El informe PISA, el caso DINA, policías enviados a Venezuela para investigar a Podemos, Eduardo Inda acusando falsamente a Iglesias de cobrar del Gobierno de Maduro... Las cloacas de Interior han apuntado a matar en numerosas ocasiones contra la formación morada; siempre con la mediación de Villarejo y la colaboración de Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz. Numerosas informaciones en Público llevan dando cuenta de esta cacería desde hace ya seis años.
Al informe que fue remitido al Tribunal de Cuentas por la Policía que acusaba a Podemos de financiarse ilegalmente e incluso de blanquear dinero, difundido en marzo del año 2016, le faltaban varias páginas del documento supuestamente elaborado por los miembros de una "unidad de inteligencia", adscritos directamente a la cúpula policial y convenientemente aireado para desprestigiar al partido.
El conocido como Informe P.I.S.A. (el acrónimo inventado de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fue encargado por el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz a la cúpula policial dirigida por el comisario Eugenio Pino, y la versión a la que accedió Público -había varias- estaba sin fechar y sin la identificación del agente que confeccionó esta suerte de corta y pega de acusaciones varias.
El comisario José Manuel Villarejo Pérez entró en julio de 2016 al juzgado pidiendo perdón al magistrado Arturo Zamarriego, quien dirigía la investigación del caso pequeño Nicolás, por haberle acusado en una querella de ser miembro de una organización criminal formada por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Asuntos Internos y varios periodistas. También dejó varias claves sobre su relación con los periodistas que le hicieron llegar a Francisco Nicolás Gómez Iglesias una grabación ilegal entre los espías y los investigadores de la causa, con la que el presunto estafador iba a cerrar el caso.
Los cuatro tomos que conformaban la pieza separada que investigaba la revelación de secretos por parte de la cúpula policial para dañar a otras instituciones y ayudar al pequeño Nicolás evidenciaron la estrecha relación entre los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta con la cúpula policial en los tres meses de finales de 2014 en los que se ejecutó la campaña contra los independentistas catalanes, contra Podemos y contra el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.
El entramado de la cúpula policial que durante años actuó como un auténtico poder mafioso dentro del Estado centró sus blancos en todos los que se enfrentaban al poder omnímodo del PP. Y uno de sus principales objetivos fue Pablo Iglesias.
En 2017, Público informó en exclusiva de que algunos de los que trabajaron en ese juego sucio contra políticos opositores continuaban al servicio de la Policía Nacional... seguramente cobrando -vía fondos reservados- de dinero público, puesto que ese tipo de colaboraciones no se suelen hacer gratuitamente.
Primero algunos medios de comunicación afines a la cúpula policial, dirigida por el comisario Eugenio Pino, comenzaron a publicar filtraciones sobre la presunta financiación ilegal de Podemos por los gobiernos de Venezuela e Irán. Pero fue el 12 de enero de 2016 cuando se desveló el ya famoso "Informe PISA".
Según reconoció a Público Eduardo Inda, uno de los receptores de esta información, "yo los papeles estos los tengo desde hace muchísimo tiempo", para proseguir asegurando que "el informe lo tengo muchísimo antes de las elecciones, lo que pasa es que a mí mis fuentes me piden que por favor no lo publiques y cuando me dicen publícalo, pues lo publico, nada más".
En marzo de 2017, Pablo Iglesias, entraba a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo y salía con la oferta del juez que instruye la causa Tándem, Miguel García Castellón, de personarse como acusación particular en una de las piezas contra el comisario José Manuel Villarejo y otros integrantes de una posible organización criminal dedicada al cohecho y al blanqueo de capitales, entre otros delitos.
La pieza se denominaba DINA, el nombre de la asistente que Pablo Iglesias tenía cuando era europarlamentario, Dina Bousselham. En 2016, ella denunció el robo de su móvil en un centro comercial pensando que se trataba de un delito común. Pero la sorpresa llegó cuando, en un registro ordenado en noviembre de 2017 dentro de la Operación Tándem, apareció el teléfono robado a la colaboradora de Iglesias. Fue entonces cuando los investigadores de Asuntos Internos comenzaron las pesquisas en esta pieza separada denominada DINA.
A Dina Bousselham le sustrajeron su móvil el 1 de noviembre de 2015. Era colaboradora del líder de Podemos en Bruselas y manejaba datos confidenciales, como la cuenta del europarlamentario.
Esa información bancaria aparece en la primera versión del informe PISA, que la Policía le dio a Inda ese mismo noviembre, según contó el tertuliano a Público en una conversación que desvelamos hace ya tres años. Posteriormente, la UDEF eliminó la cuenta bancaria en la versión del falso informe enviada al Tribunal de Cuentas y filtrada a la Cadena SER.
