Producción: Natalí Risso

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Hace falta una reforma de fondo

Por Rafael Rofman (*)

En las últimas semanas se avanzó en la discusión legislativa de un proyecto que busca ampliar las moratorias previsionales de los últimos 15 años. El proyecto, que tiene media sanción del Senado y está siendo considerado en Diputados, mantiene -con algunas diferencias menores- la lógica de las moratorias aprobadas en los últimos 18 años, que facilita el acceso al mínimo requerido en la ley para jubilarse. El debate ofrece una buena oportunidad para traer a la discusión pública el tema de la política previsional en nuestro país.

Argentina tiene un problema estructural en su política de protección de ingresos de las personas adultas mayores: el sistema está diseñado para proteger a quienes participan del mercado de trabajo formal durante su vida activa en forma estable (por eso el requisito de 30 años de aportes), pero la realidad es que históricamente nunca hubo una proporción importante de los trabajadores en esa situación. Aun con requisitos menos estrictos, en los ‘60 la cobertura de las personas mayores de 65 años apenas alcanzaba a un 30 por ciento, en los ‘80 había alcanzado a un 70 por ciento y hoy, sin moratorias, estaríamos en torno al 60 por ciento o menos.

La informalidad es un problema serio en nuestro país, agravado por la baja productividad y el estancamiento de nuestra economía, que no permite crear empleos de calidad. El PIB per cápita es prácticamente el mismo de fines de los ‘90 y la informalidad entre los trabajadores asalariados es unos puntos más alta.

En comparación, en Chile y en Uruguay el PIB per cápita aumentó más de un 200 por ciento y 180 por ciento respectivamente y la informalidad entre los asalariados cayó un 30 por ciento y un 50 por ciento. Aun con estas mejoras, ambos países avanzaron en reformas de fondo en sus sistemas previsionales, incorporando componentes no contributivos, como la pensión solidaria en Chile o la ampliación de no contributivas en Uruguay, para asegurar una mayor protección de la población mayor.

Reconociendo que estos problemas son estructurales, la mayoría de los países de América Latina avanzaron en los años 2000 con reformas en esa línea. Argentina también lo hizo, pero con una aproximación distinta a la de sus vecinos: en lugar de implementar modificaciones de fondo, habilitó una vía excepcional y temporaria: la moratoria. Esta estrategia fue efectiva para resolver el problema acumulado; en tres años, la cobertura pasó del 70 por ciento a más del 90 por ciento pero, por ser una excepción, tenía una vigencia limitada. Eso llevó a una nueva moratoria en 2014, que se extendió en 2016 y 2019 y está a punto de vencer. La propuesta actual tendría vigencia por dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos.

Las moratorias han sido efectivas para incluir a la población más desprotegida en el sistema previsional, pero la propia condición de excepcionalidad y la premura con que se aprobaron resultaron en problemas de inequidad, costos excesivos y confusión normativa. Cabe preguntarse si no sería mejor avanzar con una reforma de fondo, que mantenga la amplia cobertura y mejore al mismo tiempo la equidad y la sostenibilidad.

Tenemos alrededor de 200 regímenes de excepción que, por razones justificables o no, otorgan a distintos grupos derechos por sobre los de los ciudadanos comunes. Tenemos un esquema de movilidad que no protege el poder adquisitivo de los haberes y pone en riesgo la sostenibilidad de cualquier programa de estabilización macroeconómica. Tenemos un sistema excluyente, que sólo protege integralmente a trabajadoras y trabajadores formales. Tenemos un esquema de pensiones por fallecimiento basado en un supuesto modelo de familia en el que el varón era el único generador de ingresos y la mujer asumía las tareas de cuidado. En resumen, tenemos un esquema de beneficios que excluye a casi dos tercios de la población y no reconoce derecho alguno por aportes a quienes no alcanzan el mínimo de 30 años y, a pesar de ello, es de los más caros del mundo. 

Parecería que es hora de avanzar en una discusión seria sobre cómo construir un sistema previsional con mejor cobertura, buenos beneficios, que sea más sostenible y más equitativo. Para eso, necesitamos discutir temas sensibles, pero urgentes. ¿Será posible?

