Asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas cuestionaron al gobierno nacional por su intento de avanzar con megaminería violando leyes (entre ellas, la Ley de Glaciares y el derecho a la consulta de pueblos originarios). Denunciaron el llamado “Acuerdo Federal Minero”, impulsado por empresas, provincias y funcionarios nacionales. Luego de quince años de rechazo minero en Chubut, el gobernador Mario Das Neves afirmó que no habrá ningún proyecto megaminero ni nuclear en la provincia.

Desde 2016 el Gobierno intenta un nuevo “Acuerdo Federal Minero”, que haga “más atractivo” el contexto tributario y de “controles” para las empresas extranjeras. También pretende que los gobernadores unifiquen los impuestos locales, redoblen las políticas para “atraer inversiones” y deroguen las leyes que limitan la actividad extractiva.

En la mayor feria mundial del sector “PDAC 2017” en Canadá (Asociación de Prospectores y Desarrolladores), en marzo pasado, el Gobierno fue explícito en los emprendimientos que ofertaba a las empresas. Dividido en mapas por regiones, estaban los 5000 kilómetros de Cordillera con colores y nombres de los proyectos, muchos de ellos en provincias donde la actividad está prohibida (Chubut, Mendoza, Córdoba) y otros en conflicto por no cumplir con los derechos indígenas (de oro en Neuquén, de litio en Salta y Jujuy).

A fines de marzo, en Londres, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Minería, Daniel Meilán, hicieron lo propio ante un centenar de empresarios. Ofertaron quince proyectos mineros, de oro, cobre, plata y litio.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) tiene más de una década de vida y es un espacio de referencia en la articulación de organizaciones sociales de todo el país. Su último encuentro nacional fue en abril (en Entre Ríos), el rechazo al nuevo pacto minero fue unánime y anunciaron un aumento de la conflictividad, con decenas de comunidades donde no dejarán pasar a las mineras: Famatina y Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Andalgalá y Santa María (Catamarca), Esquel y Gan Gan (Chubut), entre otros. 

“Repudiamos el Acuerdo Federal Minero porque proponen un modelo de enclave y extractivista. Violando los principios de protección ambiental y derechos de muchísimas comunidades originarias”, alertaron en un comunicado las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) y recordaron la vigencia de la Ley provincial 7722, que es un freno a la minería.

Chubut es una referencia en la lucha contra la megaminería. En 2002 comenzó la organización en Esquel (frente al intento de un proyecto de la empresa canadiense Meridian Gold) y en 2003 el 80 por ciento de la población, mediante votación, rechazó la minería. Nacieron asambleas en la costa provincial (Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Puerto Pirámides, entre otros).

Los distintos gobiernos provinciales intentaron “zonificar”, para avanzar con la minería en la meseta (centro geográfico de Chubut). Allí se encuentra la multinacional Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo), con intenciones de explotar el yacimiento llamado “Navidad”. El máximo ejecutivo de la empresa, Ross Beaty, se reunió en septiembre con el presidente, Mauricio Macri, y le prometió un desembolso de 1.000 millones de dólares para extraer plata y plomo.

En un vuelco en su postura histórica, el gobernador Mario Das Neves, reconoció el lunes pasado que “el 63 por ciento” de los chubutenses rechaza la actividad extractiva. “Son números claros y contundentes. No vamos a permitir ningún tipo de emprendimiento, ni minero ni de la central nuclear”.

Es la primera vez que un gobernador (donde existen proyectos con probadas reservas minerales y empresas instaladas) se expide contra la actividad.

Las asambleas socioambientales y comunidades mapuche-tehuelche tuvieron un encuentro en Trelew el 28 de mayo. “Todo proyecto de ley relacionado con el agua, el territorio y los bienes comunes debe tener la consulta previa a toda la sociedad y el tiempo necesario para consensuarlo, dando participación a todas las partes involucradas, y que incluya a las comunidades mapuche-tehuelche”, señaló el documento firmado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH). Y, respecto al Gobernador, dieron la bienvenida al cambio de Das Neves referido a la minería, pero lo tomaron con pinzas: “Porque tenemos memoria, las asambleas permaneceremos movilizadas y en estado de alerta”.

El Ministerio de Energía y la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) reforzaron el avance de la extracción de litio (utilizado para los autos eléctricos, baterías de celulares y computadoras). Omiten las denuncias de contaminación (afectación de salinas y sobre consumo de agua, entre otros) y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser consultados por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. En las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), 33 comunidades kollas y atacama rechazan la actividad desde hace cinco años. 

En Catamarca es muy fuerte el rechazo en Andalgalá al proyecto minero Agua Rica (que impulsan Provincia y Nación). En la región del oeste provincial, la Unión de los Pueblos Diaguita emitió un comunicado el 28 de mayo. Reafirmó su “rotunda negativa” a los proyectos mineros y alertó: “Por la Pachamama, nuestros ancestros y por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales”.