En marzo de 2016, agentes dependientes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, dirigida por el comisario Eugenio Pino, y que formaban parte de una "unidad de inteligencia" no oficializada dentro del cuerpo, estuvieron en Venezuela junto con agentes estadounidenses investigando la supuesta relación entre el tráfico de drogas a escala internacional, el Gobierno de Nicolás Maduro y la financiación de Podemos.
Al mismo tiempo, en España se encontraba un presunto confidente de la agencia norteamericana contra el tráfico de drogas (DEA) al que la Policía protege, aseguraron a Público fuentes policiales, y de cuya información se estaría valiendo el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para guiar su investigación contra la formación morada, encargada directamente desde el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz a la cúpula de la Policía.
La brigada política que dirigía el ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, convocó en Madrid, entre el 19 y 27 de abril de 2016, a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, con quienes pretendían hacer una segunda versión del apócrifo Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) antes de las elecciones generales del 26 de junio.
Se hospedaron en el hotel Orfila de Madrid, según el documento al que tuvo acceso Público en exclusiva, y fueron controlados por agentes de confianza de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como el inspector jefe Jesús Vicente Galán.
En 2016, la Justicia ya había desmontado cinco veces las acusaciones sobre la inventada financiación ilegal de Podemos y de su entonces secretario general, Pablo Iglesias. Sin embargo, Eduardo Inda continuaba cegado en su empeño de dar por válido el más que demostrado montaje de la brigada política del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra la formación morada.
Después de que el falseado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) hiciera aguas por todas partes en mayo de 2016, Inda insistió en la teoría bolivariana con un documento presuntamente facilitado por la Asamblea de Venezuela a "fuentes de inteligencia policial españolas".
En 2017, Inda tuvo que responder desde el banquillo ante pruebas materiales irrefutables de que había violado todos los principios y códigos deontológicos periodísticos para calumniar a Pablo Iglesias.
El tertuliano ya había sido demandado por el autor de la información –quien era jefe de Investigación de su medio digital cuando se manipuló lo que había escrito–, Francisco Mercado, quien reclama una indemnización a Inda y a su empresa Dos Mil Palabras, SL. El periodista dimitió tras esa manipulación.
Público consiguió entonces las pruebas de cargo de esa falsificación antiperiodística contra Iglesias, cuyo rastro permanece en el registro del CMS (Content Manager System) de OK Diario: la noticia original fue alterada por el jefe de redacción de Inda, Juan Antonio Jiménez, entre las 03.06.46 y las 04.02.49 de la madrugada de la fecha de publicación –en mayo de 2016, durante la precampaña de las elecciones generales–, mientras el autor dormía y sin avisarle.
El procedimiento que interpuso Pablo Iglesias contra Eduardo Inda fue desmontando todas las acusaciones del tertuliano sobre la inventada financiación venezolana de la formación morada.
La acusación demostró mediante un documento certificado del Ministerio del Poder Popular para la Banca y las Finanzas de Venezuela, que no existió la orden de pago por la que supuestamente habría recibido 272.325 dólares del Gobierno venezolano en la sucursal del Euro Pacific Bank de Islas Granadinas.
Siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron en 2019 ante la Fiscalía General del Estado de España tres querellas contra un total de 91 miembros del Gobierno de Hugo Chávez, que abandonaron el país tras su muerte y durante los primeros años de Nicolás Maduro, así como empresarios relacionados con Petróleos de Venezuela S.A (PdVSA), a quienes acusan de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y contra el orden socioeconómico.
Tres de los querellados fueron usados por el comisario encarcelado José Manuel Villarejo en sus trabajos de la 'brigada política' contra Podemos y en el sumario de Tándem.
El comisario José Manuel Villarejo Pérez entró en julio de 2016 al juzgado pidiendo perdón al magistrado Arturo Zamarriego, quien dirigía la investigación del caso pequeño Nicolás, por haberle acusado en una querella de ser miembro de una organización criminal formada por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Asuntos Internos y varios periodistas. También dejó varias claves sobre su relación con los periodistas que le hicieron llegar a Francisco Nicolás Gómez Iglesias una grabación ilegal entre los espías y los investigadores de la causa, con la que el presunto estafador iba a cerrar el caso.
Los cuatro tomos que conformaban la pieza separada que investigaba la revelación de secretos por parte de la cúpula policial para dañar a otras instituciones y ayudar al pequeño Nicolás evidenciaron la estrecha relación entre los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta con la cúpula policial en los tres meses de finales de 2014 en los que se ejecutó la campaña contra los independentistas catalanes, contra Podemos y contra el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.
El entramado de la cúpula policial que durante años actuó como un auténtico poder mafioso dentro del Estado centró sus blancos en todos los que se enfrentaban al poder omnímodo del PP. Y uno de sus principales objetivos fue Pablo Iglesias.
En 2017, Público informó en exclusiva de que algunos de los que trabajaron en ese juego sucio contra políticos opositores continuaban al servicio de la Policía Nacional... seguramente cobrando -vía fondos reservados- de dinero público, puesto que ese tipo de colaboraciones no se suelen hacer gratuitamente.