(*) Director del Programa de Protección Social en CIPPEC.

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La dignidad no tiene precio

Por Miguel Fernández Pastor (**)

El 15 de diciembre de 2004 se votó la ley 25.994, que rápidamente Clarín estigmatizó como “la ley de jubilación para amas de casa”. Para la derecha, representó la jubilación sin aportes, o con pocos aportes. Sin embargo, en realidad fue el “Plan de inclusión jubilatoria” que no sólo cambio la realidad previsional del país, sino que configuró una verdadera reparación histórica y una dignificación para todos los compatriotas castigados por las privatizaciones y flexibilizaciones laborales de la década de los ’90.

Esa ley fue complementada, un año después, con el dictado del decreto 1454/05, reglamentando el ingreso a la moratoria prevista en la Ley 24.476 y habilitando que más de cuatro millones de personas regularizaran sus aportes previsionales. De esta manera pudo cristalizarse el acceso al beneficio previsional que contempla, a su vez, la cobertura médica por medio del PAMI. Cabe señalar que la inmensa mayoría de los nuevos beneficiarios fueron mujeres y se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.

Desde los sectores más conservadores de la política argentina se han cuestionado estos planes de inclusión social argumentando el elevado costo que los mismos podían representar para el erario público hacia el futuro. Por ello, vale la pena recordar que el costo de la transición por la reforma del sistema previsional del año 1994 fue financiado con el incremento de la alícuota del IVA, impuesto al consumo que, como tal, afecta siempre en mayor medida a las personas con menores recursos.

También resulta oportuno recordar que el abandono social hacia nuestros mayores no resulta gratis, ya que de alguna manera alguien deberá hacerse cargo de ellos –sean los hijos, el Estado nacional, provincial o municipal a través de pensiones de tipo asistencial o en última instancia la caridad-. En mi opinión, el hecho de devolver la dignidad a nuestros mayores no puede ser medido en términos de costo fiscal, porque la dignidad no tiene precio. Por otra parte, en los hechos quedó demostrado que dicho costo no fue tal ya que en el segundo año de implementación la inflación bajó un 2 por ciento mientras que la economía tuvo un fuerte crecimiento.

El Plan de Inclusión Jubilatoria representó dos hitos históricos: en 2014 logró la mayor cobertura previsional de nuestra historia y una de las más altas del mundo y, a la par, se alcanzó el ingreso mínimo jubilatorio más elevado de Latinoamérica. Claro que después llegó el neoliberalismo y tiró todo por la borda.

El Senado aprobó hace unos días un proyecto presentado por Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, que contempla un nuevo Plan de características similares a los previstos por la ley 25.994 y la ley 26.970 aún vigente.

En paralelo, está en tratamiento en Diputados, un proyecto de Gisela Marziotta en igual sentido que el anterior, con el objeto de cubrir el bache entre el tratamiento del definitivo y el vencimiento de la anterior moratoria que ocurrirá el 26 de julio próximo.

Estos proyectos tienden a incluir a los mismos desamparados que incluyó Néstor Kirchner, creo que además de ser un homenaje a su figura y a sus ideas, es justo, equitativo y éticamente necesario. El Poder Ejecutivo debería seguir su ejemplo y asumir, como propio, el nuevo Plan de Inclusión que se debate ahora en Diputados, usando este proyecto como punta de lanza de un nuevo proceso de inclusión.

Es sabido que los apologistas del neoliberalismo, los egoístas de siempre y los mercenarios del capital darán, una vez más, la batalla para desmerecer los efectos del plan, repitiendo como loros que el “costo fiscal” es elevado, que genera inflación y la consabida idea de que esto ahuyenta las inversiones. Lo que tienen miedo es tener que pagar los impuestos como corresponde y no poder remarcar precios todos los días. Son unos monstruos que quieren todo para ellos, nada les importa más que acumular dinero, aunque en esto les vaya la vida a millones de compatriotas.

No hay que resignarse.

(**) Abogado especialista es Seguridad social.