“Eliminarlo fue como eliminar a un referente de los derechos humanos”, subrayó el fiscal Juan Murray sobre la muerte del sacerdote Carlos Horacio Ponce de León semanas después de exponer ante la Cámara Federal de Rosario los argumentos por los que la Unidad Fiscal de Derechos Humanos local considera que esa muerte, de la que se cumplen 45 años, fue un asesinato. A la espera de que la alzada habilite la reapertura del expediente, el funcionario judicial insistió en la “necesidad de avanzar rápido para indagar a los responsables que aún permanecen con vida”.

Hace varios años ya que Murray se cargó al hombro la tarea de reabrir la causa que dio por verdadera la versión con la que la última dictadura cívico militar eclesiástica se deshizo de Ponce De León, quien fue obispo de San Nicolás entre 1966 y 1977. Cuando subrogaba la Fiscalía de esa ciudad bonaerense, el hoy fiscal auxiliar de Rosario se topó con el expediente en el que, en 1978, un juez de instrucción había decidido clausurar la investigación sobre el accidente de tránsito en el que Ponce de León resultó muerto el 11 de julio de 1977. 

Lo revisó y se encontró con “una infinidad de falencias” en la investigación procesal de la que el entonces magistrado Oberdán Andrín se valió para afirmar que, en la madrugada de aquel 11 de julio, el obispo falleció en un accidente automovilístico en la ruta 9, a la altura de la ciudad de Ramallo. Había pasado casi un año del crimen de monseñor Enrique Angelelli, en La Rioja. La versión oficial indicó que Ponce de León se dirigía hacia Buenos Aires cuando en su camino se cruzó una pick up Ford F 100 que, supuestamente, circulaba por la mano contraria y pasó al otro carril al querer esquivar a un micro que, delante suyo, frenó de repente.

El religioso, fuerte crítico de la represión ilegal que la dictadura había desatado, cercano a la lucha de los trabajadores de Villa Constitución, perseguidos, secuestrados, asesinados y desparecidos, y núcleo de reclamos y denuncias de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, se dirigía hacia Buenos Aires muñido de frondosa documentación para denunciar estos hechos ante la Comisión Episcopal Argentina y la nunciatura apostólica. La documentación no llegó jamás a destino. Desapareció.

En 2005 Murray solicitó la reapertura de la causa sobre la muerte del obispo por considerar que la pesquisa realizada durante el gobierno de facto no agotó las diligencias necesarias como para llegar a un estado de certeza. Tras él, se sumaron como querellantes la entonces secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y su par de Nación. Además de buscar Justicia para el religioso, el requerimiento fiscal también intentó lo mismo para Víctor Martínez, que acompañaba al obispo en el auto en el momento del choque, que sufrió heridas entonces, y que en 1984 denunció ante la Conadep que tras ser asistido en el hospital zonal producto de esas heridas, fue secuestrado.

45 años

El fiscal auxiliar de Rosario expuso el caso Ponce de León en la jornada de intercambio internacional sobre derechos humanos que la organización Abrazo Argentino y Latinoamericano de Milán llevó a cabo en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires semanas atrás. Su coordinadora, Rosa María Cusmai, formó parte de la diócesis de San Nicolás cuando Ponce de León estaba al frente. “Una iglesia en elección por los pobres nos transmitió con su sangre y su vida y por eso es nuestro mártir”, introdujo Cusmai la charla que fungió como conmemoración a 45 años de la muerte del obispo.

A principios de junio, Murray y el fiscal general Adolfo Villate, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, resumieron frente a la Cámara Federal de esa ciudad las razones por las que consideran que la investigación sobre la muerte de Ponce de León debe reabrirse. Acudieron allí tras apelar la decisión de Marcel Bailaque, el último juez de primera instancia por cuyas manos pasó el expediente –desde el primer intento de Murray otros dos, Carlos Villafuerte Ruzo y Martín Martínez fueron apartados–, de mantener la sentencia que durante la última dictadura cerró el expediente, algo que el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello y Villate le habían solicitado en 2020. 

