Familias de las localidades de Tilcara, Tumbaya y Volcán, de la provincia de Jujuy, mantienen su preocupación ante un posible desalojo de parte del gobierno de Gerardo Morales. Esto se debe a que el Ejecutivo provincial insiste en llevar adelante el proyecto del Tren Turístico, en el tramo Volcán - Tilcara, que se extenderá por 42 kilómetros pasando por Tumbaya, Purmamarca y Maimará.
En su paso por las localidades afectará a quienes viven en las inmediaciones de la estación de tren que es parte del Ramal C del Ferrocarril General Belgrano. En el caso de Tilcara, se adelantó que se busca construir un paseo gastronómico.
Después de que se emitiera una orden de desalojo contra las familias, el 8 de junio último, que finalmente no se llevó a cabo, autoridades provinciales llegaron junto al intendente de Tilcara, Ricardo Romero, ofreciendo un acta compromiso a las familias. Allí se dejaba asentado que era necesario liberar la zona de la estación del tren, y que ya habían efectuado "todas las acciones necesarias a los fines de lograr la desocupación voluntaria".
Luego de que se frustrara el desalojo voluntario, en el escrito dejaron expreso que tuvieron que realizar denuncias penales contra las familias, las que recibieron una notificación de imputación por "usurpación por despojo". En las denuncias se las acusa por un hecho ocurrido en enero de este año, aunque las familias están radicadas en esos terrenos desde hace más de tres décadas.
En la misma acta compromiso, el Ente Regulador de Planificación Urbana de Jujuy, se compromete a "gestionar los trámites administrativos necesarios" para "solucionar la situación habitacional" de las personas desalojadas.
Sin embargo, Mariana Gallardo, una de las personas afectadas, dijo a Salta/12 que "no vienen con nada concreto en ningún momento. Ni del municipio ni de la Provincia". Denunció que desde hace dos meses padecen el acoso policial junto a la insistencia de los funcionarios, que van de manera continua en la zona. Reiteró que no se oponen al desarrollo del proyecto turístico, pero insisten en que el gobierno provincial no ofrece una solución real de reubicación.
En la visita de las autoridades, y sin previo aviso, les dijeron que es urgente que tres terrenos sean desocupados porque están ubicados en el lugar donde se quieren construir una confitería y baños. Ese es el caso de Gallardo, quien relató que está a 10 metros de la estación. "Quieren sacar mi casa, la casa de mi vecina, más un baldío que es un centro vecinal y que sólo tienen cimientos", contó.
No obstante, la vecina contó que el mensaje final es que "todos nos tendríamos que ir". Se trata de al menos 50 familias que se encuentran distribuidas por todo el recorrido del ramal, por lo que, Gallardo afirmó que en caso de aceptar una reubicación, saben que no hay lugar habitable en la ciudad tilcareña. "Acá hay una crisis habitacional desde hace años, ¿a dónde nos van reubicar?", preguntó.
Cuestionó que el gobierno de Morales no haya accionado en tiempo y forma sobre la problemática, pues sostuvo que desde 2016 ya tenían en claro la puesta en marcha del proyecto turístico, y "no hicieron nada y ahora nos vinieron con esa causa falsa".
El 12 de mayo último se presentaron las acusaciones contra las familias, ahí se aseguró que estaban involucradas en el supuesto hecho de usurpación personas que viven en Tumbaya, Volcán y Tilcara. Todas recibieron la misma imputación. Las familias se asesoraron legalmente e interpusieron un recurso de apelación a la orden de desalojo, pedida por el fiscal de Humahuaca, Fernando Alancay, y admitida por el juez Gastón Mercau, del Juzgado de Control N°1, que emitió la orden el 8 de junio.
Una de las abogadas de las familias, Gisel Marti, explicó a este medio que lo principal del pedido en el recurso de apelación fue la suspensión del desalojo. Los motivos refieren a que no se contó con todos los elementos de prueba para dictar la medida y se afirma que existió un ocultamiento doloso por parte del Ministerio Público de la Acusación, que "teniendo toda la prueba incorporada por esta defensa, en su sistema de gestión digital, no remitió las actuaciones completas al Juzgado de control".
Además, la defensa de las familias aseguró que el pedido de desalojo tiene defectos legales en cuanto al hecho imputado y la justificación de la urgencia, y porque a "muchas de las familias que se pretende desalojar ni siquiera fueron notificadas e imputadas".
Por su parte, Alancay manifestó que el pedido de desalojo se debe a que el uso de los terrenos "se produjo mediante engaños y abuso de confianza (por parte de las familias), ya que sabían que son terrenos del tren, que los ocuparon y se mantienen en el lugar al saber que se reactiva el tren Jujuy-La Quiaca, para pedir ayudas al gobierno".
Sin embargo, esos terrenos son ocupados por algunas de estas familias desde hace casi 30 años, después de que Ferrocarriles Argentinos les otorgara las viviendas que quedaron desocupadas tras el cierre de la estación jujeña. Años después, el propio municipio de Tilcara amplió la cantidad de familias en el lugar ya que dio la tenencia de lotes a un gran número de madres.
Gallardo reiteró que están dispuestos al diálogo "pero tiene que ser con algo concreto porque aquí nadie se opone a que vuelva el tren, sino que no tenemos a dónde ir a vivir si nos sacan". Las familias vienen llevando adelante radios abiertas y distintas manifestaciones para ser recibidas formalmente por los funcionarios provinciales y locales.
El 4 de julio dirigieron una nota a los legisladores nacionales y provinciales pidiendo que intercedan en su favor. Reiteraron que quieren "propuestas concretas atendiendo a cada situación de las familias que residimos en el lugar" y afirmaron que "si existieran planes de viviendas acordes a la demanda y a los ingresos de las familias trabajadoras no estaríamos en esta situación de estar peleando por ese derecho elemental".
También manifestaron que todo el proceso que está llevando el Ejecutivo provincial se está realizando con irregularidades y "sin tener en cuenta a la gente que habita este suelo jujeño".
