El operador macrista Fabián Rodríguez Simón suma probabilidades de ser extraditado. Un tribunal de apelaciones de Uruguay rechazó su pedido de refugio porque, consideró, que "no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina que recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente en un Estado soberano y democrático". 

Su defensa anticipó que presentará un recurso de casación, lo que seguirá dilatando el proceso. Pero su intención de ser protegido por el país vecino ya sufrió tres rechazos contundentes: el primero fue de la Comisión de Refugiados (CORE) que emitió un informe que, si bien no era vinculante, fue recogido por la jueza en lo penal de primera instancia, Adriana Chamsarian, y por la sentencia del tribunal de alzada, que es del mes pasado pero se conoció ahora. Todos coinciden en que no hay argumentos para suponer que es un perseguido político sino que es juzgado por delitos comunes y simplemente intenta eludir rendir cuentas ante la justicia.

Los insólitos argumentos de Pepín Rodríguez Simón

La sentencia uruguaya, a la que accedió Página/12, contiene algunos datos novedosos que intentó introducir Rodríguez Simón para insistir en que Uruguay le de carácter de refugiado. Para sostener su teoría de que se lo persigue y que existe la posibilidad de que lo priven de la libertad "Pepín" trajo como ejemplo el procesamiento de Mauricio Macri, comprometido en la causa por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, como si fuera otro perseguido. 

Pero el tribunal de apelaciones lo interpretó a la inversa y respondió: "No se aprecia que tal acontecimiento pueda significar un hecho que sirva como circunstancial o que corroborara la plataforma fáctica expuesta en la solicitud, sino que por el contrario refleja el Estado de Derecho y las garantías procesales que se goza en el país del solicitante, en donde un exPresidente de la Nación, funcionario que de acuerdo a la función ejercida no puede dejar de considerarse de alta investidura, optó por quedar a disposición de la justicia de su país y sujetarse a proceso…". El mensaje es que Rodríguez Simón pudo haber hecho impugnaciones judiciales en los tribunales porteños, pero en lugar de eso huyó.

Rodríguez Simón es investigado por la jueza María Servini en una causa por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Macri también está imputado en ese expediente, igual que empresarios y funcionarios de AFIP, entre otros. Pero es un caso donde no hay detenidos. 

El operador del expresidente se fue a Uruguay el 8 de diciembre de 2020. A la CORE le dijo para intentar convencer a sus integrantes que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Les contó su historia en el PRO, señaló que solo fue abogado de Macri por los Panamá Papers y cuando presentó una cautelar por el cambio de mando en 2015, pero aclaró que fue "abogado de confianza en el marco de su gobierno". Como es sabido, tenía despacho en la Casa Rosada, aunque no tenía cargo (solo era director de YPF). Dijo que viajaba seguido a Uruguay como parlamentario del Mercosur también. Tenía pasaje para volver a Buenos Aires en mayo de 2021, pero el 6 de ese mes se presentó a pedir que lo asilen. Servini ya lo había llamado a indagatoria y nunca volvió. Luego pidió su captura internacional y su extradición.

Preso de sus palabras

El tribunal de apelaciones uruguayo falló por una mayoría de dos votos (de los jueces Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo) por rechazar darle refugio. Graciela Gatti Santana votó en disidencia. El voto que definió respalda y cita varias veces la decisión de la jueza Chamsarian. Recordaron algo que ella afirmó: "El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley No. 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de libertad o de su seguridad personal en su país de origen..."

En un tramo de la sentencia opinan sobre el desempeño de Servini --al analizar la declaración en rebeldía, el pedido de captura y el trámite de la causa-- y la respaldan así: "La resolución de la Magistrada argentina no transparenta una clara y grosera ilegitimidad o arbitrariedad...". Dicen los jueces sobre el final que "se tiene un cuadro de alta conflictividad en el Estado requirente" donde Rodríguez Simón está sujeto "a indagatoria" pero no se dispuso su "prisión preventiva" con lo cual los "pronósticos" que el atribuye a "máximas jerarquías del poder político", no se condicen con la situación real ni tampoco colaboran con la hipótesis de una eventual detención (que si ocurriera ahora sería por su estado de rebeldía y el proceso de extradición). 

El fallo descarta las alusiones a Macri y algunas teorías que intentó ensayar el operador invocando hasta las movilizaciones contra la Corte Suprema que, casualmente, integra su amigo Carlos Rosenkrantz, con quien en el período investigado intercambió 59 llamados.

"Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE, que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada --que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente--, no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse", dicen la posición mayoritaria. E incluyen un párrafo donde muestran que los propios argumentos de "Pepín" se le vuelven en contra, cuando usa como argumento una supuesta campaña mediática en su contra: "Basta considerar que el solicitante, abogado de profesión con alta experiencia en la actividad y función pública, no obstante contar y ser conocedor de los instrumentos legales que tenía para denunciar y defender su honor, no acudió a ninguna de dichos mecanismos, porque como él declaró ante la CORE 'son las reglas de la política, participé activamente en juicios por la libertad de prensa, el hostigamiento es una de las cargas de la política'”.

Lo que vendrá

Rodríguez Simón seguirá escalando con reclamos ante los tribunales uruguayos, ahora con un recurso de Casación. Su panorama no es sencillo, por la cadena de rechazos obtenidos desde el año pasado. El gobierno de Luis Lacalle Pou, sin embargo, hasta ahora se mostró tolerante y la defensa de "Pepín" aprovecha para seguir dilatando los tiempos, quizá como apuesta a un escenario político diferente en 2023 en Argentina. 

Mientras tanto, sigue en su cargo de parlamentario del Mercosur: si bien hubo un dictamen para desvincularlo por "inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido", el plenario resolvió devolver el expediente a la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos para que sume elementos. La nueva sentencia uruguaya suma argumentos para su desvinculación del Parlasur.