Armamento a Bolivia: Las pruebas se acumulan y se acercan a Macri

Un año después de que Página/12 revelara el envío de armas para apoyar el golpe contra Evo Morales, la justicia argentina acumula pruebas del contrabando que salpica a los escalones más altos del gobierno de Mauricio Macri. Los gendarmes citados a prestar testimonio dijeron, en todos los casos, que nunca usaron las balas para entrenarse –como se había intentado instalar para justificar el faltante– y Bolivia confirmó oficialmente que los pertrechos estaban en poder de la Fuerza Aérea y de la Policía local. Mientras tanto, el juez de la causa espera para esta semana el testimonio del comandante del contingente que trasladó los cartuchos de goma y las granadas que terminaron en poder de las fuerzas golpistas.

Alejandro Catania –el magistrado a cargo del expediente que tiene como principal imputado a Macri– citó para este miércoles a Martín Hidalgo, quien estuvo a cargo del primer contingente de gendarmes que viajaron hacia Bolivia en la noche del 12 de noviembre de 2019 –cuando el golpe contra Evo ya era un hecho–. La expectativa con la declaración de Hidalgo es alta porque, por su jerarquía, podría tener información acerca de cómo se gestó la decisión de llevar material represivo para que quedara en manos de las fuerzas bolivianas.

Hasta ahora, Catania escuchó a los gendarmes de los tres grupos que estuvieron destinados a La Paz. En todos los casos, dijeron que no hubo entrenamientos con las balas 12/70 –que había sido el argumento que dio un jefe de la Gendarmería para explicar el faltante de 70.000 cartuchos–. Esos pertrechos no iban a ser llevados por los integrantes del grupo “Alacrán” pero hubo un pedido de la Gendarmería a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacarlos como complemento. La solicitud se tramitó mientras en la Casa Rosada había una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad en el despacho de Marcos Peña. En el encuentro también participaba la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El jueves pasado, Catania le tomó declaración al gendarme Ramón Padilla, que fue quien fue a buscar las balas 12/70 desde Campo de Mayo al depósito de Gendarmería. “Fui ordenado a retirar munición 12/70 AT como encargado de Sala de Armas para llevar a las Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional Argentina”, dijo Padilla.

Cuando le preguntaron quién le había dado la orden, señaló al entonces jefe de los alacranes, Fabián Salas. Según Padilla, la directiva de ir a recoger las cajas con las balas fue temprano en la mañana del 12 de noviembre de 2019. “Eran 70.000 tiros en cajas de 450 tiros. Dentro de esas cajas de 450 tiros, había cajas de 25 tiros”, precisó. Según relató el gendarme, era un palet con cajas blancas con la inscripción de Fabricaciones Militares.

Terminado ese procedimiento, las balas se cargaron a una de las camionetas que después del mediodía de ese día se encaminaron hacia la base aérea de Palomar, desde donde debían partir los gendarmes hacia Bolivia. Como inicialmente no estaba previsto que viajara esa cantidad de pertrechos, Salas le informó a la Fuerza Aérea Argentina por fax que los iban a agregar. Explicó que era lo que comúnmente se llevaba en ese tipo de misiones. A todas luces, no era lo que solía llevarse ya que los alacranes, en general, usan armas de fuego. Hay otro dato adicional que abona a la teoría de la “anormalidad”: para la misma fecha, el gobierno de Macri mandó un contingente de gendarmes a proteger la embajada de Chile, que no llevó ni esa cantidad de material represivo ni viajó a bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea, sino que lo hizo por avión de línea.

El rol de Macri

Este martes, se cumple un año desde que el gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri por contrabando agravado. En la causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó, entre otros, al expresidente, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al excanciller Jorge Faurie, al exembajador Normando Álvarez García y al exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero. Desde entonces, la justicia ha estado acumulando pruebas y tomando declaración a los gendarmes. Por el momento, no hubo llamado a indagatoria para nadie: ni para los políticos ni para los integrantes de la fuerza de seguridad.

En los tribunales remarcan que se está analizando toda la documentación que mandó Bolivia, que confirma que las balas fueron recibidas allí y que no fueron con el destino que se declaró --que era proteger la embajada o la residencia del embajador--. La documentación, que había sido requerida por el juzgado y la fiscalía, llegó hace menos de dos meses.

“Hace un año denunciamos a Macri y su gobierno por uno de los hechos más nefastos de nuestra historia democrática reciente: el contrabando agravado de armamento con el cual su gobierno colaboró con el golpe de Estado en Bolivia. No solo atentaron contra la democracia de un país hermano, poniendo en jaque la dignidad de nuestra patria, también fueron cómplices de masacres y de crímenes de lesa humanidad que se investigan en ese país”, dice el ministro de Justicia Martín Soria, denunciante junto con la exministra Sabina Frederic y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. “En la causa que aquí tramita en el fuero penal económico por ese contrabando se siguen acumulando pruebas que acreditan la participación de Macri y de la cúpula de su gobierno”, sostiene Soria.

“Por el tipo de delito no pudieron hacer que sus amigos de Comodoro Pro ni la Justicia porteña de (Horacio Rodríguez) Larreta reclamen la competencia para salvarlo, como hicieron con las causas por el espionaje ilegal o la estafa del correo”, añade Soria, que aún así no derrocha optimismo sobre el rol de los tribunales. “Solo les queda el blindaje mediático, hacer pasar el tiempo y llegar a la Corte para que los mismos jueces que él nombró por decreto algún día lo salven, como ya lo salvó a Macri la Corte Suprema menemista por el contrabando de autopartes”, cierra.

Tanto Macri como sus entonces ministros no reconocieron jamás al golpe de Estado que se cometió contra Evo Morales. Incluso sus funcionarios, sobre todo el canciller Faurie que pocos días después del golpe se sumó a la estrategia de la OEA, promotora y acompañante de las maniobras desestabilizadoras, al sostener que "había una situación de fraude previa que la OEA había dicho, en una auditoría, que se cometieron todo tipo de anomalías". Luego afirmó que "quieren dar la impresión de un golpe de Estado que no es tal".