La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el cumplimiento total por parte del Estado argentino de una demanda que había sido presentada por dos integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Inocencia Luca de Pegoraro y Angélica Chimeno de Bauer. Las dos mujeres buscaban a su nieta nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y quien se negaba a realizarse los análisis de sangre, postura que la Corte convalidó. A partir de este caso y de la presentación ante el sistema interamericano se adoptaron múltiples medidas. Entre ellas, la adopción de procedimientos alternativos para la obtención de muestras de ADN que permitieran identificar a los nietos y a las nietas. Durante el último año, el Estado completó una capacitación para funcionarios judiciales.