovió un modelo financiero por sobre uno productivo, se privatizaron todas las empresas públicas, se llevaron adelante importantes modificaciones en la legislación relativa a las condiciones de contratación y despido de trabajadorxs. Además, la privatización de la seguridad social en su totalidad y de una parte de la educación y la salud, así como se procedió a la toma indiscriminada de deuda externa para sostener el Plan de Convertibilidad. 

El efecto combinado de todas esas iniciativas derivó en un aumento de la desocupación, el empleo informal y, por lo tanto, de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Esas modificaciones no resultaron transformaciones coyunturales que podían arreglarse con algunas medidas similares a las implementadas durante el primer peronismo. No. Las transformaciones producidas durante la década de los '90 transformaron el capitalismo argentino de modo estructural.

Aquel modelo de integración que con sus más y sus menos permaneció desde mediados del siglo XX sostenido en la industrialización sustitutiva de importaciones, cuasi pleno empleo protegido (masculino) y relativos altos salarios, dejó de existir para mutar a otro tipo de capitalismo financiarizado cuya lógica se asienta y reproduce en una estructura distributiva muy inequitativa, mercado de empleo fragmentado, amplios sectores precarizados y con bajos salarios. 

En ese marco, las mujeres y varones que quedaron sin empleo o que buscaban uno activamente sin éxito, decidieron autogenerarse el empleo a través de la producción de algún bien o servicio, a fin de obtener un ingreso que les permitiera sobrevivir.

La iniciativa de autogenerar el propio empleo no fue resultado de una decisión libre y voluntaria, por ganas de probar algo nuevo o puro espíritu emprendedor, sino que fueron las condiciones económicas/sociales/políticas que llevaron a esas personas a diseñar alguna estrategia de supervivencia. 

Paralelamente, a medida que avanzaba la cuestión social, se implementaron diversos programas sociales dirigidos/focalizados a quienes demostraran más pobreza entre la enorme cantidad de pobres que el neoliberalismo producía. Tales programas no fueron pensados ni ejecutados como respuesta a un derecho, sino como medida paliativa para atender una situación social acuciante.

Informalidad

En el 2002 se implementó el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJD), que estuvo dirigido a trabajadorxs desocupadxs en el marco del reconocimiento de la Emergencia Social, Económica y Sanitaria de aquel momento. El programa consistía en la transferencia de 150 pesos mensuales (que nunca se elevó), a cambio de la realización de una contraprestación laboral en un emprendimiento o actividad comunitaria así como comprendía la posibilidad de terminalidad educativa. 

El programa alcanzó a dos millones de personas, un número muy superior a la población atendida durante la década anterior por ese tipo de planes. Luego, a la par del mejoramiento económico, el programa fue desapareciendo paulatinamente en la medida que algunas personas lograron obtener un empleo, en tanto otras pasaron a percibir planes diversos del Ministerio de Desarrollo Social.

En el período 2003-2015 se intentó y logró parcialmente mejorar el empleo y los ingresos a través de una batería de políticas económicas y sociales que no alcanzaron para resolver la herencia social regresiva de la década anterior. En el punto más álgido de la crisis económica de 2002, la informalidad llegó a alcanzar al 50 por ciento de la PEA y la gestión kirchnerista logró disminuirla a través de diversas iniciativas a un tercio. Así, 3 de cada 10 personas accedían a un puesto de trabajo de esas características. 

En tal contexto, lxs trabajadorxs con empleo informal obtenían algún tipo de ingreso que resultaba significativamente menor al promedio salarial de lxs ocupadxs asalariadxs formales, por lo que la informalidad quedó anclada a la condición de pobreza. Por esa razón, la gestión gubernamental llevó a cabo una cantidad de políticas y programas que buscaban atender de algún modo a tal situación (la Asignación Universal por Hijx), pero no alcanzaron para revertir completamente la herencia recibida. 

Esto se hace evidente por el 30 por ciento de población trabajando en condiciones de informalidad y un 20 por ciento aproximado de población en situación de pobreza hacia fines de 2015. 

Una parte importante de ese sector es el que continuó desarrollando actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios en el sector de la economía popular. En atención a ello, se diseñaron políticas específicas como el programa Manos a la Obra, Talleres Familiares y Microcréditos, pero resultaban medidas muy parciales para abordar de modo integral sus necesidades en aras de posicionarse más fuertemente en el mercado y de mejorar las condiciones de vida de sus hacedores.

