El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este viernes que la “guerra contra las pandillas” (régimen de excepción que se implementó a finales de marzo por el gobierno de Nayib Bukele tras una ola de asesinatos), es “correcta”.

“Cuando tenés una operación del 95% del éxito, sin dudas es correcta”, afirmó a la prensa local y prosiguió: “Siempre en una guerra habrá víctimas inocentes y daños colaterales que hay que corregir, eso no se justifica. El bien supremo, que es lo que se trata de proteger, es la vida y el trabajo honrado, y en esta lucha, cuando medís proporcionalmente con los errores, el balance es altamente positivo”.

Ante la consulta sobre denuncias de detenciones arbitrarias, Ulloa explicó que si se hace un “examen de proporcionalidad” y se ve la dimensión de la operación (en la que hay más de 45.000 personas detenidas y en la que la Defensa de los Derechos Humanos informa que hay 2.673 denuncias), se podrá comprobar que no alcanza el 5%.

“Por eso goza del amplio respaldo de la población”, concluyó.

Las denuncias contra Bukele

Las afirmaciones de Ulloa se dan en el marco de las denuncias que recibió el gobierno de El Salvador por violaciones a los derechos humanos. Hacia los primeros días de junio, el director estratégico de la organización de derechos humanos Cristosal, Abraham Ábrego, aseguró que ya son más de 1.000 las denuncias de vulneraciones a derechos humanos desde que se instaló el estado de excepción, a fines de marzo.

Abrego dijo a radio YSUCA que las denuncias superan las 1.000, de las cuales más de 800 fueron procesadas por su organización. "Podría decir que este número que está documentado con algunas de estas prácticas violatorias puede ser más grande y eso podría advertir el tema de los crímenes de lesa humanidad".

Por otro lado, David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de Cristosal, dijo a la revista Factum que hay personas que han decidido no denunciar las detenciones arbitrarias de sus familiares porque son "víctimas del miedo".

“Hemos recibido algunas denuncias de que se estarían produciendo torturas a población detenida durante el régimen, aplicación de gas pimienta en las noches, golpizas, estar de pie muchas horas y privación de alimentos y medicamentos. Estas torturas son una política de Estado de violar derechos humanos del poder Ejecutivo con la complicidad del Judicial. Uno de los objetivos es crear terror en la población para que no denuncie ni haga actividades que no le convienen a los intereses del gobierno”, aseguró.

Desapariciones forzadas

A su vez, Cristosal compartió que el 65% de las 808 denuncias de capturas que ha registrado durante los dos primeros meses del régimen de excepción involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas.

De acuerdo con una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, el perfil de las personas que han sido detenidas arbitrariamente durante esta medida que tomó el gobierno de Nayib Bukele son hombres de 18 a 30 años que habitan en zonas urbanas empobrecidas. Además, según las denuncias recibidas por Cristosal, también tienen en común que son personas con tatuajes, que han tenido causas judiciales abiertas, y que son el principal sustento de su núcleo familiar.

El registro que realiza la organización sobre desapariciones forzadas les permite sistematizar los datos para brindar una cifra exacta, pero la directora asegura que hay casos en los que las familias no saben nada del detenido y algunos temen que puedan estar muertos, ya que varios padecen enfermedades crónicas.

Régimen de excepción

Este régimen está vigente desde el 27 de marzo y es la principal medida de Bukele, para combatir a las pandillas. Desde su implementación, el mandatario dispuso operativos policiales y militares con miles de detenciones.

La primera ampliación se dio el 24 de abril, cuando la Asamblea extendió por 30 días esta iniciativa. Ante la inminente finalización -que iba a ser este jueves- el gobierno anunció una nueva extensión por otros 30 días que fue aprobada este miércoles. Desde que está en vigencia, se han capturado a más de 37.000 personas, según cifras del Ejecutivo.