Abogado de sindicatos desde 1987, en 2015 Alejandro Segura concursó, ganó, su pliego fue propuesto por el Ejecutivo y aprobado por los senadores y quedó designado como camarista federal de San Justo. El único problema es que la cámara que debía integrar era nueva y no existía (sigue sin existir) y entonces lo nombraron como subrogante en un juzgado laboral de La Matanza.

–¿Hay un plan oficial contra el fuero del trabajo?

–Prefiero analizar las cosas sociológicamente. 

–¿O sea?

–Trato de mirar los procesos sociales desprovistos del componente valorativo. La lógica de acumulación y reproducción del capital tiende a obtener mayor productividad de cada factor de producción. Por ejemplo, del trabajo. Actualmente veo una pérdida de la visión tridimensional que debe tener el Estado cuando concibe que en el mundo del trabajo y la producción las tres patas son el propio Estado, los empleados y los empresarios. Y hoy las agencias administrativas que intervienen en el mundo del trabajo están en manos de empresarios o de gerentes que vienen del campo empresario. Justamente cuando se pierden el equilibrio y la imparcialidad es cuando aparecemos los jueces del trabajo. Es lo que pasa con el tema tan discutido de los accidentes laborales.

–¿Dónde estaría la pata empresaria?

–Si el poder administrativo pasa a estar en manos de empresas comerciales que se dedican a dar prestaciones médicas y eventualmente a resarcir a los accidentados, es obvio que el manejo empresario tendrá una visión empresaria. Por eso la inmensa mayoría de los juicios por accidentes responde a coberturas insuficientes, viene de la negativa a prestar las coberturas y se produce cuando hay deficiencias en la prevención. Los empresarios maximizan su interés y terminan produciendo un daño. Su política es: “No sé si el empleado tiene razón, pero en todo caso que me haga juicio”. El desequilibrio debe ser reequilibrado. No puede naturalizarse ni siquiera aunque alguno piense como Emilio Barzini, el mafioso de El Padrino, cuando decía: “A los jueces les vamos a pagar por los servicios prestados, porque nosotros no somos comunistas”. Vuelvo a la sociología. El gobierno actual está mayoritariamente compuesto por personalidades que vienen del mundo empresarial, más que de la política y del sindicalismo. Los comprendo.

–¿Los comprende?

–Sí, comprendo cómo funcionan. Pido la misma comprensión cuando nosotros tratamos de buscar el equilibrio que se ha perdido. Cuando nos amparamos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando citamos los Principios de Edimburgo y repetimos qué debe hacer el Estado y qué no puede hacer. Cuando el Estado viola el Pacto al vulnerar el carácter progresivo de los derechos económicos y sociales, alguien debe buscar el equilibrio perdido. Como comunidad inmersa en el mundo no podemos violar la salud pública, negar la negociación colectiva o reprimir el derecho de huelga. El nuevo Código Civil establece reglas claras: los jueces tenemos que fallar según la Constitución, la ley y los pactos internacionales. Si no lo hacemos, violamos esos compromisos. 

–¿No hay un problema en el fuero del trabajo, como dice el Gobierno?

–No. Y si alguien comete un abuso que sea penado. En materia de accidentes todo es más difícil porque el menemismo tomó la decisión de darles a empresas privadas la administración y surgieron las ART, las administradoras de riesgos de trabajo. Pero por otra parte la sospecha de abusos sistemáticos en el fuero laboral choca contra un dato: un juez laboral firma cheques por resarcimientos por un monto que es la décima parte de los montos que mueve un juzgado comercial. No es un volumen significativo de dinero. El juicio por accidentes de trabajo no se busca. Es provocado por las malas condiciones de trabajo o la falta de contralor de las ART a las empresas. Y encima cuando la incapacidad de trabajar se convierte en definitiva termina siendo insuficientemente reconocida. Sin embargo las referencias a la presunta industria del juicio son históricas y coinciden con períodos de pérdida del equilibrio. Fueron típicas de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, y también uno de los caballitos de batalla del dueto formado por Bernardo Neustadt y Carlos Menem. Recuerdo que Sergio Massa en algún momento lanzó el mismo concepto. No tienen en cuenta que la proliferación de juicios seguirá siempre y cuando se mantenga el régimen por el que una parte de la salud pública laboral esté en manos de empresas. Igualmente los juicios son un epifenómeno y la litigiosidad solo es un costado patológico: existen centenares de conflictos que no llegan a juicio. A veces eso pasa por las malas razones: el empleado se ve forzado a aceptar peores condiciones para mantener la fuente de trabajo si la desocupación es alta o va en vías de serlo. El juicio es marginal.

–¿Cuál es el motivo específico de la ofensiva contra los camaristas?

–Sin abandonar la premisa de la mirada sociológica, la conflictividad laboral se exacerba cuando se focaliza en el aspecto colectivo. El derecho colectivo motoriza el derecho individual. Alguien puede pensar que si desactiva la potencia de los reclamos por los derechos colectivos, los pedidos individuales quedarán cada vez más aislados. 

–Y serán más débiles.

–Exacto. Por eso la virulencia contra fallos que obligan a la negociación colectiva o reponen delegados. 

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