Macrismo y pandemia

La gestión de Cambiemos (2015-2019) empeoró la situación económica social como consecuencia de la batería de políticas que llevaron a cabo, por lo que, como en los '90, se produjo una caída de la actividad económica que repercutió en el aumento de la desocupación, el aumento del empleo informal y, otra vez, de la pobreza, la indigencia y la desigualdad, revirtiendo algunos de los logros del período 2003-2015. 

Pese a su discurso antipopulista y antidespilfarrador, la gestión destinó ingentes recursos a contener la cuestión social, por lo que, lejos de disminuir la cantidad de programas sociales, los aumentó en un número considerable duplicando los que recibió de la gestión anterior.

Con la irrupción de la pandemia de la Covid-19 se redujo la actividad económica y, por lo tanto, los indicadores de empleo e ingresos que Cambiemos desmejoró no sólo no se recuperaron, sino que empeoraron. Los planes sociales y otras medidas coyunturales se sumaron a la decisión política de la gestión de Alberto Fernández de atender mínimamente los profundos y persistentes problemas sociales (IFE y ATP). Estos planes fueron gestionados en los territorios por organizaciones sociales que contribuyeron a contener la grave situación económico-social.

Repensar categorías de análisis y de intervención

Este breve derrotero de la vida económica y social de Argentina permite poner en perspectiva las transformaciones estructurales de honda raigambre que modificaron el tejido económico, social y laboral de Argentina desde los '70, y principalmente desde los años '90. 

Las personas siguen necesitando vender su capacidad de trabajo para obtener un ingreso (al fin de cuentas, esto sigue siendo capitalismo), pero los modos de obtenerlo han mutado porque mutó la lógica de acumulación de la matriz productiva, así como los modos en que la compraventa de la fuerza de trabajo se realiza. Mal que nos pese, la Argentina de mediados del siglo XX no existe más.

Actualmente, un conjunto significativo de la población económicamente activa (que está en edad de buscar empleo y tiene la intención de hacerlo) no tiene ni va a tener una vinculación activa con el mercado de empleo formal, porque la estructura productiva no alcanza a crear la cantidad de puestos necesarios para absorber a toda esa población (alrededor de 13,5 millones, según el informe de Indec de marzo 2022). 

En ese sentido, cobra significado y significancia el sector de la economía popular en el marco del cual, un conjunto muy numeroso de la población trabajadora (en el Renatep se inscribieron 3,2 millones) que desarrollan algún tipo de producción de bienes y servicios como estrategia para atender a sus condiciones de vida y a las necesidades de sus comunidades de pertenencia y que, quizás, en las estadísticas que recoge la EPH no aparecen como desocupadxs porque desarrollan un trabajo y lo autoperciben como tal. Un trabajo que no está reconocido, ni amparado por derechos como el de los empleadxs asalariadxs formales, pero que es trabajo porque se traduce en la provisión de bienes y servicios para su comunidad, las cuales en muchos casos, carecen de soportes básicos de calidad.

Gran parte de lxs trabajadorxs que integran ese sector, son destinatarixs de los programas sociales que se implementan actualmente vinculados a algún tipo de transferencia monetaria que, a cambio de sus labores, reciben mensualmente, a lo que se agregan insumos o máquinas en los casos en que desarrollan emprendimientos productivos. Pero ese universo de personas trabajadoras es amplio, no sólo está comprendido en la órbita de las organizaciones sociales: vale recordar que casi 8 millones de personas solicitaron el IFE.

Problemas del empleo y el trabajo

Aquí comienzan las divergencias sobre cómo entender y dar respuesta a este sector y a los problemas del empleo y el trabajo:

1. No está de más recordar que estas personas no eligieron iniciar estas actividades libremente, sino que echar mano a las mismas resultó una estrategia para no morir de hambre. Muchxs iniciaron así su recorrido en la economía popular y las continuaron desarrollando para generar un ingreso que complementa lo que reciben del Estado (¿o acaso pueden cubrir canastas mínimas con sólo un plan social?), mejorando sus comunidades, sus barrios, cuidando a sus niñxs y adolescentes y adultxs mayores de modo comunitario.

