El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín rechazó el pedido de ampliación de la acusación contra siete militares y policías retirados en el marco del juicio de lesa humanidad que se les sigue por los crímenes cometidos contra militantes del PRT-ERP en la Quinta La Pastoril. La Fiscalía quiso incorporar el secuestro y las torturas de tres personas que al momento de los hechos eran niñes a la lista de violaciones a los derechos humanos que se le endilgan a los siete acusados y los jueces Matías Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morguese le cerraron las puertas.

La fiscal María Ángeles Ramos y el auxiliar fiscal Esteban Bendersky tomaron como base los testimonios de las protagonistas de estos hechos para solicitar su incorporación en la acusación contra los imputados, aún cuando se trata de episodios ya ventilados durante la instrucción de la causa. Para el ministerio Público Fiscal, el secuestro y las torturas que Ximena Villarreal, de tres años, sufrió junto a su padre tras el operativo con el que militares y policías intervinieron a los tiros en una reunión política del PRT el 29 de marzo de 1976, así como los secuestros de Florencia Mangini y Aníbal Viale, de cuatro años y seis meses respectivamente, quienes fueron separados de sus padres tras el operarivo, son delitos de lesa humanidad por los que, a los ojos procedimentales de la Justicia, debían ser juzgados los siete acusados en el debate que se lleva a cabo desde octubre de 2021.

“Delitos en continuado”, los definió Bendersky durante la audiencia de juicio del 23 de junio pasado, “en tanto guardan relación de continuidad subjetiva y objetiva, una modalidad común de comisión, la cual obedece a patrones característicos del plan sistemático de exterminio ejecutado por la dictadura, los que fueron desarrollados en los requerimientos de elevación a juicio de esa parte” con los hechos por los que los militares retirados Juan Carlos Jöcker, Juan Manuel Guiraud, Carlos Guardiola, Eduardo Sakamoto y Héctor Raffo, y los policías retirados Juan José Ruiz y Julio Pérez están siendo enjuiciados.

Pues los jueces Mancini, Rodríguez Eggers y Morguese no coincidieron con el argumento y rechazaron el pedido de la Fiscalía, al que había adherido la querella que representa a familiares de las víctimas Pablo Llonto. Aún cuando entendieron los hechos como “delitos independientes y escindibles” de los que son materia del debate que dirigen, consideraron que la pretensión ampliatoria “no puede prosperar, en tanto no se tratan de hechos que integren el delito continuado atribuido”, regstraron en la resolución con la que respondeiron al petitorio, dada a conocer a fines de la semana. “En todo caso el Ministerio Público deberá retomar el ejercicio de la acción penal al momento de sus alegatos y solicitar se libren testimonios” para que esos secuestros y las torturas contra Ximena sean investigados, recomendaron.

El debate por los crímenes de la Pastoril continuará este lunes al mediodía con una inspección ocular a la quinta donde ocurrieron los hechos y, el viernes, con una audiencia de incorporación de prueba y cuestiones previas a los alegatos, que comenzarán después de la feria judicial de invierno.