La comunidad educativa de las escuelas especiales porteñas se movilizó este martes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para entregar un petitorio con una larga lista de reclamos del sector. Restitución del Palacio Ceci a la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo, reincorporación de la formación permanente a estudiantes mayores de 22 años, y ampliación de la planta de maestros y maestras de apoyo, orientadores y de inclusión, fueron solo algunos de los pedidos que se escucharon en la jornada. "Hay un claro vaciamiento de la educación especial como así también un desplazamiento al sector privado", denunciaron desde la Secretaría de Educación Especial de UTE - Ctera.
La marcha comenzó pasadas las 11 de la mañana de este martes en el cruce de Caseros y La Rioja, y culminó del otro lado del Parque Patricios, en la sede de la Jefatura de Gobierno. "Escuela para todos", "Tenemos derecho a seguir estudiando", "Soledad Acuña y Domínguez no nos escuchan", decían algunos de los carteles y banderas que mostraban el descontento con la ministra de Educación y con Ilda Domínguez, directora de Educación Especial. Tras el acto, los gremios UTE y Ademys, además de las diversas comunidades educativas de los colegios, entregaron un petitorio con los reclamos. "Después de mucho pedir que lo acepten, pudimos entregarlo. No nos recibieron adentro, pero sí vino gente de mesa de entradas y nos atendieron por detrás de las rejas", contó a Página 12 Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE.
"El reclamo es puntual y tiene que ver con toda la retracción que se está viviendo en torno a la educación especial. Hay una tercerización y privatización de los sistemas públicos porque detrás de la discapacidad hay mucho dinero que quiere ser desplazado al sector privado", señaló Godoy sobre el eje de los reclamos. El integrante de UTE sostuvo que una muestra de ello es "lo que han hecho con los jóvenes de 22 años, egresándolos intempestivamente sin prever lo que establece la Resolución 155 del Consejo Federal de Educación: la formación permanente del adulto con discapacidad".
Godoy se refiere a la medida adoptada por el Ministerio de Educación porteño en diciembre del año pasado, cuando decidió cerrar en esa edad la formación laboral pública y permanente de los adultos con discapacidad, que antes finalizaba en los 30 años. Si bien la Resolución 155/2011 del Consejo prevé que esas escuelas comprenden a una franja etaria de 12/14 años hasta 20/22 años, la misma norma establece que se deben garantizar "propuestas de formación permanente, a las cuales puedan acceder aquellos/as adultos a partir de los 20/22 años con discapacidad innata o adquirida que hayan finalizado o no su escolarización formal".
"El egreso intempestivo es un claro vaciamiento de la educación especial como así también un desplazamiento al sector privado de dichos alumnxs. Para quienes no poseen obra social o no pueden pagar es arrojarlxs al vacío. Es harto evidente que para Larreta, Acuña y Domínguez la inclusión es sólo marketing", manifestaron desde UTE en este sentido. Godoy agregó que "lo que han hecho en el Palacio Ceci también es una clara muestra de poner los bienes del Estado al servicio del mercado".
De la marcha también participaron docentes y estudiantes de la escuela de sordos Ayrolo, que todavía pelean por la restitución de su histórico edificio del barrio de Devoto. En febrero de este año la comunidad educativa de ese colegio se enteró por las redes sociales que el GCBA buscaba quitarles el Palacio Ceci para utilizarlo como posible sede del Distrito del Vino. Luego, la cartera educativa transfirió el control del edificio al Ministerio de Desarrollo Económico. Mientras el palacio se encuentra en refacciones, la "Comisión por la Restitución del Palacio Ceci" advirtió en un comunicado que "los representantes de la comunidad sorda no estamos de acuerdo con el hecho de que el edificio ya no pertenezca al Ministerio de Educación" y agregaron que el sitio es "inmueble público por haber sido sujeto a expropiación por ley para sede del Instituto Nacional de Sordomudos".
Junto al palacio funciona actualmente una nueva sede de la escuela que es compartida con el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 66 y la comunidad educativa asegura que "no garantiza todo lo necesario para desarrollar el amplio espectro de actividades pedagógicas y de formación integral". La Comisión agregó en este sentido que el palacio es "patrimonio edilicio, lingüístico, cultural e histórico de la comunidad sorda y no puede ser sustituido por ningún otro bien dado su valor intangible".
Además de estos reclamos, en la marcha también se pidió que el Ministerio cumpla con "la construcción de una escuela especial" en el Polo Educativo Piedrabuena de Villa Lugano. La Ley 4436, que creó ese polo, estableció que debía construirse un edificio para el área de educación especial que hasta el momento no se concretó. "Sería necesaria la construcción del Centro Educativo para la Atención de Niños con Tiempos y Espacios Singulares N° 4", reclamaron desde UTE. La comunidad educativa también exigió que se amplíe la planta de maestros y maestras de apoyo a la inclusión, de apoyo psicológico y psicólogos orientadores, y de asistentes celadores de discapacitados motores. "La sobrecarga laboral genera inconvenientes en el desempeño de lo específico del rol, sumado a ello las inapropiadas condiciones edilicias del espacio laboral, que ni siquiera posee los requisitos de accesibilidad", indicaron.