El lunes 18 de enero de 2016 por la mañana se celebró en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dirigía el comisario Eugenio Pino, una reunión con el periodista y tertuliano Eduardo Inda. Al día siguiente, Ok Diario publicó que "la productora de Pablo Iglesias recibió otro millón de euros desde un banco de Moscú", continuando así un serial iniciado una semana antes en el que se acusaba a Podemos de recibir dinero de Irán y que Inda bautizó como el Irángate.
La reunión se llevó a cabo dentro de las dependencias policiales de la DAO. Según describieron a Público testigos que se encontraban en el edificio, "los primeros en llegar fueron el comisario Eugenio Pino y su mano derecha, el inspector José Ángel Fuentes Gago, que a pesar de estar destinado en Holanda cobrando 10.000 euros de dietas al mes, se pasa el día en Madrid. Después llegó Eduardo Inda y, a los pocos minutos, el comisario José Manuel Villarejo".
Los por entonces experiodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta obtuvieron la grabación ilegal hecha a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a tres de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a través del comisario José Manuel Villarejo Pérez, hombre de confianza del número dos de la Policía, Eugenio Pino. Y se la entregaron al pequeño Nicolás para que intentara con ella archivar la causa contra él, en la entrevista que le hicieron el 18 de noviembre de 2014 en la casa de Inda. Así consta en el sumario que instruyó el juzgado de instrucción número 2 de Madrid.
De todos los movimientos estaban informados diferentes mandos policiales adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía el citado comisario Pino. En concreto entre el 20 de octubre y el 23 de diciembre de 2014 el tráfico de llamadas entre Inda y Urreiztieta acreditan más de 200 comunicaciones con la cúpula policial: 68 con el jefe de gabinete de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; 78 con el comisario José Manuel Villarejo Pérez y 105 con el comisario Enrique García Castaño.
La noticia referente a que la cúpula policial filtró información a medios de comunicación afines para desprestigiar a Podemos y a Pablo Iglesias, publicada por Público, superaba "el test de veracidad" exigible por los tribunales, según dictaminó en junio de 2016 la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durantez.
El jefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), Eugenio Pino, interpuso una querella por calumnias contra Patricia López, la periodista que informó en Público sobre la reunión mantenida el 18 de enero en la sede de la cúpula policial entre el periodista Eduardo Inda, el comisario José Manuel Villarejo Pérez, el propio Pino y su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.
El número dos de la Policía pedía incluso una pena de cárcel, pero la juez dio la razón a Público y dictaminó el sobreseimiento libre.
Según consta en un informe policial del mes de abril de 2019 al que tuvo acceso Público, el grupo de Asuntos Internos que realizaba la investigación informaba al juez que "en relación al informe 'PISA' se desconoce el objeto del mismo, si bien a través de fuentes abiertas se ha localizado información que lo vincula con un supuesto informe sobre la también supuesta financiación irregular del partido político PODEMOS".
Sin embargo, cuando en el mes de mayo los representantes legales de los dirigentes de Podemos solicitaron una serie de diligencias para conectar en robo del móvil con la elaboración del informe, el juez denegó las mismas alegando que el informe PISA y la financiación de Podemos no eran objeto de investigación en la pieza 10.
Esta contradicción del juez Manuel García Castellón es la que llevó a Podemos a solicitar que se aclare el embrollo y se incluyera en la pieza principal el conocido informe PISA, para saber de qué versión se trata y si hay documentación sobre cómo se elaboró.
El dudoso tándem que los comisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo hicieron en la Comisaría General de Policial Judicial está grabado en algunas investigaciones que la UDEF realizó desde 2005 hasta la salida de Mariano Rajoy del Gobierno: pruebas escondidas, falsas o adulteradas para negocios privados y una red de agentes que mantienen sus puestos y de periodistas que colaboraron en la difusión de noticias tóxicas, según la Audiencia Nacional.
El 10 de diciembre de 2014 Nicolás Maduro fletó un avión presidencial en el madrileño aeropuerto de Barajas para que viajaran a Venezuela la portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel; la dirigente de Podemos en Castilla La Mancha, María José Aguilar, e Ignacio Gil de San Vicente, suegro del entonces número 1 de la banda terrorista ETA.
Un año después se filtró una grabación en la que se intentaba criminalizar a estos dirigentes políticos, quienes apuntan a la Policía como autora de dicho vídeo. La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, señaló que pudieron ser miembros de cuerpos policiales quienes grabaron las imágenes porque, al viajar en el avión presidencial, fueron a una zona del aeropuerto de Barajas donde sólo estaban los 30 o 35 pasajeros, la tripulación y "los cuerpos policiales que tienen atribuida la vigilancia y las funciones de seguridad del aeropuerto".