“El juez sostuvo que no hay ningún informe pericial que pueda hacer caer la decisión que la justicia emitió en 1978”, cuando resolvió el asunto en los términos de un homicidio culposo y condenó a seis meses de prisión en suspenso a quien conducía la camioneta pick up que se atravesó en el camino de Ponce de León, Luis Martínez, explicó Murray a este diario. Para los fiscales, la muerte de Ponce de León fue “un atentado planificado, un homicidio planificado” por los militares de la última dictadura para quienes el obispo era “el líder del movimiento de sacerdotes del tercer mundo en Argentina. La dictadura consideraba que las acciones que podía llevar adelante Ponce de León en San Nicolás podían habilitar acciones populares contra la dictadura y que su accionar favorecía los intereses de la subversión”, explicó Murray en el marco de la jornada de intercambio universitario.

Además de solicitar la nulidad de la resolución de 1978, la apelación ante la alzada por parte de la Fiscalía insiste para que Bailaque cite a indagatoria a quienes tienen responsabilidad en el hecho: el entonces jefe de Inteligencia y Operaciones del Área Militar 132 y del Batallón 101 de San Nicolás Antonio Bossie; el jefe de Personal y Logística Bernardo Landa, que además era ayudante del fallecido jefe de la unidad Manuel Saint Amant; el jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 101 Omar Andrada; el subjefe de la sección Luis Muñoz; Carlos Bottini, quien integró el directorio de Agropolo S.A., la firma de cuya propiedad era la camioneta que se interpuso en el camino de Ponce de León, y Luis Martínez, el conductor.

Argumentos a la Cámara

Ante la Cámara, los fiscales desmintieron a Bailaque. Gran parte de su alegato descansó en el informe pericial del Ingeniero y licenciado en accidentología vial Oscar Geretto, quien a través del software PC Crash reconstruyó los hechos y desestimó que la muerte de Ponce de León se hubiera dado tal como lo declaró en su momento el conductor de la camioneta y como lo sostienen, al día de hoy, peritos de Gendarmería: “La imposibilidad de que los hechos de marras hayan sido producto de un hecho accidental, casual o culposo, y por el contrario, la contundencia de la hipótesis de la Fiscalía en relación a que se trató de un frío atentado programado por las autoridades militares, el que produjo la muerte del Obispo Diocesano de San Nicolás”, apuntaron Murray y Villate en su exposición ante la Alzada.

La pericia de Geretto no es, en tanto, el único elemento sobre el que descansa la hipótesis de la Fiscalía. “Existen al menos veintisiete testimonios brindados en la causa que dan cuenta de las amenazas sufridas –por Ponce de León, sostiene el alegato fiscal– como producto de sus gestiones realizadas en favor de personas detenidas o desaparecidas, perseguidas por la dictadura cívico militar, por su militancia política, gremial, religiosa o social. Varios de ellos dan cuenta que las amenazas provenían directamente de la Jefatura del Área Militar 132.” 

Por otro lado, en la causa figuran documentos que confirman que Ponce de León fue eje de operaciones de inteligencia de parte de las autoridades desde 1968. “Hay informes de la Dirección de inteligencia de la Policía de Buenos Aires sobre sus actividades, archivos de Secretaría de Culto de la Nación que evidencian intercambio epistolar entre el entonces jefe del Área Militar 132 (Saint Amant) y el jefe del Primer Cuerpo del Ejército –Guillermo Suárez Mason– sobre el peligro que para ellos era la presencia de Ponce de León en ese lugar”, describió Murray durante la charla en la UniCen.

Por el momento, la Cámara Federal rosarina no emitió opinión. “Esperamos que lo haga pronto, que se remueva la sentencia que mantiene la causa cerrada y que se impulse el llamado a indagatoria de los responsables”, concluyó el fiscal.