La causa en la que el teniente coronel retirado Carlos Ignacio "Calele" Cialceta está procesado por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista Jorge René Santillán es escenario de una disputa entre la jueza federal de Garantías Mariela Giménez, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Está en juego la continuidad de la persecución penal al represor que en noviembre del año pasado se hizo famoso por haberse escondido en un placard para evitar responder ante la justicia por sus crímenes durante la dictadura. 

El pasado 7 de este mes debía realizarse un examen de salud mental a Cialceta, a cargo de profesionales del Hospital Neuropsiquiátrico Miguel Ragone. La jueza, que primero había admitido la intervención de peritos de la fiscalía y la querella, luego negó esta posibilidad, lo que derivó en impugnaciones y en el pedido de aplazamiento de este trámite, si es que no se subsanaba la cuestión de la participación. Giménez decidió seguir adelante, aunque admitió la participación de los peritos de las partes acusadoras solo como "veedores". Finalmente, el examen no pudo hacerse por cuestiones técnicas y se suspendió hasta el 21 de julio. 

Aunque la fiscalía y la querella reclaman participación plena en el examen mental a Cialceta, la posibilidad de que asistan como veedores representa un avance desde que a mediados de junio pasado la jueza cambiara su propia decisión anterior y les negara toda participación en este trámite. 

Esta decisión suscitó todo tipo de planteos. La magistrada justificó su decisión afirmando que esta vez no se trata de una pericia como la primera, sino de un examen para determinar qué tratamiento se le dará al represor, y si debe ser internado. Pero la fiscalía y la querella sostienen que se había dispuesto que sería otra pericia; que si no fuera una pericia igual no hay razón para impedir la participación de sus peritos, y la fiscalía incluso llamó la atención sobre la negativa a realizar una nueva pericia, algo que se ha hecho en otras causas. 

Si el examen de ahora no fuera una pericia, seguiría vigente el resultado de la primera, realizada en mayo por el cuerpo médico forense de la Corte de Justicia de Salta y en la que se dictaminó que Cialceta está psicótico. La acusación cuestiona este dictamen, entre otras cosas, porque la perita de la fiscalía afirma que el represor simula la enfermedad. El diagnóstico de psicosis es muy conveniente para la defensa, porque su consecuencia podría ser el sobreseimiento por incapacidad sobreviniente. También cabe la posibilidad de que, atendiendo a su estado de salud, se le otorgue la prisión domiciliaria, lo que para la fiscalía y la querella implica todo un riesgo, porque el represor ya estuvo prófugo de la justicia por ocho meses, hasta que un aporte particular permitió encontrarlo escondido en el placard de una casa de la calle General Güemes, en pleno centro de la ciudad de Salta. 

Idas y vueltas 

El 5 de julio la jueza Giménez notificó a la fiscalía y a la querella que sus peritos no podrían participar del nuevo examen mental a Cialceta, y aclaró que se debía a que no era una pericia. 

En 6 de julio el fiscal federal general Carlos Amad presentó lo que técnicamente se llama "recurso de reposición con apelación en subsidio" en el que planteó que la jueza revocara aquella decisión y, si no lo hacía, que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo resuelva. Además de afirmar que en los argumentos dados por Giménez “no se desprende un fundamento válido para la denegatoria de participación”, el fiscal sostuvo que el hecho de que el examen mental no sea una pericia “no constituye óbice para la participación de los peritos propuestos y aceptados”. Los peritos de la fiscalía y los puntos de pericia propuestos habían sido admitidos en su momento mediante “sendos decretos (que) se encuentran firmes y consentidos y no fueron revocados por el juzgado”. 

El fiscal planteó que si la jueza  iba a persistir en no permitir la participación de estos peritos la evaluación de Cialceta debía suspenderse “hasta tanto se resuelvan las cuestiones planteadas, atento a que no se encuentran garantizadas las condiciones de debido control de parte”. 

Ese mismo 6 de julio, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación representada por el abogado Gastón Casabella, interpuso también un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la denegatoria de la participación de sus peritos. El querellante pidió que se revoque este decisorio por “contrario a derecho" y por "apartarse de lo que ya está resuelto en autos con carácter firme y consentido a favor de esta querella”.

