El senador colombiano Iván Cepeda aseguró este martes que denunciará al presidente, Iván Duque, por el desvío de fondos del acuerdo de paz firmado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Anuncio que radicaré denuncia penal ante la nueva comisión de acusaciones contra el presidente Duque por este caso de flagrante corrupción y por su encubrimiento del mismo”, escribió Cepeda en su cuenta de Twitter.
Cepeda enfatizó, además, que se trata del escándalo de corrupción más grande del gobierno saliente.
Por su parte, Duque aseguró que no hay evidencias de desvíos de dinero destinado a la implementación del acuerdo de paz, en particular al desarrollo de algunos de los municipios más golpeados por el conflicto armado.
Duque dijo que los abogados designados por el gobierno “han estado respondiendo todas las preguntas de la prensa y en distintos escenarios" sobre este tema y subrayó que los recursos cuestionados, que son del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - Paz (OCAD-Paz) "no es la plata de toda la paz". "Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de que haya pagos de coimas a lo largo de ese proceso, todos los procesos de aprobación han sido públicos, hay recursos, actas e incluso videos”, reafirmó.
El caso
La Procuraduría General de Colombia informó a principios de mes la realización de 24 indagaciones por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de fondos del acuerdo de paz.
En el comunicado detalló que investiga conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían desviado cerca de 250.000 millones de pesos colombianos (más de 57 millones de dólares) del Sistema General de Regalías (SGR) que estaban destinados a proyectos en municipios prioritarios para el posconflicto.
La oficina indicó, además, que analizará 27 proyectos de inversión por más de 437.000 millones de pesos, más de 100 millones de dólares. Se trata de iniciativas aprobadas por el OCAD Paz, un organismo perteneciente al SGR que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados por el SGR que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz.
OCAD Paz también es responsable de "designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría" de los mismos, según figura en su página web.
Además, a partir de hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría informó que avanza en 12 actuaciones disciplinarias por las presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos por parte de funcionarios de varias oficinas, entre ellas el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de Educación y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, así como los gobiernos de Cauca y Caquetá y las alcaldías de las localidades Fonseca y Urumita.
Estas indagaciones se abrieron después de que Blu Radio denunciara, tras una investigación periodística, que funcionarios y congresistas crearon un entramado para quedarse con más del 10% de los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz.
Según la investigación, solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, "las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)".
Entre los señalados por la investigación está el exconsejero del posconflicto, Emilio José Archila, quien presidía el OCAD Paz y, según Blu Radio, recibió denuncias sobre este entramado y las desestimó. En concreto, el medio denunció que los involucrados en el entramado extorsionaban a los municipios más golpeados por el conflicto para obligarlos a pagar coimas a cambio de verse beneficiados por los proyectos financiados por el OCAD Paz.
Archila dijo a Blu Radio que él no tenía cómo dirigir los recursos de la OCAD Paz. “No había ninguna forma de dirigirlos hacia una región u otra por parte mía porque todos venían técnicamente aprobados. La idea de que hubo un departamento al cual, de alguna manera, yo le estuviera dirigiendo más recursos, no es cierta. Nunca tuve la facultad de elegir un proyecto, porque (...) se hacía en estricto orden de llegada y se aprobaban todos los proyectos”, aseguró.
