La semana pasada este diario informó que la Universidad Nacional de Río Negro, con la creación de un "Instituto de Hidrógeno Verde", buscaba convertirse en un "centro de capacitación para la producción de energía limpia".

A pedido de esta columna, expertos de esa universidad, y de otras dos, analizaron la cuestión y coincidieron en que "los anuncios no han sido más que eso" y en que "hasta ahora todo se ve políticamente confuso", debido a que, en palabras de una distinguida economista y docente de la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), se trata de un proyecto "cuestionable desde todo punto de vista".

De las consultas recabadas por esta columna surge contundente la impresión de que todo está oscuro, más que verde. Por ahora lo único cierto es que para generar el ya famoso hidrógeno se anunció la construcción de un parque eólico de 400 aerogeneradores de alta potencia. Pero ese anuncio no dejaría de ser conflictivo ya que en la Argentina, según la informante, "INVAP Ingeniería es la empresa tecnológica nacional y tiene capacidad de desarrollar esa tecnología desde hace 20 años y para ello viene reclamando un espacio que se le niega". Y tal negativa se debe a que "siempre han estado IMPSA y Pescarmona en el medio, quienes teniendo esa tecnología finalmente abandonaron la Argentina y se fueron a hacer los molinos a Brasil".

"Al parecer —señala otra fuente— el año pasado el proyecto fue impulsado por el Presidente y la senadora mendocina Fernández Sagasti, quienes lograron que los Estados nacional y provincial se hicieran cargo de la empresa". Grande fue el beneplácito en la comunidad tecnológica, y aunque hubo consenso en seguir avanzando ahora que IMPSA volvió a ser mayoritariamente estatal, hubo y hay técnicos en YPF que aseguran que sí va a hacer los molinos aunque no se sabe cómo ni cuándo. Y esto es parte del problema, porque todo lo que rodea a este asunto parece ser, si no turbio, poco transparente.

Por eso llamaron tanto la atención la prisa del gobierno rionegrino y la venia presidencial, evidenciadas en las muchas sonrisas durante la visita de Agustín Pichot, el exfenomenal rugbier argentino ahora representante de intereses australianos, quien trajo este negocio al país el año pasado. Y que como espejitos de colores rápidamente compraron el entonces ministro Kulfas y la gobernadora Arabela Carreras, brindando sonrientes con la CEO de Fortescue, Julie Shuttleworth y su director ejecutivo, Pichot. Las fotos exultantes en la web indican que no fue difícil entusiasmar a ministro y gobernadora, quien rápidamente concedió nada menos que 625.000 hectáreas de tierras fiscales a la Fortescue. Un territorio fenomenal, ubicado en una zona protegida (la meseta de Somuncurá, uno de los paraísos rionegrinos), ahora cedido por 50 años prorrogables por otros 25, lo que deja chiquita la entrega del Paraná por Menem en los 90.

Pero lo más grave es que esos territorios están en Punta Colorada, cerca del Golfo San Matías y a 35 kilómetros de Sierra Grande, localidad vecina –oh, casualidad– del extraordinario aeropuerto del Sr. Joe Lewis y que está a sólo hora y media de vuelo de las Islas Malvinas.

"A eso vienen —lamenta la economista de la Universidad del Comahue—: a ocupar territorio aduciendo inversiones". Y "encima —completa un periodista de Trelew— lo peor es que ningún movimiento anti-hidrógeno verde comulga con el peronismo ni el kirchnerismo, tanto así que el bloque entero del Frente de Todos apoyó en la Legislatura ceder las 625.000 hectáreas".

La cuestión es compleja, tanto que la mismísima Wikipedia, tantas veces mentirosa, define el término hidrógeno verde como "el hidrógeno generado por energías renovables, bajas en emisiones. Se distingue de otros métodos de producción, como la producción del hidrógeno gris, que se obtiene con la técnica de reformado por vapor de gas natural y que representa el 95% del mercado comercial actual". Y luego se extiende en palabras que solo expertos podrían comprender. Y al igual que en la economía, si algo se presenta muy difícil o incomprensible, es porque viene con trampas. Sirva de ejemplo, en la mencionada enciclopedia virtual, el párrafo en el que dice que "en 2020 los científicos informaron sobre el desarrollo de microgotas para células de algas o reactores microbianos esferoides multicelulares de algas y bacterias sinérgicos capaces de producir oxígeno e hidrógeno a través de la fotosíntesis a la luz del día bajo el aire..."

Y así siguiendo, más adelante se dice que en Europa "Airbus ya está diseñando aviones propulsados por hidrógeno para lanzar el primer vuelo comercial previsto para 2035", aunque enseguida dice que "el hidrógeno no se utilizará ampliamente en aviones antes de 2050". O se postula que en Omán "un consorcio de empresas ha anunciado un proyecto de 30.000 millones de dólares que se convertiría en una de las mayores instalaciones del mundo", cuya construcción "se iniciaría en 2028". Y así también en Dubai, Emiratos Árabes y Corea del Sur, donde parecen sobrar proyectos, igual que en la Unión Europea, China, Costa Rica, Chile y ahora en Argentina mediante la supuesta inversión de 8.400 millones de dólares de la firma australiana Fortescue, que promete maravillas en Río Negro a partir de 2025, pero hasta ahora sólo ha recibido una exótica concesión de tierras públicas.

Por supuesto, hay mucho de turbio en esta cuestión, que además parece —y parece mucho— haber sido introducida vendiéndole espejitos de colores a varios miembros del gobierno argentino, que ahora mejor haría en revisar y retrotraer todo, en lugar de enojarse. Sobre todo porque este fenomenal fraude político-económico podría conllevar el inocultable peligro de pérdida territorial. O sea de soberanía e integridad nacional. Que es el verdadero y final peligro, porque en todo lo visto no sólo ni se menciona la soberanía argentina, sino que se la soslaya de manera harto sospechosa.

Es soberanamente irracional permitir semejante territorio a una compañía no casualmente británica. Porque Australia es un país que se considera independiente, pero es parte del “Commonwealth” o Comunidad Británica de Naciones, y su máxima autoridad es la reina de Inglaterra, Isabel II, que también es reina de Australia desde el 6 de febrero de 1952.

Por eso esta columna ya anticipó, en notas anteriores, el peligro de consentir que el súbdito británico Sr. Joe Lewis sea propietario de dos aeropuertos de gran envergadura en la misma latitud: 41°41′40″S y 71°39′12″O el de Lago Escondido; y 41°36′41″S 65°21′27″O, el de Sierra Grande. Dos paralelos que unen las 625.000 hectáreas cedidas alegremente por la Provincia de Río Negro a la empresa Fortescue en la misma línea recta que divide a la Argentina en dos territorios perfectos: al Norte y al Sur. Y línea que hoy, de hecho, está en manos británicas y por ende de la OTAN. Y que muy probablemente fue trazada por potenciales fuerzas invasoras inglesas.

Defender la soberanía nacional es también explicar y hacer docencia no sólo en una cuestión fluvial y marítima. La derogación del grotesco Decreto 949/20 para la restitución plena y total de la soberanía argentina sobre nuestros litorales hídricos, no es la única causa que el gobierno debería encabezar. También la del litio y el oro. Y de la plata y el cobre. Y del petróleo y los latifundios y los bosques que se siguen talando brutalmente y de la megaminería y tanto más.

Por todo lo anterior, mínimamente, bien harían las Fuerzas Armadas argentinas, ahora en democracia, en empezar a tomar nota y retornar a un patriotismo que deje en el pasado sus ominosos crímenes.

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