“No hubo un juicio todavía, pero los que quedan en la causa son 'perejiles'”, dice Laura Orellano. En este caso no habla sólo como médica, sino también como madre. Como la madre de Nicolás Becerra, uno de los cinco chicos que murió en la fiesta de música electrónica Time Warp el 16 de abril del 2016 y por la que, seis años más tarde, no hay ningún detenido.
La tragedia de Time Warp tuvo lugar en el predio de Costa Salguero. Allí, cinco jóvenes de entre 20 y 30 años murieron y decenas debieron ser hospitalizados, seis en terapia intensiva. A pesar de una cantidad enorme de irregularidades en la organización y el protocolo de emergencia, para la Justicia los jóvenes son responsables de su propia muerte.
Si bien al principio se creyó que la causa del fallecimiento fue por el consumo de drogas adulteradas de los jóvenes, años después se supo que fue debido a la mala organización de la fiesta, la falta de agua corriente en los baños y los emergentólogos sin preparación.
“Ninguno, salvo Adrián Conci, presidente de la empresa Dell Producciones, a cargo del evento, que está intentando salir, está procesado. Todos los que pudieron hacer algo para evitar esta tragedia y no hicieron nada están libres. Todos los responsables de la muerte y de las enfermedades de chicos”, agrega Orellano por AM750.
Para ella, el motivo de esta lentitud y falta de responsables procesados tiene que ver con una estrecha vinculación entre la justicia, los organizadores de la fiesta y los funcionarios del Gobierno porteño que, se suponía, debían supervisar y habilitar la fiesta plagada de irregularidades.
“Para mi fue una zona liberada. El doctor Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado instruyeron la causa con una prolijidad increíble. Cuando ellos se empiezan a acercar a zonas o lugares que no les convenía a la defensa, los sacan a los dos. Todos los jueces que estuvieron después fueron convivientes con la gente que tuvo la responsabilidad”, denuncia Orellano.
Y añade: “Entre ellos Víctor Stinfale y Walter Santángelo Y a todos los que dejaron escapar de la responsabilidad de lo que sucedió. Todos tuvieron que ver. La gente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que hicieron la habilitación y que estaban ahí adentro”.