Casabella hizo un repaso cronológico sobre la participación de los peritos de esta querella y de “los distintos proveídos y resoluciones dictadas respecto a la pericia y examen médico mental del imputado Carlos Cialceta”. Aunque pueda resultar engorroso, explica muy claramente las ideas y vueltas del Juzgado sobre este asunto. 

El 26 de mayo la jueza dispuso que los peritos Ariel Rossi y Adriana Tolaba, de la querella, "podrán participar de la nueva pericia dispuesta”, una “amplia evaluación mental” a Cialceta, en la que se requería indicar si debe recibir un tratamiento y si está en condiciones de afrontar el proceso penal.

El 27 de mayo la jueza aceptó a los "peritos propuestos por el Ministerio Público Fiscal a fin de que participen del examen mental dispuesto”. Y el 30 de mayo aceptó "los puntos de pericia encomendados por el Ministerio Público Fiscal, los cuales se deberán tener en cuenta al momento de realizarse la nueva evaluación a cargo del Hospital Ragone”.

El 13 de junio aclaró que el examen mental “no constituye una nueva pericia” sino que “tiene por finalidad la evaluación” de Cialceta para indicar si “necesita o no un tratamiento psiquiátrico” y si “se debe cumplir dentro de ese establecimiento mental o en alguno similar”.

Casabella hizo notar que al ser "una aclaratoria” eso “significa que no existe ninguna alteración en lo que respecta a la autorización a participar de los peritos de parte de esta querella, ya dispuesta anteriormente y consentida por todas las partes, en el examen mental ordenado al Hospital Ragone”.

Dijo que por esto “no se explica la incoherencia" del rechazo a la participación informado el 5 de julio, una decisión que va "a contrapelo justamente de todo lo que viene disponiendo el Juzgado”. Añadió que las razones de “tan antojadiza disposición pueden deberse a dos causales, una sería la notoria arbitrariedad con la que se dispuso algo de tamaña ilogicidad" y "en contradicción con las constancias de autos” o “una evidente y errónea lectura del expediente para caer en tamaña incoherencia”.

Destacó que “siempre se habló de la realización de un examen o evaluación mental”. Y que la autorización a los peritos de esta querella, dada el 26 de mayo, "nunca fue revocada por el Juzgado, e incluso fue consentida por las partes”.

"Esta suerte de ciclotimia procesal del Juzgado, entiendo, no puede obedecer más que a una seria confusión en la lectura del expediente, que lo llevó a semejante yerro" porque "de otra manera estaríamos frente a un caso que rayana el prevaricato, contrario a las propias disposiciones procesales de los mismos funcionarios judiciales", aseguró Casabella. 

Prófugo 

Desde que se confirmara su procesamiento, en abril de 2021, Cialceta logró eludir la justicia por meses, hasta que fue detenido el 12 de noviembre de 2021. El militar retirado está procesado por crímenes en perjuicio del gremialista petrolero Jorge René Santillán, secuestrado el 10 de agosto de 1976 de su casa en General Mosconi, pueblo que en la última dictadura quedó bajo la jurisdicción del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal.

Cialceta integraba la plana mayor del RIMTE28, con el grado de subteniente, era el Oficial de Personal (S-1) y ayudante del jefe de Regimiento. El militar retirado ha sido reconocido como uno de los seis encapuchados que en agosto de 1976 secuestraron a Santillán, a pesar de la resistencia que les opuso, ayudado por su mujer, Irma Yolanda Prado, y su hija, Rosa Santillán, que entonces tenía 8 años. “Este hombre vino y me agarró de atrás, me levantó, entonces yo no recuerdo bien cómo fue, pero me acuerdo que quise defenderme o quise que él me suelte y le saqué la máscara, por eso le vi la cara”, recordó Rosa en una entrevista tras la detención de Cialceta. 

Al pedir que se ordenara la captura nacional e internacional del represor, en abril pasado, el fiscal Amad había advertido que por la gravedad de los delitos que se le imputan es factible que "opte por evadir la acción de la justicia” y por eso "se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso".