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Fiscalizaciones realizadas a multinacionales que operan en Argentina le permitieron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) imponer ajustes impositivos por irregularidades y abusos en operaciones internacionales con empresas subsidiarias por más de $4100 millones. Las sanciones fueron impuestas entre 2021 y los primeros seis meses de 2022 tras constatar en 1400 casos la manipulación en los precios a los que facturaron transacciones comerciales y financieras entre firmas de un mismo grupo económico transnacional. Subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y autopréstamos son algunas de las maniobras detectadas a partir del intercambio automático de información y desarticuladas por las áreas especializadas en fiscalidad internacional de la AFIP junto con la Dirección General Impositiva.
El informe de la AFIP al que tuvo acceso PáginaI12 evidencia que las irregularidades en materia de precios de transferencia sancionadas a lo largo de los últimos 18 meses están concentradas en el sector agroexportador, pero también alcanzan también a multinacionales industriales y de servicios. Las maniobras abusivas en materia de precios de transferencia a las que recurren las multinacionales no sólo socavan los ingresos tributarios sino que afectan la correcta liquidación de divisas.
Aunque la información a la que tuvo acceso este diario no permite identificar los casos particulares, pudo verificarse que, entre las maniobras fiscalizadas y sancionadas, se destacan operaciones de subfacturación y triangulación en exportaciones de granos por parte de una multinacional cerealera. También se detectaron y desarticularon abusos destinados a reducir el pago de Ganancias mediante préstamos otorgados a una subsidiaria uruguaya que fueron realizados por una empresa del sector de la carne. Además del valor de mercancías comercializadas o los autopréstamos, los abusos en materia de precios de transferencia incluyen creativos dibujos contables con regalías por marcas y patentes, así como abusos de convenios para evitar la doble imposición.
Qué son los precios de transferencia?
Los precios de transferencia son los que se facturan en las operaciones realizadas entre las distintas subsidiarias de las multinacionales. Los expertos británicos de Tax Justice Network explican que mediante la manipulación de esos valores los grupos económicos internacionales disminuyen sus utilidades o aparentan pérdidas en países como Argentina para colocarlas en jurisdicciones de baja o nula tributación y, de esta forma, evitar el pago del Impuesto a las Ganancias.
“El truco impositivo favorito de las grandes corporaciones es declarar ganancias en un paraíso fiscal con bajos o nulos impuestos y recargar el costo de sus operaciones en los lugares donde desarrollan su actividad real para disminuir su carga tributaria. ¿Cómo lo hacen? Mediante los precios de transferencia”, explicó a este diario en diciembre de 2020 el director de TJN, Alex Cobham.
La mejora en los resultados obtenidos en materia de precios de transferencia por el organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont es parte de un proceso de fortalecimiento y reactivación de las áreas especializadas en materia de fiscalidad internacional que habían sido desarticuladas durante el macrismo. Los ajustes por $4100 millones reflejan el incremento en la cantidad de controles sobre operaciones entre empresas del mismo grupo económico registrados entre 2021 y el primer semestre de 2022. Los 1400 casos fiscalizados duplican los registros observados para el período 2010-2019.
Herramientas de control
El proceso de optimización de las herramientas requirió perfeccionar la normativa para mejorar la calidad de la información y la capacidad de explotación de los datos recibidos. Los datos recibidos se vieron potenciados desde el año pasado con el flujo de información recibido desde el Internal Revenue Service de Estados Unidos. Marcó del Pont rubricó a comienzos de 2021 un acuerdo con su poderosa contraparte estadounidense que le permite acceder en forma automática a información restringida sobre las multinacionales norteamericanas.
Entre los controles incorporados por el organismo recaudador para reducir el margen de acción en materia de precios de transferencia de las multinacionales se destacan los requerimientos de documentación de respaldo sobre los servicios prestados entre empresas del mismo grupo.
El abordaje de la problemática, indica el informe de la AFIP, llevó a las áreas especializadas a realizar investigaciones y fiscalizaciones que tuvieron como objetivo el control de los precios de exportación de bienes agrícolas con cotización pública en mercados transparentes (conocido como el “sexto método”). Además de fiscalizaciones a distribuidores de bajo riesgo y manufactureros por contrato, así como también controles de subcapitalización y traslado de ajustes por precios de transferencia a las declaraciones juradas impositivas.
Asimismo, el reporte sostiene que se realizaron campañas de inducción e intimación que abarcaron a más de 5000 contribuyentes por incumplimientos referidos al régimen de información de operaciones internacionales, informe país por país y registro de sujetos vinculados, con el consiguiente inicio de sumarios formales y la aplicación efectiva de más de 500 multas.
Fraudes financieros en la mira
Por otra parte en el año 2021 se generaron más de 120 fiscalizaciones electrónicas por traslado de ajustes de precios de transferencia a la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, lo que sumó ajustes por más de $200 millones.
Las fiscalizaciones en materia de precios de transferencia se suman a los controles realizados sobre más de 1500 entidades offshore de argentinos expuestas con los denominados Pandora Papers, a la explotación de la información sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior que recibe la AFIP de más de 90 países y las 14 mil verificaciones y controles no presenciales realizadas a partir de información de distintas bases de datos que permitieron detectar inconsistencias en el cumplimiento tributario.
El organismo también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.
