En Colombia y en Perú, las mujeres venezolanas enfrentan múltiples formas de violencia en el espacio público, en sus casas y en el trabajo, según un informe de Amnistía Internacional divulgado este martes. Ambos países son los principales receptores de población refugiada venezolana en la región.
Para la organización, las autoridades colombianas y peruanas “están fallando en garantizar los derechos de las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia y discriminación” y las exhorta a que adopten medidas. “Esto requiere respuestas inmediatas para atacar los estereotipos compuestos arraigados que facilitan y perpetúan la violación de sus derechos humanos”, dice el informe.
Según Amnistía Internacional, Colombia y Perú “son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar, en la práctica, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres refugiadas venezolanas y el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género”.
Los dos países cuentan con marcos normativos para atender y sancionar la violencia basada en género. Sin embargo, estas mujeres no logran acceder a la justicia ni a los servicios de salud, a causa de “los estereotipos relacionados con su género, nacionalidad, e identidad de género”, según indica la ONG.“Las mujeres son reiteradamente objeto de agresiones y violencia sexual en los espacios públicos, tanto en las ciudades de acogida donde viven las mujeres como en la ruta migratoria”, señala el informe.
El estudio explica que muchas mujeres venezolanas se ven obligadas a recurrir al trabajo informal en ventas callejeras “donde quedan expuestas a diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual”, debido a la falta de oportunidades laborales “en condiciones dignas”.
Recomendaciones a los gobiernos
Amnistía Internacional le recomienda a los gobiernos de Perú y Colombia reforzar y ampliar la difusión de información para personas venezolanas sobre el acceso a la protección internacional y otras formas de regularización migratoria.
También sugieren que las instituciones que atienden a sobrevivientes de la violencia de género “cuenten con protocolos sólidos para la atención de los casos”. "Velar para que todas las autoridades, incluyendo aquellas ocupando puestos del más alto nivel, se abstengan de usar lenguaje que estigmatice, violente, desacredite o discrimine a las personas venezolanas”, es otra de las recomendaciones de la ONG.
En cuanto a la cooperación internacional, Amnistía Internacional sostiene que Colombia y Perú deben “financiar adecuadamente la respuesta humanitaria a la salida masiva de personas venezolanas de su país, garantizando la sostenibilidad de las respuestas implementadas para mujeres sobrevivientes de violencia basada en género”.