2. Resulta necesario dar envergadura a estas actividades y considerarlas como lo que son: trabajo genuino en tanto capacidad humana de transformar y agregar valor en diversas elementos/acciones que constituyen un bien necesario para otras personas. Y diferenciarlo del empleo que es la forma en que históricamente en Argentina se vendía y compraba mayoritariamente la fuerza de trabajo, pero que hoy no explica gran parte de las transacciones de la economía en ese mercado. De hecho, sólo 6,1 millones de trabajadorxs de aquellxs 13 que se señalaba arriba se insertan de modo asalariado formal, en tanto que 3,1 millones trabajan pero no tienen descuento jubilatorio y casi 2,9 millones se desempeñan en formas no asalariadas cuentapropia (que en muchos casos oculta relaciones de dependencia patrón-empleado).

3. ¿Otorgar reconocimiento y legitimidad a tales actividades laborales implicaría dejar de perseguir el objetivo de generar más empleo formal y protegido con salarios decentes? Claro que no, las autoridades se presentan a las elecciones buscando cambiar la vida de las personas de modo positivo (por lo menos algunos partidos), por lo que esos esfuerzos no deben nunca agotarse.

Falso dilema

Hay un falso dilema en el planteo respecto del empleo formal/registrado, más atípico hoy en día, y considerado genuino, versus el autoempleo generado en actividades informales y considerado no genuino. 

El capitalismo argentino se estructura en torno a un modelo que se asienta en la existencia de trabajadorxs empobrecidxs que deben autorresolver sus condiciones de vida, y que lo hacen a partir de modos de trabajar y obtener ingresos distintos de los que primaban en la anterior fase del sistema capitalista. ¿Es menos genuino porque la labor no se desarrolla en el domicilio de la empresa/empleador o porque no se marca tarjeta o realizan descuentos jubilatorios? ¿Por qué el trabajo que realizan estas personas y organizaciones en sus barrios no es considerado como un trabajo que en algunos casos produce valor social allí donde el Estado no alcanza a llegar, por ejemplo, en relación a los cuidados o el hábitat?

Actualizar las etiquetas de análisis implica reconocer que el sedimento y estructura del capitalismo argentino funciona de ese modo, con un tercio de su PEA que no llega a fin de mes por el tipo de vínculo con el mercado de empleo. ¿Es culpa de la existencia de los planes? Si desaparecieran todos los planes sociales, ¿estaría resuelto el problema? No. Porque los planes constituyen un emergente que deja en evidencia las deficiencias del capitalismo argentino para integrar a toda su población en condiciones de vida y trabajo dignas. Lo que hay que modificar estructuralmente es el capitalismo, las condiciones y estructura de producción y los esquemas de distribución. Pero mientras eso sucede: ¿qué hacer?

Sumado a lo anterior, no alcanza a visualizarse en toda su magnitud el cómo podría potenciarse este sector de economía popular para fortalecer a aquellas actividades productivas que podrían brindar más y mejores bienes y servicios a precios competitivos en sus comunidades de pertenencia. Y cómo, a la vez, algunas de esas actividades podrían generar más valor agregado económico y social. ¿Por qué no pensar en los posibles y múltiples enlaces entre áreas de la economía popular con micro o meso pymes, estableciendo alianzas estratégicas para competir en ciertos mercados vinculados no solo a alimentos, sino también industrias/energías renovables/tecnología/bienes culturales?

A esta altura, es preciso reconocer y aceptar que la economía popular llegó para quedarse como resultado de la transformación del capitalismo argentino en las últimas cuatro décadas, y que contiene y sostiene las condiciones de vida de un conjunto significativo de la población. 

Sin su existencia, los años del macrismo y de la pandemia hubieran sido muy distintos en términos colectivos. ¿Alcanza sólo con ese reconocimiento? No, pero sería un principio. Paralelamente al reconocimiento del trabajo genuino que se realiza en ese sector es necesario actualizar la mirada y organizar orientaciones de política pública específicas para modificar estructuralmente las condiciones de precariedad en que vive la población que se haya ubicada en ese sector y, para ello, se requiere de una cuota de creatividad, audacia y firmeza a partes iguales sin falsas dicotomías.

* Doctora en Ciencias Sociales. UBA-Unpaz.